Distrito se defiende por caso de bombillos led

Susana Muhamad dice que tras investigación de Procuraduría por el negocio de $6 mil millones para la compra de las luces hay un trasfondo político para sacar al alcalde Gustavo Petro.

La secretaria Susana Muhamad en la rueda de prensa que dio ayer ante los medios de comunicación. / Alcaldía

Luego de una semana de polémica por cuenta del contrato para la compra de bombillos led en la ciudad, y la investigación formal que por este tema abrió el procurador Alejandro Ordóñez contra el alcalde Gustavo Petro y el exsecretario de Movilidad Rafael Rodríguez, la administración distrital se defendió. La secretaria general, Susana Muhamad, aclaró que no se ha afectado el patrimonio público, como lo sugiere el ente de control, pues el contrato aún no ha sido ejecutado. Además, dijo que el Distrito tiene dudas sobre las garantías que tendrá en el proceso y si la intención del organismo es una oportunidad para tener una revancha contra el mandatario.

Susana Muhamad asegura estar convencida de llegar al fondo de la historia del negocio para la compra de bombillos led para los semáforos, cuyo valor es de $6 mil millones. Insiste en que el contrato con la Unión Temporal Módulos Leds Bogotá se firmó en diciembre del año pasado, luego de investigar las denuncias de corrupción de las que habría sido víctima el contratista (y que habrían causado la liquidación del acuerdo en febrero de 2013) y de hacer pruebas con la Universidad de los Andes para saber si los módulos sí le sirven a la ciudad.

No obstante, la Procuraduría ha insistido en que aunque los bombillos sí funcionan, no son compatibles con el sistema de la ciudad. En pocas palabras, no les sirven a los semáforos bogotanos. “Las pruebas de los Andes nos dieron bases sólidas para decir que funcionan”, agregó Muhamad.

Por otra parte, la funcionaria asegura que la presunta afectación a la moralidad administrativa, el patrimonio público y la seguridad ciudadana, que argumenta la Procuraduría, no tienen lugar, ya que pese a que se firmó el contrato bajo la figura de “transacción” con la Unión Temporal, éste no ha tenido efectos. La secretaria explica que este fue un documento inicial que debía cumplir varios pasos, como tener el presupuesto aprobado, revocar las decisiones con las que se había sancionado y multado al contratista. “Hoy los 25.000 módulos están en una bodega, no se han recibido a satisfacción por parte de la Secretaría y los procesos de multa por el incumplimiento están vigentes”.

De hecho, la demanda de acción popular contra el alcalde Petro y el exsecretario Rodríguez, presentada por la procuradora judicial, y de la cual parte la investigación de Ordóñez, fue rechazada por la jueza Luz Marina Lesmes Piñeros el pasado 24 de junio. En su decisión, la jurista determinó que la procuradora calificó de “ilegal” el contrato con “consideraciones subjetivas, que no tienen la entidad suficiente que lleve a concluir que existe un peligro real de producción del perjuicio irremediable que invoca”. La jueza también considera que los acuerdos pactados entre la Unión Temporal y la Secretaría de Movilidad están suspendidos, pues hasta el momento no se le ha entregado dinero ni se ha instalado ninguna bombilla.

 

[email protected]

@VeronicaTellez 

Temas relacionados