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La escena es cada vez más común: esperar un ascensor, notar que está en mantenimiento y tener que subir o bajar las escaleras. En Bogotá, apenas dos de cada diez ascensores cumplen con los requisitos mínimos de seguridad para operar. Sólo entre enero de 2016 y diciembre del año pasado se registraron 837 emergencias en estos aparatos, es decir, al menos una al día, la mayoría relacionadas con fallas en el fluido eléctrico.
Buscando evitar una tragedia, los controles a su funcionamiento son cada vez más rigurosos. Sólo en 2017, el Distrito efectuó 2.378 visitas a estas estructuras. Las inspecciones se concentran en cuatro zonas de la ciudad: Chapinero, Usaquén, Suba y Barrios Unidos. En ellas está el mayor número de ascensores de la capital. (LEA: Alerta por estado de los ascensores de Bogotá)
Ante este panorama surgen varios interrogantes: ¿quién es el responsable de velar por su buen funcionamiento, quién contrata la inspección y quién la certifica?
La necesidad de revisar los ascensores, y otros medios como escaleras eléctricas y andenes móviles, nació en 2011, cuando el Distrito, a través del decreto 663, obligó a todos los administradores de edificios, oficinas y centros comerciales a que realicen una revisión anual de sus máquinas. Un año después, el Icontec expidió la norma NTC 5926-1, que contiene 175 condiciones que deben cumplir estos aparatos, las cuales deben contar con el visto bueno de alguna de las 13 empresas de certificación que hay en la ciudad y que son vigiladas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).
En 2014, el Distrito emitió la resolución 092, que contiene los lineamientos técnicos para la revisión de las máquinas y deja claro que los únicos responsables de contratar la inspección son los administradores de la propiedad, mientras que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) debe vigilar que los documentos que avalan la óptima operación de los aparatos estén al día. (ARCHIVO: Bogotá ya cuenta con normatividad sobre ascensores y escaleras eléctricas)
Por ello, no es extraño que la administración de un edificio pida una cuota extraordinaria para hacer reparaciones al ascensor, las cuales pueden tener un costo de entre $250.000 y $800.000.
Los defectos que impiden el correcto funcionamiento de un elevador reciben del inspector tres posibles calificaciones: leve, grave o muy grave. La primera hace referencia a fallas menores que no afecten el funcionamiento ni la seguridad. Por ejemplo, baja iluminación. Los defectos graves son los que pueden interferir directamente en la operación del aparato, sin incidir en la tranquilidad de las personas. Los muy graves son aquellos que requieren de una intervención inmediata. Por ejemplo, que el regulador de velocidad o los frenos no funcionen, e incluso, que alguna puerta no cierre.
Eve Polanco, gerente de Oitec, uno de los 13 organismos privados que se encargan de inspeccionar y verificar el estado de los ascensores, sostiene que las revisiones se hacen “a las puertas, al pozo, al cuarto de máquinas, a la botonera, las luces, el citófono… todo lo que implica que una persona pueda ir segura y que, si el artefacto se llega a detener, pueda pedir auxilio inmediatamente y que haya una cámara que evidencie que está en aprietos. En Bogotá, muchos ascensores ni tenían citófono”.
Añade que, si bien un ascensor se puede varar en cualquier momento, la normatividad busca asegurar que nunca se vaya a descolgar y caiga al vacío. Es decir, que provoque una tragedia.
¿Qué pasa cuando hay irregularidades? Marco Tulio Tautiba, director técnico de Engygas, otra empresa avalada por ONAC, explica que “hay un tiempo prudencial para corregir los defectos operacionales”. Eso sí, advierte, cualquier falla que incida directamente en la seguridad del usuario y del equipo es de arreglo inmediato. “No obstante, ningún organismo de inspección tiene la potestad para dejar el ascensor fuera de servicio. Nosotros informamos al Idiger, que es el único que puede tomar esa decisión”. Es decir, la misión de los inspectores termina cuando hacen las pruebas, dan la calificación y deciden si certifican o no el aparato.
Alexánder Casas Moreno, director administrativo y comercial de Omni Services, otra de las empresas inspectoras, asegura por su parte que nunca obligan a cambiar todo el ascensor, sino a revisar qué ítems de la norma se incumplen, para así dejar la posible solución en consideración de los encargados del mantenimiento. “No podemos, ni debemos, dar solución a los hallazgos, porque las alternativas de solución son múltiples”.
Si no se identifican deficiencias o si se corrigen a tiempo, la empresa certifica el ascensor con un documento que debe ser público y permanecer visible.
“No basta con la revisión. Hay que exponer en el mismo ascensor, o en algún lugar del edificio, el certificado”, manifiesta Richard Vargas, director del Idiger.
Con todo, aún hay pendientes por cumplir. Según el director técnico de Engygas, “aunque la norma rige desde 2012, no ha habido una verdadera preocupación de hacerla cumplir a cabalidad. Hasta ahora se están poniendo las pilas de que debe ser así”. Otro aspecto que está en veremos es el censo de estos equipos. No existe y es incierto el número de ascensores que hay en la ciudad, aunque se calcula que podrían ser más de 20.000. ¿Cuántos de ellos están sin verificar?
También hay que aumentar la cantidad de empresas acreditadas por la ONAC. “Los organismos de inspección no existíamos en el momento en que se promulgó la norma. Falta socialización y pedagogía, y eso toma su tiempo”, agrega el director de Omni Services.
Es urgente, además, que tanto los administradores de los ascensores como las entidades que verifican la documentación aceleren los procesos de certificación y caracterización de estos sistemas de transporte, dado que no sólo son normas establecidas, sino que hacen parte vital de la seguridad en Bogotá.
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