El contrato de Suzuki con el Fondo de Vigilancia de Bogotá

La compañía japonesa se negó a certificar la experiencia que tenían tres empresas que le disputaban un contrato. Al final fue la ganadora.

La Policía y el Ejército tienen cerca de 2.500 motos a su disposición gracias al Fondo de Vigilancia. / Secretaría de Gobierno

Suzuki se quedó el viernes pasado, otra vez, con el contrato para hacerles mantenimiento a las 2.351 motos de esa marca que el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá tiene a disposición de la Policía y el Ejército. Esto no revestiría mayor novedad si no fuera porque las empresas que también pujaron por el contrato advierten que hubo una restricción de la que se valió la empresa japonesa para sacarlas del juego.

La historia es la siguiente. El actual contrato de mantenimiento, que está por vencerse y es por $1.400 millones, también está en manos de Suzuki desde diciembre pasado. En ese entonces el Fondo se lo adjudicó después de un proceso en el que la empresa fue la única oferente. El nuevo proceso ya no se abrió por cuatro meses, sino por un año, así que el presupuesto para adjudicar subió a $5.300 millones. Se presentaron otros dos competidores: Autoexpress Morato y la Unión Temporal Motos FVS, integrada por las empresas Motos Mundial y Autocars. Suzuki también se presentó en unión temporal con la empresa M&M Group.

Se trataba de una subasta en la que todos debían aportar, entre muchos otros documentos, certificados de que los repuestos que usarían para el mantenimiento de las motos serían “nuevos, originales y genuinos de las marcas de los fabricantes de los repuestos o de los distribuidores autorizados”.

La filial en Colombia de la japonesa Suzuki Motor Corporation es Suzuki Motor de Colombia, que, como ya se dijo, fue una de las empresas que entraron en la puja. Desde 1982 cuenta con licencia de exclusividad para fabricar, ensamblar y comercializar motocicletas, así como para distribuir repuestos. Valiéndose de esa licencia, siempre ha prestado sus servicios directamente o a través de distribuidores que ella misma autoriza. Sin embargo, para este proceso la empresa tomó dos decisiones: no emitir ninguna certificación en la que constara que había tenido relación comercial con las empresas con las que estaba disputándose el contrato y desautorizar a sus distribuidores para emitir alguna certificación de que habían tenido relación comercial con esas empresas.

Esto significó que quienes le disputaban el contrato no tenían forma de demostrar que tenían la capacidad de conseguir repuestos marca Suzuki, a pesar de que lo habían hecho por años.

Cuando la japonesa sacó esta carta, el Fondo la contradijo. En oficios del 1º y el 8 de abril indicó que los documentos que los competidores habían presentado para certificar su experiencia con distribuidores autorizados de Suzuki y con la propia Suzuki eran válidos. Agregó incluso que aceptar los argumentos de esta compañía “sería auspiciar prácticas monopolísticas o restrictivas de mercado”. Por su parte, los competidores enviaron cartas al alcalde Gustavo Petro y a la Superintendencia de Industria y Comercio solicitándoles que intervinieran.

Sin embargo, el 10 de abril, en la adjudicación, el Fondo terminó dando “plena validez” a los argumentos de Suzuki. De nuevo las empresas entregaron las certificaciones de distribuidores autorizados de la japonesa, pero esta vez se las negaron. La novedad fue que no sólo Suzuki sino sus distribuidores habían enviado comunicaciones en las que afirmaban que no certificaban en este proceso a ningún competidor de su casa matriz.

También salió a relucir una inquietud técnica. Los participantes debían contar con un dinamómetro, aparato que el Fondo pidió para probar en qué condiciones quedan las motos después del mantenimiento. Suzuki lo consiguió con un tercero, la empresa Autotools. En una cotización que pidieron los competidores, ésta indicó por correo electrónico que sólo servía para carros. Sin embargo, Suzuki mostró en la audiencia una certificación de Autotools en la que indicaba que era para carros y motos, que fua aceptada. Así las cosas, Suzuki fue la única habilitada y se quedó con el contrato.

Respuestas de lado y lado

El Espectador consultó a Suzuki y al Fondo de Vigilancia. A la compañía le preguntó por qué decidió no otorgar certificaciones a las empresas que le disputaban el contrato, a lo que respondió mediante correo electrónico que estas no son concesionarios de su casa matriz. Lo que alegan estas empresas, sin embargo, es que en otros procesos han presentado certificaciones sin ningún problema. De hecho, como consta en la página de contratación del Estado, Suzuki es socia de Autocars, una de las empresas que ahora se niegan a certificar, en un contrato de mantenimiento que adjudicó la Policía. Al gerente del Fondo de Vigilancia, Máximo Noriega, y a sus técnicos, se les preguntó por qué inicialmente consideraron que la restricción de Suzuki a sus competidores configuraba prácticas de monopolio y el día de la audiencia cambiaron su concepto. La explicación fue que ante una consulta oral ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el día de la audiencia, allí les indicaron que la japonesa estaba en su derecho. En la SIC también fue radicada la carta de las empresas competidoras que pedían una intervención especial. Este diario se comunicó con esa entidad, donde respondieron que analizan el caso y no se pronunciarán por ahora.