El coletazo político del golpe en el Bronx

En el Concejo de Bogotá queda claro que, a pesar del malestar de un sector de Bogotá con la dispersión de habitantes de calle, al alcalde Peñalosa lo respalda la mayoría de bancadas. La Personería también lo apoya, pero advierte sobre intentos de limpieza social y la infiltración de “sayayines” en las mesas de diálogo.

Exhabitantes de calle asistieron al debate que se realizó en el Concejo. Llegaron para contar sus historias. / Cristian Garavito
Exhabitantes de calle asistieron al debate que se realizó en el Concejo. Llegaron para contar sus historias. / Cristian Garavito

Una decena de mujeres y hombres que alguna vez vivieron en la calle, uniformados con camisetas blancas estampadas con logos de la Alcaldía, se sentó ayer en las barras del Concejo de Bogotá. Algunos de ellos, de la mano del Distrito, estuvieron la semana pasada haciendo pedagogía con la gente de a pie sobre lo que se debe y no se debe hacer para ayudar a quienes han optado por habitar en caños y aceras. Esta vez asistieron a la plenaria para contarles su experiencia a los concejales, en medio de un debate sobre la dispersión de indigentes que vive Bogotá tras el golpe en Bronx. Era de esperarse: luego de esa intervención, de los disturbios en el centro, de las marchas de comerciantes y de vecinos de los nuevos sectores donde se ha concentrado esa población, la discusión se trasladó al Concejo como una suerte de coletazo político.

La sesión fue suspendida pasadas tres horas para continuarla en los próximos días, pero quedó claro que el alcalde Enrique Peñalosa mantiene el respaldo político de las mayorías en la corporación, a pesar de que en la calle (y el lunes pasado en un foro en el Congreso) representantes de la ciudadanía, particularmente de residentes y comerciantes de zonas afectadas, mostraron su inconformismo por la forma como la administración ha manejado la situación. Ayer alcanzaron a manifestar ese apoyo, con algunos matices, las bancadas de liberales, conservadores y del Partido de la U, pero es claro que desde el Centro Democrático, Cambio Radical y buena parte de la Alianza Verde, aunque tienen algunas sugerencias, amparan el proceder de la administración.

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A esto se suma el espaldarazo de la personera Carmen Teresa Castañeda, quien cuestionó las voces que, como han hecho desde el MIRA, Progresistas y el Polo, han criticado a la administración por considerar que si la intervención fue exitosa al recuperar un espacio que controlaba la criminalidad, no lo fue tanto en su fase posterior: la de atender la dispersión de los habitantes de calle.

“Aquí se han cuestionado las consecuencias de la intervención, pero nadie ha cuestionado el silencio de las administraciones pasadas sobre lo que ocurría en el Bronx. Solo ahora que se ha querido levantar ese silencio, se ha comenzado a conocer la vida de esos habitantes de calle, que han sido instrumentalizados por la delincuencia”.

Y aunque puso el retrovisor para justificar las medidas que ha tomado el actual gobierno (tanto el golpe como la estrategia de atención a la indigencia), también lo hizo para recordar que si Bogotá es la única ciudad del país que cuenta con una política pública de atención para los habitantes de calle, es por un decreto firmado en diciembre pasado por la administración Petro, que estaba de salida. “Precisamente porque existe esa política y hay una ruta para abordar el fenómeno, esto no se le salió de las manos a la actual administración”.

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La funcionaria, sin embargo, alertó porque ayer en la mañana recibió información según la cual hay indicios de que se quiere atentar contra la vida de los habitantes de calle. “Conocí que se quiere hacer una limpieza social. Muchos ciudadanos de manera bondadosa les suministran alimentos, pero ya toca requisarlos, porque tenemos entendido que ahí les pueden introducir veneno para acabar con su vida”.

Hay grupos sociales que han querido ayudarles dándoles de comer, por ejemplo, a quienes se apostaron en el caño de la calle 6 con carrera 30. La Alcaldía, sin embargo, ha dicho que una manera de hacer que ellos acudan a los albergues es quitarles incentivos como esos, que los alientan a seguir a la intemperie. “No hay que hacerles la vida fácil en la calle”, fue el pronunciamiento de Peñalosa el lunes en el Congreso.

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A eso se suman las denuncias de los concejales Gloria Stella Díaz (MIRA) y Diego Molano (Centro Democrático), sobre la continuidad del tráfico de droga en dicho caño, donde venden bichas (papeletas) de bazuco a $4.000. Así, aunque los políticos se han mostrado a favor del tratamiento digno a los indigentes, también exigen (no solo desde la oposición, sino también desde el oficialismo) resultados palpables contra las estructuras criminales. Estas no solo han dado muestras de que continúan manipulando un sector de los habitantes de calle, sino de que burlan a las autoridades en sus narices: la personera también denunció que dos de los cinco representantes de esa población que se sentaron en mesas de diálogo con las autoridades son “sayayines”, los temibles criminales del Bronx.

Esas preocupantes denuncias dan cuenta de la complejidad de la situación a la que se enfrenta la ciudad. Y en medio de todo se mete una discusión entre sectores políticos oficiales y de oposición que, por lo pronto, no van a ponerse de acuerdo. Por otro lado, con todo y que el alcalde asegura que no le importan las encuestas, el golpe era una oportunidad para incrementar la percepción positiva sobre su gestión, que desde que llegó al cargo ha rodeado el 30 %. Los estudios de opinión, sin embargo, dicen que repuntó levemente después de que dio esa muestra de autoridad, pero sigue en niveles bajos. La más reciente medición de Gallup, de julio pasado, le daba 33 % a la aprobación de su gestión, frente a un 64 % de desaprobación.