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El alcalde Gustavo Petro visitó el barrio Laureles de Bosa hace dos semanas. Con una breve ceremonia inauguró el jardín Acunar Globo Mágico. La apertura del centro, para 62 niños menores de tres años, fue aplaudida por la comunidad. Fue el momento preciso para revelar la cifra de jardines entregados: 417 desde que comenzó su administración.
En la audiencia estaba una mujer que no aplaudió. Ella trabaja en una de las 89 casas vecinales (jardines operados por madres comunitarias) que desde diciembre de 2012 el alcalde transformó en jardines del Distrito. Desde entonces, las madres comunitarias dejaron de administrar recursos y la operación pasó a la Secretaría de Integración Social (SDIS), bajo el argumento de mejorar las condiciones laborales y ahorrar dinero.
“Las casas vecinales, bajo la nueva figura, no vienen funcionando bien. Yo soy coordinadora y, aunque gano mejor salario, desde que el alcalde nos quitó la administración de los jardines hay problemas con los contratos de las maestras y con la alimentación”, dice una coordinadora que prefiere el anonimato por miedo a perder su trabajo.
El lío con las casas vecinales
¿Por qué la actual administración eliminó el modelo de subcontratación con las casas vecinales, que funcionaba desde 1993? De acuerdo con una investigación de la Universidad del Rosario, una de las razones fue que, al asumir, Gustavo Petro encontró que muchos de los contratos que había firmado la administración de Samuel Moreno con las 106 casas vecinales no se liquidaron como ordena la norma y había gastos sin justificar por $2.357 millones.
Harolh Gómez Martínez, exsubsecretario de Integración Social (de junio de 2012 a septiembre de 2013), explicó la situación de la siguiente manera: “Antes de 2009 los contratos con las casas vecinales se liquidaban cada año, y cuando un jardín no atendía a un niño, dejaba de entregar alimentos o material didáctico, esos recursos retornaban al Distrito cuando se liquidaba el contrato. Lo que hizo la alcaldía de Samuel Moreno fue hacer un contrato desde 2009 hasta 2012 con vigencias futuras. Como amplió la vigencia, no se liquidaron los recursos de 2009, 2010 y 2011. Las casas vecinales se endeudaron y nos tocó asumir ese lío”.
Lo cierto es que la interventoría que realizó la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) al finalizar la administración de Samuel Moreno estableció que, después de ejecutar los contratos, las casas vecinales tenían que devolverle al Distrito $2.357 millones. Como las casas vecinales dilataron el proceso, la Secretaría empezó la liquidación en diciembre de 2013.
Pero no sólo fue el vacío fiscal lo que dejó la administración Moreno en las casas vecinales. Al revisar la relación de cupos y presupuesto por jardín se hallaron casos que parecían desproporcionados. Por ejemplo, el de la casa vecinal Humberto Valencia de Bosa, a la que le asignaron en 2010 casi $319 millones para atender 55 niños, es decir, $483.000 mensuales por cupo, o el de la casa vecinal Villa de los Comuneros de Bosa, a la que le pagaron ese año $203 millones para atender igual número de niños ($307.000 al mes por cupo), cifras que contrastaban con el del jardín Juan Rey de San Cristóbal, que contó con $112 millones para atender 70 niños ($160.000 mensuales por cupo). Contrastes como estos se repitieron en los últimos 10 años. Frente a materiales didácticos y gastos en recurso humano no se hallaron inconsistencias. Sin embargo, no había una estandarización de la Secretaría de Integración para analizar el presupuesto que podía destinar.
Defensa del modelo
A pesar del panorama que encontró la actual administración, que la llevó a cambiar el modelo, algunos líderes locales siguen defendiendo las casas vecinales como un proyecto que beneficiaba a la comunidad y que, si bien presentaban algunas irregularidades, éstas se debieron más a debilidades administrativas que a corrupción. Así lo señala Luis Velásquez, vocero de las madres comunitarias desde 1983 y representante de la Asociación para el Desarrollo Comunitario Manuela Beltrán Mis Pequeñas Travesuras, que en 2013 administró 10 casas vecinales en Ciudad Bolívar.
“En las casas vecinales había participación y arraigo. Las madres comunitarias sentían como suyo el proceso con las familias, respetaban a los niños y eso permitía cuidar mejor los recursos. Nunca se ha comprobado que la casa vecinal se haya robado la plata”, dice Velásquez.
Insiste en que las dificultades fueron más organizativas: “En la evaluación que hizo la Secretaría a finales de 2012 se demostró que 34 casas estaban por debajo del puntaje regular. Luego empezaron a cerrar casas, como en Ciudad Bolívar, donde antes había 27 jardines y luego quedaron 22. En cada localidad quedaron por fuera del programa dos o tres jardines. Es claro que hubo dificultades, no enormes, pero sí organizativas”.
Transición
A pesar de la defensa de algunas madres comunitarias y líderes locales, la administración avanzó en la liquidación de algunas casas vecinales y la transformación de otras a jardines distritales. Uno de los reclamos tiene que ver con la forma como la Secretaría de Integración vincula a las docentes, a través de contratos de prestación de servicios. Si bien los salarios mejoraron, muchas profesoras pasan meses desempleadas.
La mejora salarial es evidente al comparar lo que la Secretaría les pagaba a las maestras antes y después de modificar la figura de las casas vecinales. Mientras en 2011 una maestra profesional ganaba $1’175.100; una técnica, $937.100, y una bachiller, $906.000, a partir de 2012 la profesional pasó a ganar $1’679.000; una técnica, $1’287.000, y la bachiller, $1’130.000. En la administración Petro los salarios aumentaron entre 20% y 40%.
Y aunque el ajuste fue bueno, las maestras cuestionan las condiciones contractuales. “La Secretaría de Integración vincula a las maestras por prestación de servicios. Entre contrato y contrato pasan meses antes de que los renueven. Por ejemplo, en mi jardín las maestras terminaron el 10 de diciembre y a la fecha siguen sin contrato”, agregó la madre comunitaria.
Ante esta situación, el pasado 17 de febrero el Movimiento Distrital de Organizaciones Comunitarias Casas Vecinales radicó una carta en la Alcaldía Mayor, en la cual indicaron que en 2013 la Secretaría de Integración se comprometió a contratar directamente 1.055 personas que trabajaban en las casas vecinales (103 coordinadoras, 738 maestras profesionales, 164 auxiliares pedagógicas y 50 auxiliares administrativas). Sin embargo, el 90% del personal continúa por prestación de servicios, en la mayoría de casos a 45 días: “Los contratos que el alcalde denominó ‘contratos basura’ son los que hace la Secretaría. La laboralización no se ha iniciado después de dos años”, dice la misiva.
Uno de los puntos más inquietantes que plantea el documento sobre esta modalidad de contratación es la cobertura: “Las coberturas en los jardines es de máximo 60% porque la contratación de las maestras se ha demorado. Una maestra atiende 50 o 60 niños, o simplemente no se atienden”.
También quedó plasmada la inconformidad por “el cambio de modelo de casas vecinales a jardines Acunar”. Para las representantes de las casas, el Distrito les quitó autonomía. En diciembre de 2013 se estableció que ellas administrarían los servicios generales, el suministro de alimentos y los talleres de responsabilidad con las familias. Hasta julio de 2013 las madres se encargaron de la alimentación, pero luego la asumió la Secretaría de Integración.
La crisis de alimentos en la era Petro
A la desesperanza por los incumplimientos salariales se sumó una crisis alimentaria. En junio de 2013 empezaron a llegar cartas al Concejo de Bogotá firmadas por el Movimiento Cívico Comunitario de las Casas Vecinales, algunas remitidas por Luis Velásquez, con el mensaje: “La Alcaldía pasa un camión a deshoras repartiendo ‘puchitos’ de verduras y frutas en cada jardín, que deben ser rendidos entre cientos de niños”.
