$100.000 millones costaría dar trámite a las 107 iniciativas que se promueven en el país

El dilema del Consejo Nacional Electoral: reformar la revocatoria

El Consejo Nacional Electoral tiene en marcha la audiencia pública en la que alcaldes y comités promotores exponen sus posiciones sobre la reforma de este mecanismo de participación. Los primeros dicen que se debe regular; los segundos, que hacerlo sería ilegal.

Una vez se apruebe la reglamentación general, cada proceso será revisado por los magistrados del CNE. / Gustavo Torrijos

Los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) tienen en sus manos el futuro de la figura de la revocatoria. Hoy son 107 procesos en marcha, el número más alto desde la creación de este mecanismo en 1991, cifra que difícilmente se repetirá si la Sala Plena aprueba una resolución que busca hacer más exigentes los requisitos que deben cumplir los promotores. (Lea aquí: ¿En manos de quiénes están los procesos de revocatoria?)

Luego de 26 años, el CNE decidió meterle mano a este mecanismo de participación. La versión oficial indica que lo está haciendo en respuesta a una solicitud de la Federación Colombiana de Municipios, que pidió revisar la exposición de motivos que presentaron los comités revocatorios. Sin embargo, los promotores señalan que es una estrategia para salvar a algunos mandatarios como, por ejemplo, el alcalde Enrique Peñalosa.

La decisión del CNE ha generado polémica. Quienes están en contra aseguran que la entidad no tiene la potestad para modificar mecanismos de participación. Aun así, los togados citaron a los alcaldes y comités a una audiencia para escuchar sus argumentos y, a partir de ahí, decidir el futuro de los procesos en marcha, que llevarlos a las urnas le constarían al país alrededor de $100.000 millones, como lo indicó Juan Carlos Galindo, registrador nacional.

Ayer fue el primer día de audiencia y para no desentonar con los procesos electorales del país, el ausentismo fue el protagonista. A pesar de ser una discusión que definirá el futuro de una importante herramienta democrática, brillaron por su ausencia el Procurador, Contralor, el ministro de Hacienda, el ministro del Interior y el director Nacional de Planeación. A pesar de estas sillas vacías, la audiencia se realizó.

En la audicencia, Gilberto Toro, presidente de la Federación de Municipios, expresó su preocupación por cómo se adelantan los procesos de revocatoria en el país. Dijo que el mecanismo ha crecido en los últimos años porque, en gran parte, se está convirtiendo en un arma política de quienes pierden las elecciones.

“Según datos de la Misión de Observatorio Electoral (MOE), de 1991 a 2015 se radicaron 210 procesos de revocatoria. Este año van 107. Esto deja ver que, en esta oportunidad, la revocatoria ha sido irresponsablemente utilizada. Los promotores se la juegan para ver si logran sacar a un alcalde, para poner uno de su preferencia”, comentó Toro.

Pero no solo señalaron que la revocatoria es usada como arma política, también para fines delictivos. Una de las denuncias más graves de la jornada la hizo Eduardo Ocoró Carabally, alcalde Orito (Putumayo), quien aseguró que uno de los comités que promueven su revocatoria supuestamente le exigió $200 millones para frenar el proceso. El representante de este comité fue detenido por la Fiscalía cuando supuestamente recibía dinero.

La legalidad del proceso

La legalidad de los cambios que propone el CNE también se debatió y, precisamente, fue el tema central de la intervención de uno de los comités creados en Bogotá. Según el abogado Óscar Dueñas, apoderado del comité Unidos Revocamos a Peñalosa, la intención del CNE de reformar la revocatoria es ilegal y sólo se puede modificar vía ley estatutaria en el Congreso. Asimismo, aseguró que se deben respetar los procesos que están en marcha y no deben ser cobijados con la posible resolución que emita la Sala Plena de la corporación. (Lea aquí: El salvavidas a Peñalosa frente al proceso de revocatoria)

Como era de esperarse, el apoderado del alcalde Enrique Peñalosa, el abogado Humberto Sierra Porto, quien pidió el doble de tiempo que los demás alcaldes y comités, rechazó la tesis de Dueñas y agregó que podría haber un grave problema de gobernabilidad en el país si no se reglamenta este mecanismo.

“La revocatoria debería ser un recurso para sacar a los alcaldes que están haciendo una mala administración y no una venganza de la oposición. Los comités usan motivos falsos para recolectar firmas y esto también debe ser vigilado. El CNE, como máxima autoridad electoral, puede regular este mecanismo de participación”, dijo Sierra Porto.

Otro de los puntos materia de debate, y que los alcaldes usan como defensa, es el derecho al debido proceso, pues a la fecha ningún mandatario ha sido notificado de los procesos que avanzan en su contra. La norma dice que sólo se les comunica cuando las firmas han sido validadas y su continuidad depende de las urnas, en un referendo revocatorio.

Peñalosa se defiende

La intervención del alcalde Enrique Peñalosa fue una de las más esperadas. A su turno al micrófono aseguró respetar la revocatoria como mecanismo de participación y control ciudadano, pero cuando se hacen respetando la norma, que indica que sólo se pueden promover cuando un mandatario incumple su plan de gobierno o exista descontento generalizado. Añadió que no es posible demostrar en un año de mandato que un alcalde está incumpliendo su plan de gobierno, pues en ese tiempo apenas está terminando de ejecutar el plan de desarrollo de la pasada administración.

“No ha pasado un año desde que el Concejo aprobó nuestro plan de desarrollo, y los comités que buscan mi revocatoria empezaron a recoger firmas casi el mismo día que nosotros comenzamos a ejecutarlo. Aún tenemos tres años para desarrollarlo”, agregó Peñalosa. (Lea aquí: “Respeto la revocatoria, siempre y cuando se haga bien”: alcalde Enrique Peñalosa)

Alcaldes y comités promotores seguirán hoy exponiendo sus argumentos ante los magistrados del CNE. Finalizada la audiencia, la Sala Plena estudiará las declaraciones de cada uno y, con base en ellas, continuará la discusión para definir si aprueba o no la resolución con la que busca reglamentar la revocatoria. De aprobarla, tendrá que sortear otro punto crucial: si la norma cobija los 107 procesos que están en marcha. Así las cosas, aún falta camino para definir el rumbo que tomará esta figura en el país.