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Lo que sólo era una infracción al Código de Policía terminó siendo un episodio de secuestro y tortura. Los hechos se remontan a la tarde del pasado 17 de enero, cuando dos ciudadanos afrodescendientes que caminaban frente a un parqueadero de la carrera 15 con calle 66, en el barrio Rafael Uribe (en la localidad de Barrios Unidos), se detuvieron un momento mientras uno de ellos orinaba en vía pública. De un momento a otro, salió de un establecimiento del sector una pareja que los increpó y se vieron inmersos en una discusión que pasó a mayores.
Ante una agresión que parecía inminente, los intimidados ciudadanos llamaron a dos de sus familiares que se encontraban en el sector. En ese instante, se trenzaron en una riña. Una de las protagonistas fue una mujer que sería la propietaria de un parqueadero y de un establecimiento nocturno de la zona. Según la Fiscalía, la riña se detuvo una vez llegó una patrulla de Policía y detuvo a los parientes de los afros, una mujer y un hombre, que acababan de llegar.
Sin embargo, según la denuncia ante la Fiscalía, los uniformados los subieron a un vehículo de la Policía y los llevaron a distintos puntos de la ciudad durante varias horas, sin ponerlos a disposición de las autoridades judiciales o llevados a un Centro de Traslado por Protección. Cuando culminaron el recorrido por la ciudad, los patrulleros volvieron al sitio de la riña y supuestamente dejaron a los detenidos en manos de la propietaria del parqueadero y de otro sujeto. A partir de ese momento, relatan, fueron sometidos a una serie de castigos físicos, por los cuales interpusieron una denuncia por secuestro, hurto y soborno.
Eran más de las 10:00 p.m. de ese día cuando presuntamente los llevaron a un lugar oscuro, les dieron patadas y los golpearon con palos en todo el cuerpo. A la mujer, que usaba un corte de pelo estilo afro, la trasquilaron y la siguieron agrediendo. En medio de los tratos crueles, les habrían echado agua y luego presuntamente les dieron choques eléctricos.
La Fiscalía indicó en audiencia pública que los tres patrulleros involucrados en este caso no sólo presenciaron los actos crueles, sino que despojaron a las víctimas de sus teléfonos celulares, dinero y documentos de identidad, los cuales habrían entregado a los responsables de las agresiones. Además, de acuerdo con la investigación, los uniformados habrían recibido dinero de los presuntos agresores.
Una vez culminaron los tratos crueles, las víctimas quedaron en libertad, no sin antes recibir amenazas de muerte en caso de que denunciaran, según añadió el fiscal del caso. Tres días después de los hechos, los uniformados se pusieran en contacto con la mujer y el hombre para hacerles llegar sus teléfonos celulares, así como un millón y medio de pesos para que no acudieran a las autoridades.
Sin embargo, los dos ciudadanos tomaron la decisión de denunciar y, por la gravedad de la denuncia, un juez les concedió medidas de protección el pasado 25 de enero. Posteriormente, el 7 de febrero, las autoridades capturaron a los dos civiles y a los tres uniformados como presuntos responsables de los delitos de tortura, cohecho, secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado.
Luego de audiencias realizadas en la Unidad de Reacción Inmediata de Engativá, los detenidos no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía. Ayer, luego de que un juez les impusiera medida de aseguramiento, la defensa de los procesados presentó recurso de apelación.
Por fuera de la institución
La Policía rechazó las conductas por las cuales están siendo investigados los tres uniformados e informó que los patrulleros fueron separados de la institución de manera inmediata por estos hechos. La institución recalcó que son “comportamientos aislados” que afectan el quehacer de la Policía.
“Estamos trabajando en una política de transparencia policial, compuesta por dos frentes, con dos objetivos. Buscamos afianzar la confianza institucional y como gran objetivo estamos fortaleciendo en la Metropolitana de Bogotá una política preventiva para evitar que ocurran hechos como estos”, señaló.
Entre las mejoras que destaca la institución se resalta la capacidad de inteligencia, de policía judicial, en lo que respecta a las líneas de investigación. Finalmente reiteró que los procesos disciplinarios internos contra los miembros de la institución se desarrollan en un término máximo de 90 días, tiempo en el cual se emite un fallo “con todas las garantías procesales”.