“El convenio es un adefesio”: gerente del Fondo de Vigilancia

Fernando Arbeláez en la sala de su casa, con documentos con los que dice sustentar su versión.

Petrista declarado y hasta hace poco uno de los hombres de confianza del alcalde Gustavo Petro, o al menos así lo demuestra su trayectoria en cargos que sólo se les asignan a personas muy cercanas. Ese es Fernando Arbeláez, el gerente del Fondo de Vigilancia, quien se negó la semana pasada a cumplir la orden del alcalde de firmar un otrosí y girar recursos a la ETB para el cuestionado convenio que busca modernizar el número único de emergencia 123. Su decisión estuvo, según él, basada en razones legales. Por negarse, Petro le pidió la renuncia, con lo que se desató una nueva crisis el Fondo de Vigilancia.

¿Cuánto lleva trabajando con Petro?

He trabajado con él a lo largo de su administración. Fui jefe financiero del Acueducto, suplente en la junta directiva de la ETB y principal en las juntas de la Empresa de Energía y la Transportadora de Gas Internacional, que son del Distrito.

¿Cómo llegó al Fondo de Vigilancia?

Petro me ofreció el cargo. Acepté porque he sido petrista toda la vida y era una misión que me había encomendado. Me advirtió que había pensado en mí porque necesitaba a alguien en quien confiar a ojo cerrado y con la audacia para enfrentar casos difíciles, porque allí tenía procesos claves. El proceso clave resultó ser el de la línea 123.

¿Cómo encontró el Fondo?

Me recibió un informe de la Contraloría que desnudaba las falencias de la entidad y el negocio con la ETB para la línea 123. Alertaba sobre irregularidades y hallazgos fiscales por casi $31.000 millones. Lo que se interpreta es que la ETB ha ordeñado inmisericordemente al Fondo de Vigilancia por años.

¿Qué pensó?

Me pareció oportuno. Sobre todo porque encontré una iniciativa del Fondo de firmar un otrosí al convenio para remediar sus defectos.

¿Fue entonces cuando empezaron las negociaciones?

Empezó una serie de reuniones, porque había un problema mayor: no podíamos firmar un acuerdo bianual, que establece forma de pago del convenio. Y no lo podíamos hacer porque el convenio debía tener cuatro anexos: el técnico, el cronograma, el acuerdo bianual y protocolos técnicos de la plataforma. De estos, lo único que hay en el Fondo es el cronograma, que está incumplido. Firmarlo nos implicaba violar normas legales.

¿En qué tono fueron esas negociaciones?

Cuando vimos que era imposible firmar el acuerdo bianual, les dije al alcalde y al presidente de la ETB que tocaba aclarar el negocio para saber qué iba a comprar el Fondo y cuánto le costaría, dos cosas básicas para girar recursos públicos y para cualquier negocio. Inicialmente Petro me apoyó y ordenó una reunión entre el Fondo y la ETB para precisar esos aspectos. Aprovechando el escenario le pregunté a la ETB sobre las diferencias entre la plataforma antigua y la nueva, que evidenciara las mejoras en el servicio y qué era lo que íbamos a comprar.

¿Le respondieron?

Me enviaron las características de la plataforma actual y no de la nueva. Eso sí, dijeron que la nueva iba a tener hornos microondas, mesa de ping-pong y un futbolín. Pregunté por las ofertas de lo que iban a subcontratar y me enviaron nueve propuestas, pero sin el valor y sin características técnicas. También pedí ingeniería de detalle de la nueva plataforma, pero tampoco la enviaron.

¿Insistió?

Sí, y lo que me enviaron fue un informe de una contratista que me ilustraba las maravillas de lo que iba a comprar. Me pareció comprensible y me gustó más cuando logré que lo firmara el presidente de la ETB. Con eso me sentí tranquilo para seguir adelante. Sin embargo, cuando estábamos hablando del otrosí, la ETB pidió que ese documento no se incluyera. Y era clave porque definía el centro del negocio.

¿Qué más incluía el otrosí?

Como la Contraloría hablaba de cobros excesivos, porque la ETB facturaba un precio global y no discriminaba los servicios, les pedí que me especificaran esos precios. La idea era pactar una rentabilidad sobre eso. Si yo conocía los precios, pues no podían seguir tumbando al Fondo. Fue cuando incluí una cláusula en la que decía que si había renta extraordinaria debía quedarse en el Fondo y no en la ETB. Una vez más, el alcalde me respaldó. Eso me dejó satisfecho, porque con eso resolvíamos el problema económico del convenio. Fue cuando enviamos un nuevo proyecto de otrosí a la ETB, pero de nuevo lo rechazó.

¿Qué dijo el alcalde?

Me llamó y me dijo que yo estaba bloqueando todo. Que necesitaba que firmara un otrosí y que le girara a la ETB. No sólo los $15.000 millones que reservamos para el proyecto este año, sino $12.500 millones más. Le dije que no. ¿Cómo les iba a girar sin saber qué estoy pagando? Ahí el alcalde me dijo que tranquilo, que la ETB era pública. Le precisé que era mixta y que parte iba a parar a cuentas de privados. Petro desestimó mi argumento y me ordenó reunirme con la ETB y consignarle. Fue cuando enviamos la carta de la semana pasada que desató la crisis.

¿No era el otrosí que ustedes habían propuesto?

