'El concejal Diego García me sugirió a quién contratar'

Así lo afirma Sandra Rodríguez, alcaldesa de Tunjuelito. Señala que detrás del desprestigio de las alcaldías locales hay una traición a los ideales del alcalde Gustavo Petro.

Sandra Rodríguez, alcaldesa de Tunjuelito. / Liz Durán - El Espectador. Diego García, concejal por Progresistas. / Archivo

La posibilidad de que la Contraloría y la Personería sancionen a más de una decena de mandatarios locales, junto con las denuncias de concejales de la bancada de gobierno sobre malos manejos presupuestales en las 20 alcaldías de la ciudad y los rumores sobre una lucha intestina en Progresistas por apoderarse de éstas, marcan la agenda política de Bogotá. Los alcaldes, asustados por un inminente revolcón y por el manto de duda que se posó sobre su gestión, niegan cualquier acto de corrupción o politiquería. Incluso se animan a contraatacar y poner el foco de dudas sobre los concejales.

El concejal Diego García es uno de esos progresistas que consideran necesaria una depuración en las alcaldías locales. Así lo dijo a los medios de comunicación y lo dejó por escrito en un informe que entregó al secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo. Para él, son varias las localidades en las que se han extendido la contratación “a dedo”, la concentración de negocios en pocas manos y las redes de corrupción. También ha afirmado que es necesario que Jaramillo nombre alcaldes que le obedezcan y que no tengan lealtades con otros políticos, refiriéndose al exsecretario Guillermo Asprilla.

Para García, uno de los casos que ponen en evidencia esas necesidades es la localidad de Tunjuelito, donde, según el cabildante, se “reporta que en el período 2012 -2013 se generó una contratación total aproximada de $13.537 millones, de la cual, $12.831 millones, equivalentes al 95% aproximadamente, se realizaron bajo la modalidad de contratación directa”.

Sin embargo, según documentación entregada a este diario por la alcaldesa de Tunjuelito, Sandra Rodríguez, las afirmaciones de García no son exactas. De acuerdo con tal información, la contratación directa de esa localidad durante 2012 a través de convenios de asociación con privados equivale al 33% y mediante convenios interadministrativos con entidades públicas, al 41%. Porcentajes muy altos que, para Rodríguez, tienen una explicación: “Apenas entramos a la Alcaldía en abril de 2012 nos dieron la orden de no contratar hasta noviembre, cuando ya existiera un panorama claro de las redes de corrupción. También, para evitar la proliferación de esas redes, nos pidieron que hiciéramos la mayoría de obras a través de convenios interadministrativos”. En contraste, en 2013 la contratación directa equivale al 15,70% entre convenios de asociación e interadministrativos.

Pero Rodríguez va más allá y afirma que los informes de García y de sus colegas de bancada no son desinteresados: “Con nuestra salida y el nombramiento de nuevos alcaldes se reconfiguraría el poder político en las localidades. Todo apostándole a 2014, que es un año electoral. Nosotros representamos al alcalde Petro y contamos con su venia. Atacarnos es atacar el proyecto de la Bogotá Humana”.

Una prueba de esos intereses, en palabras de la alcaldesa, sería que “en el primer trimestre de este año el concejal García se me acercó para sugerirme a quién contratar para los temas ambientales. Yo no dejé que me dijera siquiera los nombres, para no incurrir en actos indebidos”, afirma Rodríguez.

García es el creador de la Corporación Ambiental SIE, una organización de Tunjuelito que tiene más de 15 años trabajando en temas de formación y capacitación en ecología y medio ambiente y que dirigió con su esposa, Johanna Garzón —durante años la representante legal de la corporación— y junto con ella firmó, entre 2002 y 2011, por lo menos seis contratos con el Fondo de Desarrollo local de Tunjuelito y uno con el de Fontibón. También ejecutó recursos de cooperación internacional y de organizaciones no gubernamentales.

En la localidad le reconocen al concejal que gracias al trabajo de SIE la cuenca del río Tunjuelito se incorporó como área protegida en el proceso de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial durante la década pasada. Sin embargo, también se reconoce que esa, y otras organizaciones afines, concentraron, en buena medida, los contratos de gestión ambiental en la localidad.

Por su parte, García niega cualquier interés indebido: “No quiero amarrar la contratación ambiental. Jamás le dije a la alcaldesa con quién debía contratar. Lo que sí le pedí, públicamente, fue que contratara con las organizaciones sociales de la localidad que han luchado por años para salvar el río. Claro que tengo amigos en esas organizaciones, es mi localidad, pero no quiero obtener beneficios de la propuesta que le hice”.

Diego García, que dejó la junta directiva de SIE antes de ser concejal, en 2011, afirma que “esta supuesta denuncia es una reacción normal. Ahora van a querer señalar a los concejales que construimos una vida política en las localidades de querer apropiarnos de las alcaldías. Todo porque hicimos un trabajo juicioso de supervisión de la ejecución. Así es la política”.

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@CamiloSeguraA

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