Distrito reconoce abusos en UPJ de Puente Aranda

Noticias destacadas de Bogotá

El subsecretario de Seguridad le respondió a las denuncias de presuntos abusos policiales en la UPJ de Puente Aranda. Señala la falta de inversión en seguridad durante administraciones pasadas como la raíz del problema.

Daniel Mejía, subsecretario de Seguridad, puso el espejo retrovisor para explicar las fallas en la Unidad. “Estas denuncias solo muestran la falta de inversión de seguridad que hubo en Bogotá durante mucho tiempo. La máquina detectora de metales no funciona, el software opera las cámaras de vigilancia que deberían estar instaladas en la UPJ está perdido, nunca lo entregaron o se lo robaron”.

Precisamente, en la carencia de ese apoyo tecnológico se ha justificado la necesidad de hacer requisas a profundidad, que, según el funcionario, evitan el ingreso de armas, droga y alcohol al centro de reclusión transitoria, adonde son llevadas las personas detenidas por alteraciones contra las normas de convivencia, como participar en riñas, hacer escándalo o ingerir licor en vías públicas. “Puede que haya abusos que vamos a solucionar, pero tenemos que tomar medidas de protección para que no terminen personas heridas dentro de la UPJ. Hay unos tratos que son indignos y hay otros procedimientos de rigor”.

Además, la Personería ha puesto en conocimiento que la infraestructura de la UPJ es precaria e insuficiente para la demanda de su servicio. Ante eso, Mejía sostuvo que “lo que estamos haciendo es reparar los temas de corto plazo, que son tuberías de los baños que están yéndose a los pisos de abajo, para luego poder hacer las inversiones tecnológicas y en equipamientos que necesitamos para la UPJ, para que estos casos no se repitan, para que haya condiciones más dignas para las personas que son conducidas a la UPJ”.

Ese centro de reclusión ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses. En diciembre pasado, Paula Torres, una joven transexual, murió en un hospital a donde fue trasladada luego de haber pasado por la UPJ. Hace dos meses, se conoció una denuncia de dos militantes del movimiento político Marcha Patriótica que aseguraron haber sido torturados en la Unidad. Esos casos siguen en investigación, mientras se suma esta nueva denuncia que pone en entredicho el respeto a los derechos humanos en la única UPJ de la ciudad.

 

Comparte en redes: