El ICBF sigue la batalla por la custodia de una niña maltratada

A pesar de las evidencias, un juzgado ordenó a la institución devolver la custodia la niña a sus padres. Cristina Plazas, directora del ICBF, reveló por qué no está de acuerdo con el fallo. Radicó una tutela para que suspendan la decisión.

Archivo El Espectador

Crece el drama de la niña de 10 años, que a pesar de estar en un proceso de protección del ICBF por maltrato, una juez ordenó devolvérsela a sus padres. Aunque el instituto, que insiste en quitarles la custodia, ha intentado establecer contacto, en los últimos días, con los progenitores de la menor, no los han podido ubicar.  Esta historia es larga. Comenzó hace dos años, cuando la Policía encontró a la niña llorando en las calles y la dejó en manos del ICBF.

Allí se tramitaron los permisos para que Medicina Legal le practicara exámenes médicos. El resultado: una incapacidad de siete días, por las múltiples heridas en su espalda, rostro y piernas. 

En la charla con la psicóloga de la institución, la pequeña mencionó que sus padres la maltrataban. Algunas veces por portarse mal y otras, cuando llegaban tomados. Fue a partir de ese momento que la entidad presentó a la Fiscalía una denuncia por violencia intrafamiliar y maltrato infantil contra la madre, como presunta responsable de las lesiones. (Lea: Muerte de bebé en Bogotá, prueba del preocupante panorama del maltrato infantil)

Según Cristina Plazas, directora del ICBF, desde ese momento se les informó a los padres dónde estaba la niña y se les pidió que asistieran a un curso pedagógico sobre el cuidado de la niñez, para empezar con el proceso de restablecimiento de derechos de la menor. “Después de que ellos se enteraron dónde estaba la niña, la visitaron una vez, luego desaparecieron durante dos meses.

La trabajadora social les hizo varias llamadas al celular, pero nunca contestaron. Entonces fue hasta su casa para saber por qué habían dejado de asistir a las visitas, pero no los encontró”, asegura.

Ante la ausencia de los padres, la entidad ordenó poner la foto de la pequeña en medios de comunicación para encontrar a algún familiar, que estuviera interesado en visitarla. Quince días después del anuncio, su mamá apareció. Dijo que no tenía dinero para buses ni llamadas, por eso se había alejado. Con el fin de enmendar lo ocurrido, firmó un documento en el que se comprometió a visitar a la niña y a ser parte de un proceso psicoterapéutico con su esposo, que incluía exámenes de toxicología para ver si alguno consumía drogas o alcohol en exceso. 

Luego de los compromisos, los padres comenzaron asistir a las terapias y a visitar a la niña. En medio del proceso, en conversación con la psicóloga, la pequeña denunció que el dueño de su casa le había tocado sus partes íntimas, cuando tenía siete años. Frente a la reveladora noticia, el ICBF les informó lo acontecido a sus progenitores, quienes aseguraron que no estaban enterados de la situación.

De nuevo, la entidad envió a la pequeña a Medicina Legal y aunque en el informe se descartó un acceso carnal y no había forma de confirmar los tocamientos, se debía “tener en cuenta el relato dado por la menor”. De inmediato el ICBF, presentó una denuncia a la Fiscalía por el delito de abuso sexual contra la niña

Tras este episodio, la pequeña de nuevo enfrentó sola las terapias con la psicóloga. Sus padres volvieron a ausentarse. Desaparecían dos o tres meses y regresaban después de que los funcionarios del Bienestar Familiar los buscaban en su casa o los llamaban insistentemente. La directora Plazas dijo que esa inestabilidad le había ocasionado mucho dolor a la niña. “En una oportunidad, la Defensora de Familia habló con la mamá para definir la situación de la menor y ella contestó que no podía asumir la custodia, porque la relación con el padre había terminado, a raíz de una fuerte pelea en la que él la maltrató y la amenazó”. Ante las dificultades familiares y el incumplimiento de los padres a los compromisos pactados con la institución, el ICBF vinculó a la menor en un proceso de adopción. 

Pleito jurídico

En el instante en que los padres se enteraron de la decisión del ICBF, el papá apeló la decisión. El caso pasó a manos del Juzgado 29 de Familia de Bogotá, que revisó el expediente, ordenó una visita domiciliara a la casa de la niña y entrevistó informalmente a los progenitores para dar un dictamen. 

Al final, en un fallo de primera instancia, la jueza rechazó la opción de poner a la niña en un proceso adopción, argumentando que, aunque los progenitores no cumplieron algunos compromisos con el ICBF, se esforzaron por hacer lo que sus condiciones económicas les permitieron. “Respecto al maltrato intrafamiliar, aceptaron que castigaban a la pequeña en casos extremos con correa y a pesar de que la norma les prohíbe a los padres ejercer violencia física o psicológica contra sus hijos, tal actuar no es causa para despojarlos del cuidado de su hija”, dice el fallo. 

En cuanto al testimonio de la niña sobre el presunto abuso sexual, dijo que los padres desconocían lo ocurrido y que Medicina Legal no había encontrado pruebas para ratificar la violación. Así las cosas, le ordenó al ICBF entregarle la niña a sus padres. 

No es la primera vez que este juzgado toma una decisión como estas. El ICBF recuerda el caso de otra niña, hija de padres delincuentes, que prácticamente vivía al cuidado de los vecinos, porque los progenitores se ausentaban con frecuencia. Pese a los antecedentes, la juez ordenó devolver a la madre la custodia de la pequeña, sin tener en cuenta que ella estaba en prisión. Cuando la defensora de familia le puso a la jueza de presente esta situación, la respuesta fue que ya había perdido competencia sobre el caso. 

Aunque la directora Plazas sabe que debe acatar la orden, considera un error de la jueza el haber tomado una decisión con base en una visita domiciliaria y en una entrevista informal con los padres. “Ella pasó por alto varias pruebas del expediente, donde consta que los papas dejaban de visitar a la niña por largos periodos de tiempo, que no asistían a todas las terapias y que tenían problemas de violencia intrafamiliar. Además, no tuvo en cuenta el testimonio de la pequeña en el que confesó haber sido maltratada en su casa”. Por esas razones, la entidad apelará la decisión ante el Tribunal de Bogotá, para que los magistrados revisen el caso de nuevo. 

El ICBF advierte que su intención es proteger los derechos de los niños. “Nosotros no queremos que la pequeña se quede sin sus padres, pero sería irresponsable darles a la niña cuando no tomaron las terapias completas y la descuidaron por mucho tempo. Si hacen el proceso completo las cosas serían diferentes. Sin embargo, la juez no contempló estas razones”, concluyó Plazas.

El instituto radicó una tutela, con la que buscan suspender la orden de la juez. Esto, teniendo en cuenta un hecho sobreviniente: la niña dice que no quiere volver a su casa. Mientras otro juez toma una decisión, la pequeña permanecerá en un refugio del Instituto.

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