El drama de un barrio que no existe

Mil personas residen en La Esperanza, vía a La Calera, un lugar en el que parece no haber esperanza. A sus carencias se suma la venta de droga. Alcaldía local dice que habrá desalojo.

Dicen que los vendedores de droga en los cerros orientales se ocultan detrás de los frailejones del barrio La Esperanza, a 3.500 metros de altura. En el atardecer, las siluetas de las montañas se desvanecen poco a poco, a medida que suben los carros por la vía que comunica a Bogotá con el vecino municipio de La Calera. Desviándose en la calle 94, en donde los bares comparten su espacio con los puestos de madera y enchape, los callejones mal pavimentados se vuelven estrechos. Esa es la entrada a una montaña en la que se asientan tres precarios barrios.

La Esperanza es el único de ellos de carácter ilegal, pues ni siquiera aparecía como barrio pirata en los datos de la Secretaría de Planeación. Los otros dos se llaman San Luis y San Isidro. De nuevo, La Esperanza es el único asentado en una zona de reserva forestal, es decir, un terreno en el que está prohibido construir.

Hace 20 años comenzaron a levantarse las primeras casas de ladrillos y madera en esta vecindad en la que residen, mayormente, obreros de construcción y empleadas domésticas.

Y hace seis años, a la carencia que siempre han tenido de servicios públicos y bienestar, se empezó a sumar el peligro del negocio de la droga, que ha convertido a los frailejones y otras bellezas naturales en pequeñísimas ollas barriales de microtráfico.

El camino para llegar a la cima del lugar, en el que viven cerca de mil personas, es custodiado por perros que se asoman desde el techo de las casas. Rumbo al barrio es visible la fatiga de los trabajadores que suben con materiales de construcción o con baldes agua. Algunos llevan palas para levantar la suciedad que se derrama por las calles, pues en La Esperanza no hay alcantarillado. El gas se consigue por cilindros, el agua proviene de pozos naturales, la Policía no llega, y la luz es el único servicio público que cubre al barrio a través de Codensa.

Es la lista de los infortunios.

Acaso el problema más grave que padece La Esperanza tiene que ver con su lugar de asentamiento. Fuentes hídricas y especies de flora, que podrían extinguirse al paso de la construcción de casas, están protegidas por la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca desde 1977. Silvano Parra, asesor de obras de la alcaldía local de Chapinero, en donde se ubica este barrio, le dijo a El Espectador que La Esperanza es ilegal y debe reforestarse. “Con la Secretaría de Hábitat hemos trabajado para impedir que el barrio se extienda más. Sabemos que es un problema social, algunos han interpuesto tutelas, pero este lugar debe recuperarse”.

La CAR se encuentra con las manos atadas por una acción popular interpuesta en 2005 por los habitantes del lugar. Así lo explica Betsy Palma, jefe encargada en la oficina especial Bogotá La Calera de esta entidad: “Debemos esperar a que falle el Consejo de Estado. Nosotros somos administradores de la reserva, pero no podemos intervenir en lo urbanístico hasta que no se defina la situación legal de los habitantes”.

Mientras esto se define, los habitantes esperan que se solucione, no sólo el problema de vivienda, sino el de inseguridad y pobreza. Luego de dos décadas de vivir en un barrio pequeño que se mantenía desde el aura de la solidaridad, la llegada de extraños forasteros cambió la idea de lo que los habitantes concebían como sus calles tranquilas.

“Aproximadamente desde 2005 fueron llegando desplazados de otras ciudades y colonias de otros barrios a vender droga. Los muchachos han caído en el vicio y muchos se dedican a robar ollas a presión, que es el bien más preciado que tienen las personas que viven aquí”, dice Alberto Caballero, quien desde 2004 realiza labores de asistencia social en La Esperanza.

A las seis de la tarde la niebla oculta las casas de lata que se acomodan en la parte más alta de La Esperanza. Los habitantes dicen que los policías no pueden subir, porque se pierden, y ellos comentan que el barrio es seguro y que casi no llaman para denunciar. Algunas familias que viven en las casas prefabricadas están compuestas por padres solteros ,que no superan los 22 años ,y que tienen a cargo niños de 2 o 3 años. “Más allá de los problemas de tierra, ver a estos niños así nos está haciendo mucho daño”, explica un trabajador social del sector, que se prepara para bajar a Bogotá en pleno anochecer.

Temas relacionados