El Distrito, con el control de las UCI

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El aumento de la ocupación de camas UCI para pacientes COVID-19 provocó que se elevara el nivel de riesgo en la red hospitalaria. Ahora quien requiera cuidados intensivos podrá ser llevado a cualquier hospital de la ciudad que tenga disponibilidad.

El Distrito asumió el control de las 724 camas de cuidados intensivos dispuestas para atender a pacientes COVID-19 en Bogotá, independiente de si están en IPS de la red pública o privada. Esto como consecuencia de la alerta naranja hospitalaria que decretó la alcaldesa, Claudia López, el pasado domingo, teniendo en cuenta que la ocupación de estas camas sigue por encima del 50 %. En esa línea, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), de la Secretaría de Salud, coordinará y direccionará a los pacientes hacia las IPS con UCI disponibles, para que todos los ciudadanos tengan la misma oportunidad y derecho a la salud.

“El 95 % de los ciudadanos tienen una EPS y el 5 % restante son atendidos a cargo de la Secretaría de Salud. Con esto vamos a garantizar que las personas que requieran cuidados intensivos sean atendidas. Vamos a llevar más pacientes a las UCI del norte, que tienen camas disponibles, para ir liberando las UCI del sur, que son las más congestionadas”, indicó el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez. Con esa promesa de una atención integral, el funcionario agregó que realizará auditorías permanentes a las IPS para asegurar que cada paciente que ocupe una cama de UCI realmente necesite el servicio vital, que se ha convertido en el activo más valioso del sistema de salud para combatir el COVID-19.

En ese sentido, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que el protocolo de atención será que “el paciente llega a la IPS definida por el CRUE y no le deben poner restricción a la entrada. Una vez se hace el examen que confirme coronavirus, la EPS del paciente está obligada a pagar a la IPS el 50 % del costo de la atención, como anticipo, y el resto se pagará posteriormente”.

Sin embargo, considerando que el paciente puede ser trasladado a cualquier UCI de la ciudad, en caso de que una persona llegue a una IPS (pública o privada) que no tenga convenio con la EPS a la que está afiliada, el Ministerio emitirá un decreto de orden nacional en el que fijará precios de referencia y, con base en estos, se establecerá el pago. Pero si por el contrario existe convenio, se honrará el contrato y la tarifa pactada. Así las cosas, con este mecanismo, el Ministerio de Salud pretende agilizar los trámites de pago entre las entidades del sistema y evitar cobros excesivos por el servicio de cuidados intensivos.

Para el profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario y director del Hospital Méderi, Carlos Sefair, el Distrito acertó con la declaratoria de alerta naranja, ya que esto le permite mayor control de la red hospitalaria, aumentar las zonas de manejo especial y hacer una evaluación cercana de las poblaciones. “Esta alerta advierte que podemos tener dificultades en la prestación del servicio de salud, un recurso que es limitado. El monitoreo debe continuar y en 15 días veremos el resultado de esta decisión”.

En esto coincide Luis Jorge Hernández, experto en salud pública de la Universidad de los Andes, quien cree que aumentar la alerta fue prudente. “Hay que evitar que las personas lleguen a una UCI reforzando la cuarentena, haciendo testeo masivo, identificando contactos y cortando cadenas de transmisión”.

¿Para cuándo más camas?

Como lo ha explicado la alcaldesa Claudia López, la habilitación de nuevas camas de UCI para pacientes COVID-19 depende de la llegada de los 425 nuevos ventiladores que el Gobierno entregará a la capital. Según la mandataria local, el próximo 23 de junio llegarán los primeros 130 ventiladores mecánicos, que permitirán ampliar los servicios de UCI y se espera que los 295 restantes vayan llegando paulatinamente.

“Se estima que entre julio y agosto llegue el pico de la pandemia, entonces vamos a requerir más hospitalización y servicios de UCI, y vamos a tener una ocupación de camas de hasta el 70 %, pero confiamos en que estos equipos empiecen a llegar cada 15 días para alivianar la carga del sistema. Sin embargo, sabemos que las circunstancias no son fáciles y que depende de la entrega de proveedores internacionales”, indicó López, advirtiendo que si estas entregas se retrasan, la ciudad podría volver en cualquier momento a las medidas más restrictivas y rigurosas de distanciamiento social.

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