No, le habían quitado los ingredientes que aseguraban que la ETB no iba a seguir ordeñando al Fondo. Le quitaron lo que corregía esa relación económicamente desequilibrada. Además, dos días antes, la Secretaría General me había entregado un informe de su equipo asesor y ahí supe que, así mejorara el negocio con el otrosí, el convenio estaba viciado desde el inicio. Quien lo firmara estaba cometiendo un delito y yo no lo iba a acometer. Luego fue el episodio de mi renuncia motivada.

¿Por qué renunció?

Porque no estaba dispuesto a suscribir ese otrosí. Tenía razones de peso. No soy abogado, soy economista, pero sé leer. El informe de la Secretaría General, que examinaba tanto el convenio original firmado en 2005 con la ETB como el del año pasado, prácticamente señalaba que eran tantas las irregularidades que, como me dijo un amigo, sólo faltó un crimen de sangre. Decía que en ambos convenios se habían violado una serie de principios rectores de la administración y de la contratación pública. Como la selección objetiva, planeación, transparencia y economía, entre otros. Eran taras congénitas de ambos convenios.

¿El Distrito dice que su renuncia es ilegal?

No creo que ese concepto exista y resulta exótico lo que dice la secretaria general, Martha Lucía Zamora. Lo ilegal sería que el alcalde me la acepte. Pero mi renuncia no puede ser ilegal, salvo que sea esclavo.

¿La secretaria Zamora dijo que ese informe estaba incompleto y que era parcial?

Ella alega que al informe le faltan datos, que el Fondo no se los quiso dar, y eso es falso. No vieron unas carpetas que estaban en poder de un funcionario, que el día de la visita no se encontraba en la oficina. Luego se les envió un correo donde se les explicó que las carpetas estaban a disposición.

¿Qué había en esas carpetas que pudiera cambiar el resultado del informe?

Nada que no se les hubiera mostrado. Es un convenio que carece de los anexos técnicos, financieros y económicos.

¿Por qué el alcalde salió con carpetas diciendo que ahí estaba todo?

Dicen tener los anexos, cosa que dudo. Lo cierto es que no reposan en el Fondo de Vigilancia, que es el que debe pagar la línea de emergencia y debe velar por un uso apropiado de los recursos públicos. Las carpetas pueden tener cualquier cosa.

¿Por qué el alcalde Petro los desmiente?

No tengo una hipótesis. Yo simplemente estaba preguntando por algo elemental: qué me iban a vender y a cómo.

¿Cree que hay corrupción?

No me gusta lanzar afirmaciones infundadas contra nadie.

Pero en el convenio...

El convenio es un verdadero adefesio. Si me piden una plata, pero no me dicen para qué, ni cuánto me va a costar, no puedo girar dinero a la ETB. No puedo mandar plata alegremente, como había sido la tradición del Fondo de Vigilancia.

Les tiran el agua sucia a los del Fondo.

Pues sí, pero por estar cumpliendo nuestro deber de cuidar el dinero público.

Y en especial a usted, a pesar de ser petrista.

Yo no tengo explicación para eso. Estoy desconcertado.

¿Qué piensa de la posición de la secretaria general?

Me sorprende, y más cuando ella tenía el informe que le hicieron sus asesores. Incluso, en algunas reuniones habíamos llegado a la conclusión de que el convenio era inviable, que había que liquidarlo, firmar otro o hacer licitación. Sin embargo, luego el alcalde desestimó todo.

¿Tiene sentido hacer un convenio con la ETB para subcontratar la plataforma nueva, en vez de una licitación para elegir el contratista?

Ese es uno de los problemas que señalaban la Contraloría y el informe de la Secretaría General. Que cómo era posible hacer un convenio con la ETB cuando hay múltiples oferentes para competir por precio. No sé cuándo y quién tomó la decisión de hacerlo así. Esa situación es una de las que supuestamente violan el régimen de contratación y que hacían de esos convenios con la ETB unos esperpentos jurídicos que no tenían arreglo.

¿El Fondo tiene otros líos?

Tiene una situación muy interesante y compleja.

¿Qué responsabilidad tiene Máximo Noriega en todo esto?

No lo puedo precisar.

¿Van a promover el proceso de incumplimiento del convenio con la ETB?

Sí, ya se radicó. Porque ETB está incursa en incumplimiento ampliamente.

Usted salió del Acueducto, también por no querer firmar un cheque. ¿Por qué siguió trabajando con Petro?

Salí porque no podía firmar un pago anticipado a los operadores privados de las basuras, que se ordenó después de la renegociación con ellos tras la crisis de las basuras de diciembre (ver “Arbeláez y su paso por el acueducto”). Seguí trabajando con Petro porque estimé que el error en esa oportunidad había venido de los que renegociaron los contratos y directamente del gerente del acueducto, Diego Bravo.

Con este episodio, ¿se rompe para usted esa relación con Petro o seguirá siendo petrista?

Fuera del episodio del Acueducto, en el que fue otro funcionario el que hizo las cosas mal, en este asunto del convenio con la ETB sí he chocado abiertamente con el alcalde. Sin embargo, mi problema no es con Petro, sino con este adefesio de convenio.

Pero Petro defiende ese convenio y lo tira a usted a la guerra.

Problema del alcalde. Sí me echó a la guerra, pero yo no estoy en guerra con él. Estoy cumpliendo mi deber de cuidar recursos públicos, y seguir con ese convenio sería poner en riesgo esos dineros. Y todas nuestra dudas están en informes que advierten sobre la situación, incluso lo saben en Secretaría General. A mí sí me parece muy curioso que me muestren esos informes y luego me empiecen a dar órdenes que serían contrarias a la ley. ¿Qué quieren? Será que me quieren mandar para una cárcel.