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Por irregularidades en la adjudicación de tres contratos para la puesta en marcha del proyecto de consolidación de un centro de soporte técnico de la ETB, la Fiscalía le imputó cargos a Pablo Antonio Gómez Mora, quien para 2015 era el vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de la empresa distrital, y a Martha Lucía Martínez Ortega, en ese entonces gerente del proyecto de Datacenter.
De acuerdo con la Fiscalía, lo dos exfuncionarios incurrieron en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado culposo, por las irregularidades en el trámite y adjudicación de tres contratos fundamentales para llevar a cabo la construcción de un nuevo centro de datos para la ETB.
Estos, según el ente de control, tenían la finalidad de la prestación de servicios de operación, mantenimiento y soporte técnico, por una cuantía de $ 44.723 millones, pero además de que las obras fueron abandonadas en 2015, se habrían identificado una serie de irregularidades que representaron un detrimento para la empresa distrital.
Con el proyecto, la empresa de telecomunicaciones esperaba construir un centro de procesamiento de datos para mejorar el servicio que presta a sus usuarios de internet. Para esto, la empresa destino un predio en Puente Aranda, en el que invertiría alrededor de $60.000 millones, tanto para las obras como para su dotación y mantenimiento.
En este camino, se adjudicaron tres contratos: para el diseño del centro de datos, que fue entregado a DCC Consultores S.A. (Costa Rica) por $1.205 billones; otro para su construcción, adjudicado a Aceco S.A. (Brasil) por $32.480 millones, y uno más por $11.566, cedido a Compufácil, para la dotación de bienes y suministros.
Pero desde el comienzo todo comenzó mal. DCC Consultores fue su propio interventor en los diseños del proyecto, mientras que Aceco S.A. abandonó las obras desde 2015. En cuanto al contrato con Compufácil, el contrato fue cambiado por lo que no tuvieron que esperar a que la obra estuviera lista para dejar el mobiliario funcionando, sino que solo entregaron la dotación, que luego fue guardado en bodega.
Ante esto, en 2017 la Contraloría y la Fiscalía iniciaron las investigaciones que hoy terminan involucrando a dos exfuncionarios de la ETB.