El centro de reclusión que no quiere Puente Aranda

Ante las protestas de la comunidad de Puente Aranda, el Distrito asegura que buscará acuerdos para avanzar.

Foto: William Niampira

Los problemas de hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y en las estaciones de Policía de la capital han obligado a la administración distrital a tomar acciones para solucionar la situación. La construcción y adecuación de nuevos centros de detención han sido unas de las estrategias para habilitar más cupos. Sin embargo, pese a que tener más celdas mejoraría la situación de cientos de personas privadas de la libertad, que viven en condiciones precarias, para algunos bogotanos es todo lo contrario: una problema de seguridad que no están dispuestos a vivir.

En las últimas semanas residentes de la localidad de Puente Aranda vienen protestando en contra de la construcción de uno de estos nuevos centros de reclusión que el Distrito proyecta instalar en la zona. Aseguran que con la adecuación de este espacio se desvalorizarán los predios y podría generar problemas de inseguridad. Carlos Lemus, líder comunal de la localidad, lleva más de 47 años viviendo en la zona y es una de las personas que rechazan la construcción de este centro.

“Actualmente enfrentamos un problema con la presencia de habitantes de calle. Hemos hablado con las secretarías de Gobierno y de Seguridad. Llevamos cuatro años guerreando con esta situación y ahora nos salen con esta perla. En estos centros pueden entrar detenidos, tanto con cargos por hurto como por homicidio, secuestro o violación. Ellos están ahí 48 horas y si no son judicializados oportunamente, los dejan en libertad, ¿y a dónde van a salir? Al lado de complejos residenciales y zonas comerciales”, dijo para El Espectador.

De acuerdo con el líder, en la localidad ya hay varios centros de atención, como la URI de Puente Aranda, la cárcel La Modelo, una cárcel para menores, una Unidad Permanente de Justicia (UPJ) y centros de paso para habitantes de calle. “Nosotros ya tenemos suficiente carga social. Este nuevo centro va a ser un daño tenaz para los barrios. Es suficiente para Puente Aranda”, concluyó.

Sin embargo, las comunidades de los predios residenciales no son las únicas que están molestas por este nuevo centro de reclusión, pues a ellos se le suma el rechazo de los comerciantes de San Andresito de la 38, una de las zonas de comercio más populares de Bogotá, la cual está en la localidad.

Albeiro Camacho es uno de los vendedores de esta zona, quien explicó por qué hay reparos frente al proyecto de la administración. “A nosotros realmente nos pega duro, porque estamos a menos de 100 metros de la construcción. En ese lugar va a entrar todo tipo de delincuentes de las 20 localidades de Bogotá y si los dejan en libertad, van a salir a hacer estragos”, indicó Camacho.

El comerciante asegura que con el incremento de la inseguridad se van a ver afectadas las ventas del sector, que, con la situación ya generada por la pandemia por el COVID-19, serían mucho más graves para los establecimientos. “Cuando se construyó la UPJ, el comercio tuvo pérdidas del 15 %, entonces esto realmente castiga muy duro el comercio”.

Una necesidad

No obstante, hay una realidad que no se puede negar: el hacinamiento carcelario ha venido aumentando exponencialmente en la ciudad y, en tiempos de pandemia como los que enfrenta el país hace casi un año, tener reclusos hacinados se ha convertido en un problema de salud.

Así lo explicó el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero. “Esto es un problema de toda la ciudad. Todas las URI y las estaciones tienen problema de hacinamiento. Hay muchas instalaciones que la gente no quiere. Las personas quieren seguridad, pero no les gusta tener una estación de Policía cerca o una URI. Eso es comprensible, pero nosotros tenemos que atender este tema con urgencia”, dijo.

Además, de acuerdo con Acero, el año pasado la URI de Puente Aranda tenía cerca de 250 reclusos, pero actualmente tiene 960. “Es un riesgo grande. Con la construcción de este centro lo primero que queremos hacer es trasladar reclusos para que el hacinamiento baje. El problema hay que solucionarlo, porque hay una violación flagrante de derechos humanos a las personas privadas de la libertad. Hay personas que están viviendo en un metro cuadrado todos los días, las 24 horas. Eso es inhumano, por eso tenemos que resolverlo”, explicó.

El funcionario indicó que el Distrito piensa concretar acuerdos con la comunidad de Puente Aranda para garantizar que no tendrán problemas de inseguridad o de cualquier otra índole a raíz de este centro. “Bogotá tiene experiencia con estos casos y no es la única ciudad que está haciendo estas unidades. Nosotros estamos construyendo una URI en Bosa y al comienzo los vecinos se opusieron al proyecto, pero a finales del año pasado (2020) hicimos unos acuerdos que involucran a muchas entidades del Distrito, que precisamente lo que buscan es que haya el menor impacto posible y que se beneficie la localidad con otras acciones”, concluyó.

Por el momento, los habitantes de la localidad aseguran que seguirán realizando plantones y protestas en diferentes puntos para evitar la construcción de este centro y, aunque aseguraron que sí están abiertos a dialogar con el Distrito, su mayor interés es que el proyecto se realice en otra zona de Bogotá.