Dudas del Procurador Ordóñez frente al esquema de aseo

A través de un oficio al alcalde Enrique Peñalosa, el jefe del Ministerio Público expuso una serie de preguntas y cuestionó la demora en el desmonte del esquema que impuso Gustavo Petro en 2012.

Gustavo Torrijos
Gustavo Torrijos

Justo después de que la Administración dio a conocer el plan para poner en marcha un nuevo esquema de aseo en Bogotá, la Procuraduría le envió un oficio al alcalde Enrique Peñalosa en el que cuestiona los retrasos para tomar decisiones y, de paso, pide información sobre el cumplimiento de varias órdenes que impartió la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y para las cuales dio un plazo de seis meses. Pese a esto, vale recordar que el Distrito pidió un plazo para cumplir con las órdenes, debido a su complejidad.

El procurador Alejandro Ordóñez, de entrada pidió información sobre el proceso de desmonte del anterior esquema de aseo, ordenado por la SIC, para que entre de nuevo el esquema de libre competencia o un régimen de competencia con áreas de servicio exclusivo. Para el jefe del Ministerio Público, es incomprensible que a pesar de las reuniones de empalme que se hicieron en diciembre, entre la pasada y la actual administración, “se persista en actividades que han sido cuestionadas durante más de 48 meses”.

Entre las preocupaciones de la Procuraduría está la falta de actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), ya que se les sigue pagando a los recicladores de manera individual, sin tener en cuenta las observaciones del Ministerio de Vivienda el pasado 20 de abril frente a la exclusividad de la actividad del aprovechamiento a la población recicladora.

Además, insiste en la incertidumbre frente al futuro de los contratos que firmó la UAESP con los operadores (recolectores de basura) ya que “si se tiene en cuenta que algunos plantean como condición para su terminación la adjudicación de la licitación para contratos de concesión, sin desatender la remuneración fija establecida en los mismos”.

Finalmente pregunta: ¿qué pasará con el esquema, si al igual que los contratos está supeditado a la adjudicación de los contratos de concesión?, ¿cómo se garantizará el acceso al relleno si es necesario un contrato de acceso al relleno con el operador? y, si sólo podrán firmar convenios de facturación conjunta las empresas que hayan suscrito contratos para la prestación del servicio público de aseo con el Distrito Capital.

El plan del Distrito

Frente a todas las dudas, de cierta manera, el Distrito había adelantado sus respuestas hace una semana cuando anunció la puesta en marcha del proceso para cambiar el esquema de aseo en Bogotá, lo que implica el desmonte gradual del modelo que implantó el exalcalde Gustavo Petro en diciembre de 2012 y que era transitorio. El proceso, tal como está previsto por la UAESP, se inició con la presentación del nuevo esquema ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), para su análisis.

Una vez la CRA emita un concepto, en septiembre próximo –según los tiempos de la Alcaldía– se abriría la licitación (a la que pueden presentarse empresas tanto públicas como privadas) para adjudicar el servicio de recolección de basuras. Surtida la licitación, que ascenderá a los $5 billones, se adjudicarían los contratos en diciembre y en firme, el nuevo esquema comenzaría a regir en febrero de 2017.

Una de las novedades del nuevo modelo es la división de la ciudad en cinco zonas o Áreas de Servicio Exclusivo, donde entrarían a operar los nuevos operadores. Precisamente, la localidad de Sumapaz sería una de estas zonas, que por primera vez contaría con un esquema de recolección de basuras.

Con el nuevo modelo, la Administración Distrital, en cabeza de la UAESP, podrá exigirles a los prestadores del servicio otras obligaciones como limpieza y pintura de postes, paredes, puentes y estructuras, entre otros, para garantizar el embellecimiento de la ciudad. El esquema con el funcionan las recicladores también cambiará, puesto que ya no será el Distrito el encargado de pagarles por el servicio, sino que serán los usuarios –vía factura y por medio de los operadores– quienes cancelarán por su oficio.

“El nuevo esquema trabajará para los recicladores y está diseñado para garantizar la permanencia, la formalización y el crecimiento de las organizaciones de recicladores de la ciudad”, explicó Beatriz Elena Cárdenas, directora de la UAESP, indicando que el nuevo modelo exige a los operadores que garanticen a los recicladores de oficio el acceso cierto y seguro del material aprovechable y a la vez, generará las condiciones para lograr el emprendimiento y mejora en la calidad de vida de los mismos.

Con este modelo, según argumentó la Administración Distrital, se quiere lograr una prestación del servicio “adecuado a los estándares internacionales; modernizar el mobiliario urbano de aseo; fortalecer la cultura ciudadana implementando el reciclaje y aprovechamiento sostenible y generar estrategias para que sectores de la industria y otros actores de la cadena, utilicen materiales aprovechables en sus procesos”, concluyó Cárdenas.