Distrito reclama soberanía para restringir la minería

Una norma expedida por el Ministerio de Minas causó malestar en el gabinete del alcalde Gustavo Petro.

Una de las canteras del sur de la ciudad. / Archivo
Una de las canteras del sur de la ciudad. / Archivo

Se trata del decreto 0934 del 9 de mayo de 2013, que dicta parámetros para la exclusión y restricción de zonas mineras en el país.

El descontento de la Secretaría de Ambiente se debe a que el decreto establece que los concejos municipales y las asambleas departamentales no pueden fijar zonas excluidas de la minería mediante acuerdos u ordenanzas. Un tema que afecta los planes del Distrito, pues desde agosto de 2012 solicitó al Gobierno no tener en la capital zonas compatibles con la minería.

La determinación, al decir del Distrito, afecta directamente su intención de acabar con la minería en la ciudad. En el proyecto de modificación al Plan de Ordenamiento Territorial, que el Concejo analiza, la administración incluyó normas para prohibir nuevas áreas de extracción y evitar la prórroga de los polígonos vigentes.

Pero mientras el Distrito intenta establecer estas directrices, el decreto del Ministerio señala que los planes de ordenamiento territorial en el país “no podrán incluir disposiciones que impliquen un ordenamiento de la actividad minera en el ámbito de su jurisdicción, salvo previa aprobación de las autoridades nacionales”.

Según expertos en el tema ambiental que han hecho seguimiento a la idea del Distrito de acabar con las zonas mineras, la norma del Ministerio es otra piedra en el zapato para el cumplimiento del plan de acabar con una actividad que ha generado perjuicios ambientales a la capital ,como el deslizamiento ocurrido en el barrio Villa Jackie en 2002.

El ministro de Minas, Federico Renjifo, explicó que la intención de su cartera es que las prohibiciones sobre el tema minero se hagan articuladamente entre los municipios y distritos y las autoridades nacionales, como el Ministerio de Ambiente y las corporaciones autónomas regionales.

Un asesor del Ministerio consultado por este diario indicó que la norma adoptada corresponde a la necesidad de ordenar el tema de las restricciones a la extracción minera, ya que municipios como El Jardín (Antioquia), han presentado acuerdos para prohibirla en sus jurisdicciones cuando la decisión no es de su competencia.

Para abogados expertos en ambiente, como Rodrigo Negrete, el decreto podría, incluso, ser ilegal, pues viola la facultad que la Constitución les da a los municipios para ordenar su territorio. El Ministerio se basa en que “dado el carácter de utilidad pública e interés social de la minería, a través del Ordenamiento Territorial no es posible hacer directa ni indirectamente el Ordenamiento Minero”, y por esta razón los municipios no pueden incorporar restricciones en sus acuerdos.

El Ministerio argumenta, además, que la idea es que cuando los municipios trabajen sus POT lo hagan armónicamente con las entidades nacionales. En este sentido, y de acuerdo con las disposiciones que incluye el actual proyecto de la administración frente a restricciones mineras, no es claro cuál será el futuro de dichos artículos.

Ante este tropiezo, la Secretaría de Ambiente demandará el decreto. La entidad distrital asegura que la “Corte Constitucional, a través de la sentencia C-339/02, expresamente señaló que en el desarrollo de actividades mineras deben respetarse las disposiciones del orden territorial”.

De momento, este debate jurídico se convierte en un choque más entre la Nación y los planes del Distrito, como ocurrió con la idea de la administración de señalar zonas para la construcción de Vivienda de Interés Prioritario en el centro ampliado, el cual se vio truncado por un decreto del Ministerio de Vivienda que bloqueó la construcción de estas unidades en zonas de renovación urbana.