El infierno de los menores infractores

Defensoría del Pueblo resalta el pésimo estado de algunos centros de reclusión para adolescentes en el país. Los califica como una afrenta a la dignidad humana.

Defensoría del Pueblo

No solo los reclusos adultos viven en condiciones precarias en cárceles, Uris o celdas de estaciones de Policía. Las violaciones a los derechos humanos del sistema carcelario del país también las padecen los menores infractores. Es lo que señala un informe de la Defensoría del Pueblo, tras una investigación en la que se incluyeron entrevistas a 260 jóvenes y visitas a 18 centros de Bogotá, Cali, Villavicencio, Ibagué, Neiva y Cartagena. Una conclusión dura: “En el país operan centros que constituyen una afrenta a la dignidad humana” y en “los que se constataron síntomas de violación a los derechos fundamentales”.

Los antecedentes en Bogotá podrían ser prueba de la denuncia. Amotinamientos en centros de menores, como viene ocurriendo en El Redentor desde el año pasado; la muerte de un joven después de un intento de fuga, en otra institución del centro de la ciudad, y las constantes denuncias de padres de familia por supuestos maltratos en las capturas y traslados de sus hijos infractores, son apenas algunos de los hechos que ponen en entredicho a estas instituciones.

Y es que el panorama que encontró la Defensoría en este tipo de establecimientos es preocupante. En todo el país las quejas son similares. Hallaron hacinamiento, infraestructuras deficientes, problemas en la atención de salud, malas condiciones de salubridad, falta de dotación para la resocialización, escasez de programas efectivos de formación académica, el uso de celdas de castigo como aislamiento y sanción, así como falencias en los servicios públicos. Para rematar, algunos casos de maltrato durante la captura y estadía en el centro por personal de la Fuerza Pública.

Infraestructura

Al hacer la inspección de los 18 centros estudiados, la Defensoría encontró que ni siquiera como cárceles cumplen los estándares mínimos internacionales, en especial si se tiene en cuenta que la Ley de Infancia establece que se debe contar con instalaciones diferentes a las cárceles para adultos y deben cumplir un objetivo pedagógico

A pesar de esto, algunos centros funcionan “en antiguas cárceles, en locaciones improvisadas en viviendas o en construcciones hechas a manera de celdas compartidas, encerradas en rejas y con precariedad de servicios. Existen incluso celdas de castigo en los establecimientos, como mecanismo de aislamiento y sanción”, revela el informe.

El panorama no es mejor en cuanto a las zonas de detención transitoria, que se usan para que los menores permanezcan mientras se les define su situación jurídica. Por ejemplo, encontraron cómo en Bogotá hay un centro con una sala de espera, con cinco sillas y en la que en promedio permanecen encerrados 15 jóvenes (algunos de ellos hasta 10 días), sin servicios sanitarios adecuados ni colchonetas, a la espera de que se les asigne cupo en Centro Especializado. “Es evidente la ausencia de locaciones adecuadas para la detención transitoria”, resalta la entidad.

Modelo de atención

Pero la crítica va más allá de las precarias condiciones de reclusión. Una de las obligaciones de estos centros es desarrollar programas de formación académica, ocupacional y recreativa, con miras a brindarles a los menores infractores oportunidades de una vida productiva en la legalidad. Sin embargo, dice el informe, que salvo excepciones, brilla por su ausencia la dotación tendiente al desarrollo de este tipo de programas y resaltan que, por el contrario, el modelo pedagógico y de atención dista mucho del que exige la ley.

Por ejemplo, ponen en evidencia situaciones como el maltrato del que son víctimas algunos menores “por la Policía, al momento de la captura, y por los educadores, durante el internamiento, en especial aquellos con exfuncionarios del INPEC”; también, la imposición de sanciones como la suspensión de visitas familiares y el aislamiento en celdas de castigo, o la especie de presión de algunos Defensores de Familia y Defensores Públicos para que los menores acepten delitos.

“No se respeta su derecho a ser escuchados en audiencia; falta gestión de los defensores de Familia en acciones encaminadas a la garantía de derechos; no hay prácticas de justicia restaurativa y del principio de oportunidad cuando es viable, y aplican sanciones privativas de la libertad en situaciones no previstas por la ley. Además, hay una deficiente atención en salud, algo crítico en menores con problemas de salud mental y en quienes presentan trastornos del comportamiento, asociado al consumo de psicoactivos”, dice el informe.

De igual forma denuncian que, en ocasiones, el concepto de peligrosidad de los menores lo analizan a la luz de la precariedad de las oportunidades de su vida familiar, lo que termina en la restricción de la libertad como mecanismo para supuestamente garantizar sus derechos, “concepto que se constituye en criminalización de la pobreza”, dice la Defensoría. Esto, sin contar la falta de seguimiento al cumplimiento de la sanción por los jueces, lo que impide la gestión de medidas sustitutivas y ajustes en el proceso pedagógico, y falta de seguimiento y gestión pos egreso, que permita verificar el sostenimiento en la garantía y condiciones de no reincidencia.

“La Defensoría del Pueblo advierte que los hallazgos encontrados representan grave vulneración a derechos reconocidos expresamente por la Convención de los Derechos del Niño (y de la niña) y por la ley 1098 de 2006, entre ellos la dignidad humana, la salud, la educación, la participación, la intimidad y un trato diferenciado. En conclusión no se encontró evidencia de cumplimiento de los fines del SRPA ni de las medidas, llamadas a un carácter pedagógico, específico y diferenciado”.

Recomendaciones

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo una serie de recomendaciones para todos los actores involucrados en cada una de las etapas del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que van desde la reeducación de todas las autoridades hasta la prohibición de nuevas infraestructuras con diseño de cárceles para menores.

En cuanto a infraestructura sugiera demoler las celdas de castigo o aislamiento; garantizar la separación de los menores de 18 años y los mayores, que se encuentran cumpliendo sanciones; prohibir la construcción de nuevos centros destinados a la privación de libertad de adolescentes con arquitectura penitenciaria o carcelaria, y habilitar espacios individuales para la comunicación de los adolescentes con defensores de familia y defensores públicos”.

Y en cuanto al proceso pedagógico, le pide al ICBF desarrollar una línea de seguimiento para garantizar los derechos de los menores infractores y que se refuerce la interventoría sobre cada uno de los centros; crear una línea técnica que regule visitas conyugales de los adolescentes y jóvenes mayores de 18 años en privación de libertad, que tengan una familia o pareja estable; unificar los manuales de convivencia para todos los centros de internación, y garantizar a los adolescentes procesos académicos, ocupacionales, recreativos y deportivos sostenibles”.

La presentación de la investigación la hizo el propio defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, en un evento que contó con la participación de Cristina Plazas, directora del ICBF; Vivian Limpias, Representante de Unicef en Colombia, y Emilio García Méndez, autoridad mundial en justicia adolescente y juvenil. Según la Defensoría, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se comprometió a “establecer los mecanismos y lineamientos encaminados a garantizar la protección y el goce efectivo de los derechos de los jóvenes privados de la libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente”.