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Los habitantes del barrio Parques de Bogotá, en la localidad de Bosa, han protagonizado protestas contra la administración. En esta zona, donde hace menos de cinco años comenzaron a construir 25 conjuntos de apartamentos, el Distrito planea edificar un complejo judicial en el que, fuera de una Casa de Justicia y un CAI (a los cuales no se oponen), también harán una Unidad de Reacción Inmediata (URI), un Centro de Traslado por Protección (antes UPJ) y un centro de reclusión para menores, que son las que causan molestias.
El inconformismo radica en que, como las obras quedarán en medio de una zona residencial que apenas está en desarrollo, creen que las nuevas instalaciones para retener presuntos delincuentes podrían afectar el valor de sus apartamentos y la seguridad del sector. Además, insisten, hay necesidades más urgentes por cubrir y que les facilitaría las condiciones de vida.
Por ejemplo, cerca no hay un Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) y aunque recientemente se entregó el nuevo colegio Jorge Isaacs, sus habitantes aseguran que este no es suficiente para las necesidades de un barrio que sigue creciendo.
Según Manuel Martínez, residente de la zona, sumado a esto “no hay rutas alimentadoras, por lo que a algunos les toca caminar o ir en bicitaxi hasta la parada más cercana de buses alimentadores que los lleve al Portal de las Américas. Asimismo, aunque nos prometieron cinco vías, la única que hay es la Santa Fe, que tiene solo dos carriles. Si hay un accidente o un mal parqueado se pueden presentar trancones hasta de 20 minutos para salir del sector”.
En esta zona se construirá el Complejo judicial, los dos colegios Campo Verde y un jardín infantil del Distrito.
Aunque dicen que por ahora no hay graves problemas de seguridad, desde el año pasado han insistido en la instalación de un CAI, pues pese a que les dijeron que estaban cubiertos por dos cuadrantes de la Policía, cuando llaman no les contestan. Por eso es casi lo único que avalan de la nueva iniciativa, contrario a lo que sienten frente al nuevo Centro de Atención Especializada para Menores Campo Verde, de las cuales se enteraron por los medios de comunicación.
El anuncio lo hizo en diciembre pasado el secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García, junto con la directora del ICBF, Juliana Pungiluppi, poco después de que se presentaran una serie de desmanes en el centro Redentor, donde se encuentran pagando condena parte de los menores infractores de la ciudad.
Esto, sumado a que también tendrán un centro de retención transitorio para adultos, prendió las alarmas de la comunidad, pues sienten temor por los delincuentes que puedan llegar a este complejo judicial, más aún teniendo en cuenta que en el mismo predio la Secretaría de Educación comenzó la construcción de dos colegios (cada uno para 1.162 estudiantes) y la Secretaría de Integración Social construirá un centro de atención día para adultos mayores y un jardín infantil para 300 niños.
Alejandro Peláez, subsecretario de Seguridad, señala que no se trata de un plan improvisado, sino de un proyecto que se estableció desde el Plan de Desarrollo de la ciudad. “Duramos casi un año buscando un lote que cumpliera con las condiciones. Se identificaron las necesidades y se estableció que teníamos que buscar predios en el norte y en Bosa”.
Se establecieron dos predios, uno en Toberín, propiedad de la Fiscalía, y el otro en Campo Verde, que le pertenecía al Dadep y que le dio a la Secretaría de Seguridad en concesión. Ahora está abierta la licitación, y si todo sale como está previsto, en agosto de 2020 estará listo el nuevo complejo, que costará alrededor de $45.000 millones.
Contrario a lo que denuncian los vecinos sobre falta de socialización, el Distrito asegura que sí se han hecho reuniones con los habitantes y sus líderes. Además, un bus de la Secretaría se ubica en la zona para socializar el proyecto a quienes se acerquen. Con respecto a la construcción del complejo al lado de los dos colegios y el jardín, Peláez dice que no será un problema, pues el Redentor está al lado de un colegio y esto no ha generado inconvenientes. Considera que la clave está en los diseños.
“En otros países funciona así. Es un proyecto distinto. El centro de menores quedará dentro del complejo, lo que impedirá las fugas. Además, por el diseño, quien no sepa podrá pensar que se trata de un colegio o una biblioteca. De otro lado, frente a la URI, lo único que verán los habitantes serán patrullas entrando. Todo funcionará internamente”, dijo Peláez.
Por su parte, el alcalde de la localidad, Javier Alfonso Alba, ha señalado que el Complejo judicial es una obra que la localidad necesita, ya que los capturados en esta zona de la ciudad deben ser trasladados al complejo de Puente Aranda y este proceso puede tardar todo un día e implica que dos policías hagan el acompañamiento, lo que dificulta los procesos.
Por ahora los habitantes de Parques de Bogotá, ante el inconformismo, esperan radicar los próximos días una acción popular que les dé la posibilidad de cuestionar la construcción del centro de reclusión para menores y del Centro de Traslado por Protección (CTP), figura que reemplazó las UPJ. Por lo pronto, el Distrito avanza, a buen paso, en la licitación para adjudicar el contrato para la construcción del nuevo complejo, que no solo beneficiaría a la localidad de Bosa, sino a los barrios aledaños de la localidad de Kennedy.
Los líos de Campo Verde
El proyecto Campo Verde, donde hoy queda el barrio Parques de Bogotá y viven casi 60.000 personas, ha enfrentado dificultades desde su origen. El plan parcial para ocupar esta zona, a orillas del río Bogotá, fue aprobado en 2011, con la idea de construir 12.000 viviendas para 42.000 habitantes de estratos 1 y 2. Durante la pasada administración, las condiciones cambiaron y los predios se destinaron para la construcción de las viviendas gratuitas, que ofrecía la Nación. Aunque se tenía previsto que se harían viviendas de interés prioritario (VIP), un informe del Fopae (ahora Idiger), alertaba que esta zona, del tamaño de Funza o Madrid, tenían una alta probabilidad de inundación, por lo que no era viable construir casas allí.
A pesar de ello, el Distrito aseguró que con la construcción del interceptor de Tunjuelo -Canoas, el riesgo se mitigaría. No obstante, luego de que el Consejo de Estado suspendió las obras de la PTAR, el Distrito se abstuvo de seguir adelante con el proyecto de vivienda. Desde este punto y hora, lo que se planteó como una necesidad para la ciudad, en 2013 se convirtió en una discusión con un tinte más político, que técnico. Los planes quedaron paralizados.
En 2016, tras las obras de adecuación hidráulica en el río Bogotá, se excluyó el lote de las zonas de riesgo, con lo que se reactivó el proyecto para construir 6.129 viviendas de interés social. Los apartamentos se han ido construyendo y entregando en los últimos años, por lo que hoy, en la zona ya se cuenta 25 conjuntos residenciales en los que viven aproximadamente 60.000 personas.