El concejal Juan Carlos Flórez escuchó a las madres comunitarias e investigó qué había detrás de los incumplimientos en alimentación. Encontró que la situación no sólo se presentaba en las casas vecinales, sino en 110 jardines infantiles y 17 centros de cuidados. Según él, la SDIS “ha tenido que utilizar el mercado del Idiprón para tratar de matizar la situación, y no se cumplen las fechas, ni las cantidades, ni los menús establecidos. Hoy la orden es la de ‘menú abierto’: preparen lo que haya”.
De acuerdo con Flórez, fueron 17.441 personas las afectadas: “16.286 niños, 280 adultos mayores, 755 personas con discapacidad y 120 habitantes de calle”. A esta denuncia se sumó otra del concejal Antonio Sanguino: “Lo que ha llegado a los jardines cubre apenas un 30% del requerimiento nutricional establecido por los estándares de calidad para la educación inicial”.
Al analizar los contratos detrás del suministro de alimentos, se encuentra que todo radica en el proceso de selección del contratista. De acuerdo con datos de la Propia Secretaría de Integración, entre 2012 y 2013, el suministro se le adjudicó a empresas de los hermanos Torrado García, que en dos años firmaron cuatro contratos que sumaron casi $46.000 millones.
Curiosamente, el propio alcalde Petro, cuando fue congresista y destapó en 2010 el reconocido carrusel de la contratación en Bogotá, mencionó algunas empresas de los hermanos Torrado García como beneficiarias de la estructura corrupta que se montó durante la administración del exalcalde Samuel Moreno. En su informe, Petro mencionó que la administración de Moreno le había adjudicado 14 contratos en 2008 a la Fundación Multiactiva, propiedad de los Torrado, por $6.842 millones.
A pesar de esto, cuando asumió la actual administración, la Secretaría de Integración Social siguió contratando a estas empresas. El último convenio fue en junio de 2013, justo el mes en el que surgieron las denuncias de las casas vecinales. En esa oportunidad la Secretaría le adjudicó un contrato por $18.254 millones al Consorcio Alimentación Social, constituido por la Corporación Ambiente Colombia (creada en Villavicencio con experiencia en reforestación) y la Fundación Multiactiva, a pesar de que en las evaluaciones quedó demostrado que el Consorcio presentaba fallas “jurídicas y técnicas”.
A raíz de la crisis en el sector de alimentos, la Secretaría tuvo que aplicar una cláusula de emergencia del contrato con el consorcio Alimentación Social 2013, que establecía que sería la caja de compensación Colsubsidio la que asumiría el suministro de alimentos en caso de que el consorcio incumpliera. Desde 2013, Colsubsidio asumió esta tarea.
¿En qué va el proceso de liquidación?
La Secretaría de Integración Social le respondió a El Espectador que durante la administración Petro ya se han liquidado 104 contratos de los que se firmaron en la administración de Samuel Moreno: “El proceso requirió que se configurara un equipo especializado. Gracias a este trabajo, de $2.357 millones se lograron liquidar $1.883 millones”. Los 473 millones restantes esperan recuperarlos este año o el siguiente: “La ley permite hasta tres años para clarificar la situación de liquidación contractual”, indicó la Secretaría.
Resultó más caro
Una pregunta que surgió después de que el alcalde Gustavo Petro eliminara la subcontratación es si el nuevo modelo resultó más caro que el anterior. De acuerdo con un análisis de la Secretaría, una casa vecinal le costaba al Distrito $232 millones antes de 2013. El costo actual es de $290 millones, es decir, la administración ha pagado aproximadamente $58 millones más por casa vecinal administrada bajo el nuevo modelo.
Al comparar los costos diarios por cada niño, las cifras demuestran que el costo es igual o superior bajo el esquema actual que durante la administración de Samuel Moreno. Mientras en 2011, en el caso más alto, el costo del cupo diario alcanzaba los $24.000, actualmente es cercano a los $30.000.
Este gasto, dicen las madres comunitarias, no está justificado. Las promesas del Distrito no se han cumplido. Las maestras siguen vinculadas por prestación de servicios, el suministro de alimentos no ha mejorado del todo y la promesa de cambiar las tradicionales casas vecinales de las madres comunitarias para evitar sobrecostos por irregularidades quedó en el papel.
svalenzuela@elespectador.com