El caso Santoyo le serviría a Petro

Fallo del Consejo de Estado de 2006, firmado por Alejandro Ordóñez, da luces sobre suspensiones provisionales. En ese momento dejó sin efectos la destitución del extraditado general Mauricio Santoyo.

En unas semanas se conocerá decisión sobre las medidas cautelares que pidió Petro al Consejo de Estado. /Archivo

En un mundo de códigos y leyes, todo se presta para las paradojas judiciales, como la que se puede presentar en la demanda de nulidad y la solicitud de medidas cautelares que hizo el exalcalde Gustavo Petro contra la destitución que le impuso la Procuraduría. La razón: en una decisión de 2006, firmada por Alejandro Ordóñez cuando fue consejero de Estado, existen argumentos que le permitirían al exalcalde volver al cargo.

Ayer, el Consejo de Estado anunció la admisión de la demanda de nulidad y que en las próximas semanas discutirá la solicitud de suspender provisionalmente la sanción de la Procuraduría, como medida cautelar. En la decisión, mediante ponencia del magistrado Gerardo Arenas, se señala que ya le remitieron a la Procuraduría la solicitud de medidas cautelares, para que argumente sobre su conveniencia o no de las mismas. La entidad disciplinaria tiene cinco días para pronunciarse. Después, los magistrados decidirán si las otorgan o no.

Aunque son escenarios diferentes, el efecto es el mismo. Un situación similar se dio con el hoy extraditado general de la Policía Mauricio Santoyo, quien fue destituido en 2004 por la Procuraduría. El alto oficial presentó demanda de nulidad y pidió la suspensión provisional del fallo. El caso llegó a la Sección Segunda (a la que pertenecía el hoy procurador Alejandro Ordóñez), la cual accedió a suspender la sanción.

En la decisión, los magistrados argumentaron al final que “la institución de la suspensión provisional de un acto administrativo en los procesos de nulidad, como medida preventiva, fuera de buscar la salvaguarda previa de derechos fundamentales por su violación y por el quebrantamiento de normas, también evita en lo posible perjuicios al servidor público y a la vez, indirectamente, mayores consecuencias económicas desfavorables a la entidad demandada”.

En el caso Petro está el antecedente del 19 de marzo, cuando la CIDH otorgó medidas cautelares y le solicitó al presidente Juan Manuel Santos suspender la sanción de la Procuraduría, al considerar que, a primera vista, el caso reunía los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad de los derechos políticos del exalcalde. A esto se suma el reciente pronunciamiento del presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas, quien el pasado miércoles indicó que las medidas cautelares de la CIDH “sí son vinculantes y debían acatarse”.

De acuerdo con el exconsejero de Estado Ricardo Hoyos Duque, los magistrados tomarán la decisión frente a las medidas cautelares después de que la Procuraduría exprese su opinión. En caso de negarlas, todo quedaría como está. En caso contrario, Petro regresaría al cargo. Ante este panorama, al Ministerio Público le quedaría el recurso de súplica, para que los compañeros de sala del magistrado Arenas revisen la decisión. “Si la súplica prospera, de nuevo Petro tendría que dejar el cargo, escenario que sería una locura para la ciudad”.

El exconsejero dijo que es difícil opinar sobre lo que puede ocurrir en las próximas semanas. Sin embargo, señala que hoy hay una regulación que es más favorable frente a las medidas cautelares. Por ahora, la última opción de Petro está en manos del Consejo de Estado. Al menos, en dos semanas se sabrá si regresa o definitivamente se queda por fuera del cargo.