El embolate para los nuevos semáforos de Bogotá

Procuraduría pide revocar licitación de semáforos.

 En un documento de cinco páginas, el Ministerio Público le pide a la Secretaría de Movilidad que revoque cuanto antes la licitación de semáforos para regular el tránsito vehicular, peatonal y de los biciusuarios en la ciudad, que fue suspendida por el Distrito hace casi dos meses, debido a falta de claridad frente a las especificaciones técnicas del proyecto.

Dentro de sus observaciones, la Procuradora encargada, Fanny González Velasco, aseguró que la Administración debe primero “establecer reglas claras y otorgar condiciones de igualdad para la participación de los proponentes”. También pidió a la Secretaría de Movilidad que, en caso de atender la sugerencia, le informe sobre la determinación antes de resolver el cierre del proceso.

Aunque la Procuraduría reconoce que el Distrito puede modificar los pliegos de condiciones a través de una adenda, esta no se puede expedir antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, pues atenta contra la seguridad que se lo ofrece a los oferentes, que no pueden tener dudas sobre el proceso. Lo cierto es que esta licitación no ha podido tener luz verde desde que empezó. El pasado 18 de diciembre, la Secretaría de Movilidad decidió suspender la licitación por $4.370 millones, ante las dudas técnicas que aún tenían los proponentes interesados en el contrato.

La licitación la abrió el Distrito el 21 de octubre del año pasado, cuando publicó los prepliegos de condiciones. Tras las observaciones de los interesados y los ajustes, los pliegos definitivos se revelaron el 18 de noviembre, según el portal de contratación pública del Distrito. En ese entonces, la Procuraduría General ya había hecho una advertencia sobre falta de claridad en el proceso de licitación para la compra de los nuevos semáforos de Bogotá. La Secretaría de Movilidad señaló en esa época que el proceso había sido trasparente y que aún quedaba tiempo para la presentación de nuevos proponentes.

Según Movilidad, el 28 de noviembre se hizo una audiencia a la que asistieron la Procuraduría y siete compañías interesadas en el contrato. La diligencia era para aclarar las dudas sobre los pliegos y las especificaciones técnicas. Allí se expusieron dudas como el número de leds por cada tipo de semáforo; las dimensiones de los pictogramas; el ángulo de luminosidad, y el tipo de led a usar, entre otros. Eran muchos vacíos en las condiciones del proceso, que llevaron al Distrito a suspender el proceso licitatorio.

Ojo en los semáforos

Esta licitación suscitaba especial interés en el Distrito, debido a que la Secretaría de Movilidad ya había tenido un fracaso en la compra de insumos para modernizar la red de semáforos de la ciudad. Se trató de la compra de 26.625 bombillas tipo led, que no se pudieron usar en la capital y permanecen arrumados en una bodega distrital. Por las posibles irregularidades detrás de este contrato, avanza una investigación en contra el exsecretario de Movilidad Rafael Rodríguez y el concejal del partido Conservador, Severo Correa, quien supuestamente medió entre los contratistas y el distrito para concretar el negocio.

Lo preocupante es que mientras todo eso ocurre, el gran problema de la modernización de los semáforos de la capital del país sigue y los ciudadanos tienen que lidiar con la vieja red semafórica que atenta contra la agilidad del tráfico en las calles de Bogotá. Pero esta es una de las graves secuelas del incumplimiento de un macroproyecto que se iba realizar hace nueve años. Se trataba de un Sistema Inteligente de Transporte (SIT), que pretendía controlar el tráfico vehicular desde un centro tecnológico, donde se manejarían los tiempos, de acuerdo a la situación en la que se encontraran las vías.

Para poner en marcha este proyecto, en 2008 la Secretaría de Movilidad abrió la licitación, pero al poco tiempo la declaró desierta, pues ninguno de los proponentes cumplía con las condiciones que exigía el Distrito. Al año siguiente se volvió a convocar otro proceso por $215.000 millones para implementar, administrar y operar el proyecto, pero esa vez fue revocado por falta de presupuesto.

En vista de que no funcionó esta idea, el Distrito propuso dividir su implementación en tres fases, que culminaría en 2012. De la primera fase se encargó a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), a través de un contrato que le adjudicó la secretaría de Movilidad por $65.000 millones, a la que le hicieron un anticipo del 50% ($32.500 millones). Como interventor se contrató a la Universidad Distrital, a la que le pagaron $5.000 millones.

La ETB realizó dos invitaciones públicas para contratar el SIT, pero tampoco se adjudicaron, ya que los contratistas no cumplieron con los requisitos y hubo además un ataque informático en el que unos hackers modificaron los pliegos contractuales. Eso sin contar que el dinero que se le entregó a la Universidad Distrital como pago por la interventoría, la institución la destinó a la interventoría de otros contratos.

Y fue así como esa gran idea del SIT se fue desdibujando con el tiempo, a tal punto que hoy se redujo a los contratos de bombillos, como el que hoy pidió revocar la Procuraduría. Como si fuera poco, en enero de este año, el concejal Carlos Vicente de Roux cuestionó que el Distrito hubiera incluido $48.000 millones en el presupuesto de 2015 destinados a reforzar el proyecto del SIT, cuando hasta este momento no ha habido ningún resultado con los $32.500 previstos inicialmente.

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