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Desde que Beatriz Elena Cárdenas asumió como directora de la Uaesp ha capoteado una serie de denuncias por presuntas irregularidades en la entidad, así como conflictos relacionados con el aseo en la ciudad. No obstante, es la actual crisis de las basuras la que la deja temporalmente fuera del cargo: la Personería la suspendió por tres meses, mientras avanza en la investigación disciplinaria alrededor de la puesta en marcha del nuevo esquema de recolección de desechos.
Una de las primeras polémicas que enfrentó la funcionaria fue por la contratación de tres asesores, a quienes les encomendó la estructuración del actual esquema de aseo. El reproche era que ella les había entregado millonarios contratos a personas con quienes trabajó y quienes ya habían intentado sin éxito poner en marcha en Cartagena un modelo similar al que hoy funciona en Bogotá.
Fueron dos contratos por $1.008 millones con la firma consultora Econ, para diseñar el nuevo esquema de recolección de basuras. A simple vista, un contrato necesario, pero con una particularidad: el representante legal de la sociedad, Julio César del Valle, fue su jefe en la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento (CRA) entre 2007 y 2011.
Del Valle fue director ejecutivo y comisionado experto. Cárdenas, por su parte, fue directora de la Oficina Asesora Jurídica. Cinco años después volvieron a trabajar juntos (ella como jefe y él como contratista) para definir el nuevo esquema de recolección de basuras de Bogotá.
Por el otro lado, se encuentra la firma Coral Delgado & Asociados, que recibió $360 millones por la asesoría y cuyo representante legal es Alfredo Coral Triviño, compañero de vieja data tanto de Cárdenas como de Del Valle y quien además habría trabajado de cerca en el proyecto de Áreas de Servicio Exclusivo de Aseo que se presentó en Cartagena y que no fue aprobado.
Por estas relaciones se abrió la polémica. A 10 meses de haber llegado al cargo, Cárdenas había gastado alrededor de $3.283 millones en 17 contratos para asesorías técnicas y jurídicas sin aparente justificación. Las fuertes críticas suscitaron denuncias contra la directora ante la Procuraduría y la Fiscalía, exigiendo claridad en el manejo de los recursos, al considerar que tenía una nómina paralela.
Asimismo, en el Congreso, diferentes bancadas como el Centro Democrático y la Alianza Verde solicitaron a Cárdenas justificar dichas acciones. Para ese momento la funcionaria aseguró a este medio que las asesorías eran fundamentales para la organización del nuevo esquema, por lo que para ella fue necesario contratar a personas externas, ya que “el personal que está contratado en la Uaesp no tenía la experticia necesaria”.
El tema continuó y en mayo de 2017 la Personería decidió abrir una indagación, porque la Uaesp habría “desconocido las más elementales normas y principios rectores de la contratación estatal” al no tener claridad en los criterios de remuneración a los profesionales que participaron en los millonarios estudios, ni una planeación o estudio previo para contratar dichas asesorías.
Y mientras se defendía de estos reproches, Cárdenas se vio enfrentada a otra compleja situación el año pasado: la crisis en el relleno Doña Juana, por la nube de moscas que invadieron los barrios aledaños, producto de la mala disposición de basuras. Aunque esto era responsabilidad del operador del relleno, la Personería consideró necesario abrir una investigación contra la Uaesp y sus directivos, al considerar que desconocieron las advertencias que se habían hecho previamente.
Ahora Cárdenas de nuevo está en la lupa del ente de control disciplinario. Esta vez por el cambio del esquema de aseo y la actual crisis de las basuras. El proceso, que comenzó con la licitación el año pasado, estuvo marcado por una serie de advertencias hechas por la Procuraduría, la Personería y la Superintendencia de Servicios Públicos. Al considerar que la funcionaria no las atendió a cabalidad, se tomó la decisión de abrirle una nueva investigación y, de paso, suspenderla por tres meses mientras avanza el proceso.
Según la Personería, la medida fue necesaria, al considerar que la directora de la Uaesp faltó a la verdad al afirmar que los nuevos operadores de las ASE contaban con todos los vehículos y condiciones para recoger las basuras. Además, porque el plan de contingencia que le presentaron a la Procuraduría no se cumplió como estaba planeado.
Tras la suspensión de la funcionaria, el procurador general, Fernando Carrillo, manifestó la imperiosa necesidad de encontrar rápidamente una solución a la emergencia que vive la ciudad desde hace 20 días.
A pesar de la decisión de separarla del cargo, esto no quiere decir que la directora de la Uaesp sea responsable. Incluso, vale indicar que a la fecha no existe ninguna sanción en contra de la funcionaria. Eso sí, como lo señaló el procurador, se avanzará rápidamente en este nuevo proceso para tomar lo antes posible una decisión.