El contrato que agudiza las críticas contra Capital Salud

Contraloría indagará por un contrato a finales de 2015 del que al parecer se benefició un empleado de la EPS Distrital, que en su mayoría es pública.

La EPS Capital Salud, según la administración de Enrique Peñalosa, será salvada con un plan a 10 años. Cortesía

Hasta ahora, las críticas que han recaído sobre el manejo de la EPS Capital Salud (cuyo principal dueño es la Alcaldía de Bogotá) tenían como base el desorden administrativo. Esta semana, sin embargo, durante una sesión del Concejo de Bogotá se conoció una denuncia que va más allá de la desorganización y siembra dudas sobre la transparencia en sus procesos de contratación.

Eran las postrimerías del gobierno de Gustavo Petro, que se había metido en un pleito con Salud Total (socio minoritario de la EPS), por considerar que este tenía mucho poder. Por ejemplo, ponía la terna de la que debía nombrarse el gerente. Petro nunca estuvo de acuerdo con eso y terminó desconociendo los estatutos e imponiendo un gerente de su cuerda: Alaín Jiménez. Fue en la administración de este último que se presentaron los hechos cuestionados.

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Hace unas semanas, la concejal liberal María Victoria Vargas recibió una denuncia en la que se describía el caso. Aunque el remitente, dice ella, es anónimo, en los documentos que le hicieron llegar quien narra lo ocurrido se identifica como Jorge Rodríguez Gil.

Grosso modo, escribe lo siguiente: a inicios de septiembre de 2015, un conocido suyo, llamado José Gabriel Aroca, lo recomendó en la EPS para que ejecutara un contrato que consistía en revisar las bases de datos de afiliados para reclamarle al Fosyga (el fondo nacional al que van a dar recursos de inversión en salud) dineros que este le debía a Capital Salud.

El escrito precisa que Rodríguez, como ingeniero de sistemas, tenía la experiencia necesaria para cumplir. Sin embargo, cuando lo llamaron de la EPS, agrega, el entonces asesor de contratación de la entidad le dijo que para contratarlo debía ser a través de una empresa, pues no podía hacerlo como persona natural. “El asesor me informa que tiene un amigo con una empresa llamada Green Button SAS, con la cual yo puedo llegar a un acuerdo para realizar el contrato, a lo cual yo accedo”.

De acuerdo con el relato, entre el funcionario y el ingeniero Rodríguez, acordaron cómo repartirían las utilidades con base en lo que recibiría Green Button por el contrato. “La empresa recibiría el 8 % de lo recuperado por el proceso, según contrato entre Green Button y la EPS Capital Salud”. Una vez recibiera el dinero, la empresa le pagaría la mitad (el 4 %) a Rodríguez “por realizar el procesamiento de información”. La otra mitad quedaría para Green Button y el asesor de Capital Salud “por la gestión comercial”.

Aparentemente todos quedaban contentos. Sin embargo, Rodríguez, el ingeniero, sintió que lo tumbaban desde un comienzo. Según el relato de los hechos, como él debía firmar un contrato con Green Button para desarrollar a través de esa firma la labor encomendada por la EPS, se reunió con sus directivos, pero, se queja, solo le ofrecieron el 3 %, y no el 4 %, como se había pactado en un principio.

Así y todo, cuenta, se dio a la tarea. A las cuatro páginas en las que relata los hechos anexó varios documentos con los que pretende soportar que a pesar de que cumplió con su labor, le terminaron incumpliendo. Entre estos, contratos firmados, cuentas de cobro, resultados de su gestión y, por último, un chat de Whatsapp entre él y el director comercial de Green Button, Francisco Cano, que data del 25 de mayo pasado.

El Espectador constató que el teléfono que aparece en ese chat es el del ingeniero Rodríguez. Este diario lo llamó el martes para que precisara más los hechos, pero dijo que estaba llegando a un acuerdo de pago con esa firma, así que no iba a hablar. Al insistirle para que explicara cómo lo habían contactado y si, como lo indica el relato, las comisiones se cuadraron para beneficiar, entre otros, a un empleado de la EPS Capital Salud, dijo que de eso no quería saber nada y colgó.

También llamamos el martes a Cano, el director de Green Button, que en un principio se mostró receptivo pero pidió que lo contactáramos al día siguiente porque tendría más tiempo. Sin embargo, terminó negándose a hablar. En la primera conversación alcanzó a decir que, en efecto, ya habían llegado a un acuerdo de pago con Rodríguez, y agregó: “Es un tema muy complicado. Somos una empresa humilde. Es un contrato que costó $200 millones. Seguramente él hizo una serie de cosas motivado por su furia”.

La concejal María Victoria Vargas anota que, una vez planteó la denuncia en la plenaria el lunes pasado, la Contraloría le dijo que indagará el caso. Hay varios puntos que deben aclarar las autoridades, como el presunto favorecimiento al empleado de la EPS, con el dinero producto del contrato y que sale de las arcas de una entidad en su mayoría pública.

También se debe establecer el criterio para escoger la empresa, pues el relato citado indica que, además de que fue a dedo, presuntamente obedeció al amiguismo. Green Button, de acuerdo con el Registro Único Empresarial, fue creada esencialmente para el comercio de productos farmacéuticos, cosméticos, maquinaria y equipo, aunque también tiene un componente relativo a “actividades de consultoría de gestión”. En cuanto a la gestión para la recuperación de dineros con el Fosyga, parece no tener experiencia.

Su capacidad máxima de contratación, según el mismo registro, es de unos $258 millones. Si se tiene en cuenta que, como lo indica su propio reporte a la EPS, logró recuperar en los seis meses que duró el contrato $4.500 millones, y le correspondió un pago de $344 millones por su gestión (cerca del 8% pactado), estas cifras superan su capacidad de contratación.

La nueva gerente de Capital Salud, Claudia Constanza Rivero, que ha cuestionado el contrato, se pronunció para este informe mediante un comunicado en el que indica que corrobora que el ingeniero Rodríguez estaba tan inconforme, que la Procuraduría citó este año a la EPS a una audiencia de conciliación por iniciativa de él, pero no se llevó a cabo a que él mismo desistió. La EPS, sin embargo, puso el caso en conocimiento de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría "para las actuaciones a las que haya lugar".

Algo que completa este panorama, según pudo constatar este diario, es que el empleado de Capital Salud y el José Gabriel Aroca, el particular que recomendó al ingeniero, aparecen desde 1997 juntos como representantes legales de una empresa dedicada a asuntos jurídicos, hoy en liquidación.

No son días fáciles para Capital Salud. En los ocho meses que lleva de administración Enrique Peñalosa se han hecho visibles su déficit (que alcanza los $600.000 millones) y las múltiples quejas por las dificultades en la entrega de medicamentos. El proveedor ya fue cambiado y aumentaron los puntos de atención, pero la solución definitiva aún tendrá que esperar, si se tiene en cuenta que el plan para salvar esta EPS está programado a 10 años.