Dos miradas a la privatización de empresas en Bogotá

El alcalde Enrique Peñalosa invitó a reflexionar sobre las implicaciones, que él considera positivas, de vender la participación de la Alcaldía en la ETB. El Espectador presenta los argumentos a favor y en contra que dan dos profesores que conocen el Distrito.

¿Regulación o estatización?
 
La disyuntiva no es privatizar o estatizar, sino regular o estatizar. Desde el punto de vista del interés público deberían primar las modalidades de regulación sobre la forma de propiedad. La regulación obliga a los privados a que actúen en función del interés público. El gran reto de los estados modernos es encontrar los mecanismos más adecuados de regulación. Esta ha sido una de las grandes preocupaciones de Tirole, premio nobel de Economía en el 2014. A medida que las tecnologías se van haciendo más complejas, las prioridades de los gobiernos deben dirigirse hacia la regulación.
 
La privatización, por sí misma, no garantiza que la empresa se preocupe por el interés colectivo. Stiglitz critica las privatizaciones que siguieron al Consenso de Washington porque se le dio mayor relevancia a la privatización que a la competencia. El afán privatizador, dice Stiglitz, llevó a olvidar que “…la captura de rentas ocurre tanto en las empresas públicas como en las privadas”. De aquí se desprende una lección básica: para lograr la eficiencia es más importante la competencia que la propiedad.
 
China prefirió la competencia entre empresas estatales que la privatización. Rusia, en cambio, optó por la privatización sin crear las condiciones necesarias para la competencia. El fracaso del sistema de salud y seguridad social en Colombia está íntimamente ligado a la falta de regulación. La ley 100 de 1993 suponía que habría competencia entre entidades privadas, siempre y cuando la regulación y el control fueran adecuados.
 
En los ochenta y noventa la opción por la privatización estuvo muy marcada por la crisis de la deuda. Los argumentos que se tuvieron en aquel momento para privatizar fueron, sobre todo, de naturaleza fiscal.
 
La Empresa de Energía de Bogotá (EEB) tenía una enorme deuda (1.750 millones de dólares en 1996), en gran parte ocasionada por la construcción de El Guavio. En 1997 se tomó la decisión de capitalizarla. Y, entonces, la EEB se quedó con el negocio de la transmisión y participa con un 51,5 % en la generación a través de Emgesa y con un 51,5 % en la distribución y comercialización de Codensa. Los resultados de esta organización administrativa han sido exitosos. La empresa mejoró de manera sustantiva la gestión, sus finanzas y los aportes que le hace al Distrito.
 
En este momento no tendría sentido vender la participación que tiene la ciudad, por tres razones: el grupo empresarial es eficiente, contribuye al desarrollo de los proyectos de la Alcaldía, el sector es neurálgico desde el punto de vista ambiental y social. En el futuro sería conveniente que el Distrito tuviera mayor injerencia en las implicaciones ambientales de las decisiones que se toman, especialmente en la generación.
 
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) también es mixta. La propiedad del Distrito es de 88,4 % y la de los privados, de 11,6 %. Aunque la situación financiera de la empresa mejoró durante la última administración, las alianzas estratégicas con el sector privado son necesarias para que pueda responder a los cambios tecnológicos. Estos acuerdos se deben realizar de tal manera que el control siga en manos del Distrito.
 
La Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB) es completamente pública. No se debe privatizar por dos razones. Primero, porque el manejo del agua, de las cuencas y de los páramos exige una visión de muy largo plazo que no cabe en la lógica de ningún negocio privado. Segundo, porque el servicio de agua, más que la energía y las telecomunicaciones, se le debe garantizar a toda la población, independientemente de su capacidad de pago.
 
La prioridad de las administraciones públicas no debería ser la estatización por sí misma. Es más importante el diseño de mecanismos que permitan regular y controlar a los privados, de tal forma que la sociedad participe de los excedentes y disfrute de los beneficios de servicios domiciliarios de alta calidad.
 
Jorge Iván González*
*Profesor de la Universidad Nacional. Exasesor de Gustavo Petro. 
 
Quien no conoce la historia...
 
Ha sido muy oportuna la reapertura del debate sobre el futuro y la propiedad de las empresas de servicios públicos propuesta por el alcalde Enrique Peñalosa.
 
Lo es porque durante los últimos quince años el Distrito ha acumulado una creciente cantidad de preocupantes problemas que parecen arrumarse, día por día, sin posibilidades de soluciones ante la estrechez actual de sus recursos. Con la elección de Peñalosa crece la esperanza ciudadana de encontrar la ruta de progreso que todos queremos para la ciudad. ¿Cómo aprovechar, entonces, las ideas y determinación de un alcalde preparado y visionario, si ellas riñen con recursos limitados? ¿Cómo hacerlo sin exprimir los bolsillos de los contribuyentes? En la enajenación de algunas empresas de servicios estaría la respuesta.
 
Recordemos que el tema no es nuevo. En efecto, desde las épocas de la primera administración del profesor Mockus, y posteriormente con la llegada de Peñalosa, el Concejo transitó con éxito por esta vía después de arduos debates y profundas discusiones. Se autorizaron dos soluciones: la venta del 49 % de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) y, posteriormente, la de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB).
 
La bondad de la primera decisión es incuestionable y aún nos rinde beneficios. Al vender la mitad de la EEB se evitó el malgasto de gigantescos recursos necesarios para sacarla de la quiebra. Además, se lograron importantes mejoras en el servicio y todavía hoy se siguen recibiendo importantísimos recursos por la vía del reparto de utilidades, con los que ha sido posible ejecutar inaplazables obras sociales y de infraestructura.
 
En cambio, desafortunadamente y por distintas circunstancias, no fue posible concretar la venta de la ETB. Cabe recordar que, de haberse hecho, Bogotá tendría ya un metro semejante al que ahora se discute, y habría conservado el servicio telefónico que tiene. Hoy es posible retomar esta posibilidad, adecuándola a lo hecho en su momento con la EEB.
 
Pero con la llegada de los alcaldes populistas se congeló este tipo de soluciones. También llegaron inútiles incrementos en burocracia improductiva. La discusión sobre estos temas fue distorsionada con falsas premisas. Se satanizó la posible venta de estas empresas afirmando que viviríamos también un deterioro en la calidad de los servicios públicos y quedaríamos en manos del llamado capitalismo salvaje, que abusaría sin remedio de los usuarios por la vía de la tiranía en las tarifas. Argumentos todos alejados de la realidad.
 
En la legislación colombiana el monto de las tarifas no lo determinan unilateralmente los directivos de las empresas prestadoras, ya que el Estado ejerce control sobre las mismas por la vía de las comisiones reguladoras. Lo más importante es, tal vez, que de aplicarse el modelo, para fidelizar el servicio y evitar la cartera morosa las empresas prestadoras de servicios públicos deberán invertir en tecnología de punta ofreciendo altos estándares de calidad.
 
Por el contario, dejar en manos del alcalde de turno la suerte de nuestras empresas de servicios es exponerlas al vaivén de sus veleidades o, en el peor de los casos, a sus sesgos ideológicos. Es lo que acabamos de comprobar con el manejo dado por el alcalde Petro a la Empresa de Acueducto de Bogotá, a la que peligrosamente involucró en el negocio de las basuras, para lo que no estaba hecha ni preparada.
 
Reviviendo el tema podremos encontrar recursos y soluciones para los diferentes problemas acumulados. Acompañemos el debate con mente abierta.
 
Francisco Noguera Rocha*
*Profesor U. Sergio Arboleda, consultor empresarial y exconcejal de Bogotá.