El año pasado, el Esmad condujo a 11.903 personas al Centro de Traslado por Protección

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Las cifras fueron presentadas por la ONG Temblores en la mañana de este lunes 10 de febrero durante el debate de control político que se realizó en el Concejo de Bogotá, sobre los abusos de autoridad del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), durante las movilizaciones en la capital.

Entre el 21 de noviembre y el 22 de diciembre de 2019, días en los que se desarrollaron varias jornadas de protesta social en Bogotá, 11.903 personas fueron conducidas al Centro de Traslado por Protección (CTP), según informó la Policía Metropolitana de Bogotá a la ONG Temblores, que realizó una investigación en la que evidenció que, en los últimos 20 años, en Bogotá se registraron 7 de las al menos 34 muertes por proyectiles lanzados por este cuerpo civil de policía. 

Las cifras fueron presentadas por la organización en la mañana de este lunes 10 de febrero durante el debate de control político que se realizó en el Concejo de Bogotá sobre los abusos de autoridad del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), durante las movilizaciones en la capital.

“Es inconstitucional porque el CTP no puede ser utilizado con fines de política criminal y lo que estamos demostrando en un informe que estamos construyendo es que la Policía está utilizando el artículo 155 como un mecanismo de persuasión y criminalización de la protesta social”, señaló la ONG.

— Temblores ONG (@TembloresOng) January 9, 2020 Y es que, según las cifras, el 99.5% (11.843) de las personas fueron conducidas por el artículo 155 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que señala que el traslado por protección se hará: “cuando la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro. Cuando la persona deambule en estado de indefensión o de grave alteración del estado de conciencia por aspectos de orden mental. Cuando esté involucrado en riña o presente comportamientos agresivos o temerarios”.

En el resto de los casos, 16 fueron por el artículo 140 (comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público) y 12 por el artículo 35 (comportamientos que afectan la relación entre las personas y las autoridades).

El informe de las autoridades también señala que hubo 10.580 hombres conducidos al CTP, 434 mujeres, 877 extranjeros y 12 personas de la comunidad LGBTI.

En el debate que se llevó a cabo este lunes en el Concejo de Bogotá en Plenaria, los cabildantes citantes dividieron opiniones, algunos aseguraron que se debe reivindicar el derecho a la movilización social, expusieron distintos casos de personas que fallecieron en medio de estas actividades y pidieron el desmonte del Esmad. Por otra parte, otros citantes afirmaron que el Esmad es necesario, sin embargo, aseguraron que debe ser regulado y se debe proteger a los ciudadanos en todo momento.

Para el concejal Carlos Carrillo (Polo Democrático Alternativo), el Esmad no es una fuerza disuasiva sino de choque, que se creó en el marco de la agudización del conflicto armado colombiano bajo una doctrina de guerra. Por ello, para el cabildante, este grupo antidisturbios no responde a la nueva era de posconflicto y que afronta el país y la ciudad. De esta forma, Carrillo le hizo un llamado a la alcaldesa López para que se sume al clamor ciudadano que pide el desmonte del Esmad.

"En cuanto a gastos, el Concejal sostiene que durante el periodo comprendido entre 2016 a 2018 se destinaron más de 20 mil millones de pesos para adquirir elementos con destino al componente “Antimotín” del Escuadrón, lo que se equipara al presupuesto anual de la Veeduría Distrital", agregó el cabildante del Polo.

En ese mismo sentido intervino Diego Cancino, de la Alianza Verde, quien afirmó que “la actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios constituye tratos crueles e inhumanos que ameritan seguimiento e intervención internacional. ¿Estamos ante una práctica sistemática de represión de la protesta social, exceso en el uso de la fuerza y uso indebido del proceso de traslado por protección que derivaron en detenciones arbitrarias e ilegales que a su vez allanaron el terreno para que se aplicaran torturas en contra de las personas detenidas y tentativa de desaparición forzada?”

Agregó que estos uniformados obligaron a la gente, sobre todo a jóvenes, a subirse a camiones, ejercieron tortura y violencia verbal, y física durante los recorridos, acudieron a la tortura psicológica en repetidas ocasiones y retuvieron a la gente más de 10 horas, cuando la norma dice que no se pueden exceder las seis horas.

“Los traslados por protección a los Centros de Protección Transitoria y a los Centros de Atención Inmediata, son la última opción, la obligación es trasladar a las personas a su casa, a la de un pariente o a un centro de salud. La transgresión de la norma se explica claramente en que, de las 872 detenciones (entre 21N y 19D), sólo 25 casos terminaron judicializados. ¿Será que saltarse la norma y los procedimientos implica que estamos ante detenciones arbitrarias e ilegales?”

Por otro lado, la concejal María Clara Name, también del Partido Verde, defendió el papel del Escuadrón Móvil Antidisturbios como herramienta para garantizar la seguridad, e insistió en que la discusión actual no debe estar centrada en si este debe acabarse o no, sino en resolver la deuda social que se tiene con el país.

“Ellos y ellas son necesarios en estas grandes aglomeraciones para mantener la tranquilidad y la seguridad para la mayoría de los civiles. Más aún, teniendo en cuenta el déficit de fuerza pública que tiene el país. En Bogotá, por ejemplo, hay 234 policías por cada 100 mil ciudadanos, es decir 1 por cada 427, mientras que la Organización de Naciones Unidas recomienda que por cada 100 mil civiles se deberían tener 300”, afirmó la cabildante quien propuso que se establezca una mesa de seguimiento a las acciones del Esmad, un informe periódico y constante, y que se reafirme la prohibición de dispersar manifestaciones pacíficas.

Asimismo, la concejal Lucía Bastidas habló en nombre de los Policía de Bogotá argumentando que ellos también existen en las manifestaciones, son personas de carne y hueso, y han resultado afectadas en las marchas. “Entre noviembre y diciembre de 2019 fueron casi 400 heridos”, afirmó.

“Yo defiendo al Esmad porque se requiere para defender los derechos de todos los ciudadanos, porque no se puede hablar solo de los derechos de los manifestantes. Se nos olvida que el interés general prima sobre el particular. O qué me dicen del derecho vulnerado de 2 millones y medio de personas que se movilizan en TransMilenio o de 1 millón 600 mil que lo hacen en los buses del SITP. Esos derechos también cuentan y se afectan cuando los vándalos bloquen su paso o rompen los buses”, indicó Bastidas.

Por último, aclaró que no está en contra de las protestas, pero estas no pueden generar daños como los causados a TransMilenio o al patrimonio de la ciudad. “Protestas sí, pero no así. Con la violencia no podemos conciliar porque el pasado tres de febrero un gestor de convivencia resultó herido con químicos corrosivos en la Universidad Nacional. Así no se puede aceptar la protesta”, concluyó.

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