Daissy Bautista está desempleada. Es una madre de dos hijos que hasta el pasado 31 de enero recorrió barrios asistiendo en salud ocupacional a trabajadores de negocios como ferreterías y restaurantes, para que minimizaran los riesgos en los sitios donde se ganan la vida. Laboraba para el hospital Centro Oriente, como parte del programa Territorios Saludables, que cuenta con 9.781 empleados y es objeto de una dura controversia por dificultades en la contratación de comienzo de año y por las modificaciones que pretende hacerle la nueva administración. Daissy, a quien no le han renovado su contrato, se siente víctima de esos cambios.
Ella y un grupo de contratistas, acompañadas de sindicatos e integrantes de la sociedad civil, protestaron ayer frente a la Secretaría de Salud, donde gritaron reiteradamente: “¡Territorios Saludables, ni se acaba ni se vende!”.
Las inquietudes comenzaron con la no renovación de contratos. “Hasta el 31 de enero trabajamos bien”, cuenta Daissy. “Teníamos expectativas sobre cómo iba a continuar el programa, hasta que nos dijeron que no teníamos contrato. Primero nos dijeron que se debía al congelamiento del 40% en los recursos que les ordenaron a los hospitales”. Hay a quienes les han renovado sus contratos, pero por 15 o 20 días.
Ella y sus compañeros temen que, además de perder sus empleos, el programa pierda su esencia como estrategia de atención y promoción en salud. Mauricio Bustamante, último secretario de Salud de la administración de Gustavo Petro (que tuvo Territorios Saludables como bandera), afirma que este programa permitió, por ejemplo, disminuir la mortalidad materna e infantil y fue reconocido por la Organización Panamericana de la Salud.
Son logros que reitera la médica Carolina Corcho, integrante de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, quien agrega: “El alcalde acaba de decretar la emergencia sanitaria por la crisis en las salas de urgencias, pero la única manera de controlar que la gente llegue a urgencias es haciendo prevención, y esa es la esencia de Territorios Saludables”. Por eso pide que el programa “se mantenga y se fortalezca con garantías para los contratistas, que no pueden seguir teniendo contratos por menos de un mes”.
El secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, le achaca este traumatismo a la anterior administración. “Nos dejaron contratos sólo hasta el 31 de enero. De resto, el programa estaba desfinanciado”, se queja. Dice que sólo encontraron $11.000 millones que no se habían ejecutado y han servido para renovar contratos por pocos días, pero que a eso sumarán $100.000 millones que ya consiguió esta administración y que permitirán contratar hasta el 1º de mayo. “No puedo hacer contratos más allá de esa fecha, porque ahí termina el presupuesto del programa de gobierno anterior”. En todo caso, anuncia que habrá un recorte que impedirá la contratación de unas 500 personas.
Los contratistas no creen en las cuentas del funcionario, así que programaron para hoy otro plantón frente al Palacio Liévano para pedir que el alcalde Enrique Peñalosa los escuche.
El conflicto se ve largo, pues a las dificultades en la contratación se suman los cambios que vienen. Morales considera que el programa funciona mal, a tal punto que no cree que realmente haya contribuido con mejores indicadores en la salud de los bogotanos. “No hay una relación directa entre su aplicación y la disminución de muertes maternas y de niños”, asegura, y pone como ejemplo la congestión en las salas de urgencias: si se estuviera haciendo prevención real, estos lugares no estarían atestados.
Propone, entonces, que Territorios Saludables sea más resolutivo, pues es insuficiente la mera visita a la casa de la gente con la intención de diagnosticar sus males y entregarle la remisión a un médico. “Quiero contar con gestores comunitarios que visiten las casas, identifiquen riesgos y coordinen la atención con médicos de cabecera, que tendrán asignada una cantidad de personas para que atiendan lo que ellas necesiten. Son equipos que estarán integrados con los hospitales y las EPS”, explica Morales.
Para ello pretende contar con equipos profesionales, y ahí plantea otro punto objeto de controversia: el 30% de los contratistas (cerca de 3.000) no tienen formación en salud, dice, y son ellos los que tienen más probabilidad de salir del programa.
Daissy admite que necesitan ser más resolutivos y es un aspecto por mejorar, sobre todo porque no todos los pacientes a los que atienden en sus casas pueden desplazarse a las Unidades Primarias de Atención (UPA) o a los Centros de Atención Médica Integral (CAMI). Dayana Rueda, enfermera del programa, que tiene contrato hasta el 29 de febrero, afirma, al contrario, que ellos no tienen la obligación de solucionar los problemas de los pacientes. “Para eso están las EPS”, concluye. Ella y sus compañeros alzarán su voz otra vez hoy, desde las 9:00 de la mañana.