El limbo jurídico del caso Petro

Certificado disciplinario de la Procuraduría mantiene en firme la destitución. Siguen resolviendo tutelas que se contradicen.

/Archivo El Espectador

El pasado miércoles, por efecto de la decisión del Tribunal de Bogotá que ordenó al presidente acatar las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gustavo Petro, el jefe de Estado dejó sin efectos tanto el decreto con el cual destituyó al alcalde, como el que nombró como encargada a María Mercedes Maldonado. De inmediato, Gustavo Petro regresó al Palacio Liévano y hoy despacha como alcalde, aunque oficialmente sigue destituido por la Procuraduría e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años.

Si cualquier ciudadano hoy consulta en internet el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación, encuentra que Gustavo Petro Urrego registra las siguientes anotaciones: una inhabilidad general de 15 años; otra legal para contratar con el Estado durante cinco años y una especial para ejercer como alcalde. Además, incluye el reporte de los fallos de primera y segunda instancia que formalizaron la destitución de Petro y el decreto del Gobierno que la hizo efectiva.

En otras palabras, en lo que se refiere al cumplimiento de las sanciones, el certificado actual de antecedentes disciplinarios de Gustavo Petro aún le da valor al decreto 570 del 20 de marzo de 2014, a través del cual el presidente Juan Manuel Santos ordenó la destitución del alcalde mayor de Bogotá. Un detalle que, al menos en el papel, o desconoce el fallo del Tribunal de Bogotá y el decreto presidencial que dejó sin efectos la destitución de Petro, o refleja el limbo jurídico que hoy existe alrededor del espinoso asunto del primer mandatario de la capital.

Desde el mismo 21 de abril, cuando el Tribunal Superior de Bogotá ordenó al presidente Santos acatar las medidas cautelares requeridas por la CIDH, la Procuraduría apeló la decisión. Uno de sus argumentos fue que dichas medidas cautelares amparan los derechos del alcalde y no de sus electores. “Por tal razón, no tiene legitimidad el ciudadano tutelante, al cual se le protegen sus derechos”. Y agregó: “hay algo más dramático. El Tribunal indujo al error al Presidente, porque deja indemne la destitución y deja intacta la inhabilidad. Llevó al presidente a reintegrar a un funcionario destituido e inhabilitado”.

Por su parte, el gobierno Santos apeló ayer la decisión, con una aclaración particular del jefe de Estado: “No tiene nada que ver si estamos a favor o en contra de Petro, sino que tenemos que ser consecuentes con lo que hemos dicho desde que se inició este triste proceso. Si tomamos una decisión que una tutela dice que estuvo mal tomada, estamos obligados a impugnarla”.

Al mismo tiempo, ayer la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente una tutela que había interpuesto el propio Gustavo Petro contra el presidente Santos, por no acatar las medidas cautelares solicitadas por la CIDH. Es decir, en el contexto de la segunda “tutelatón”, es el mismo reclamo que hizo un ciudadano del común en defensa de sus derechos electorales y que el pasado lunes 21 de abril llevó al Tribunal Superior de Bogotá a ordenarle a Santos dejar sin efecto la destitución de Petro.

El mismo rifirrafe jurídico que se vive semana a semana en Bogotá desde el 9 de diciembre de 2013, cuando la Procuraduría General, en fallo de primera instancia, sancionó a Gustavo Petro con la destitución y su inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 15 años. Un laberinto de normas, sentencias, conceptos e interpretaciones judiciales en el país de los abogados, que por ahora tiene tres escenarios a la vista para tratar de desenredarlo: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

La Corte Suprema tendrá que resolver si respalda o revoca la orden que le dio el Tribunal Superior de Bogotá a Santos, que a su vez le permitió a Petro regresar al Palacio Liévano, aunque su certificado de antecedentes disciplinarios diga que está destituido y no puede ejercer el cargo. Por su parte, el Consejo de Estado estudia una demanda de nulidad contra el fallo del procurador que destituyó a Petro, que podría suspender sus efectos. En la Corte Constitucional se resolverá finalmente el lío armado por más de mil tutelas en cuatro meses.

Todo lo anterior, en la recta final de la campaña presidencial y la incertidumbre de si Bogotá se verá avocada a corto plazo a uno de dos procesos electorales, o incluso los dos: la revocatoria del alcalde Petro o las eventuales elecciones atípicas para reemplazarlo. Un proceso paralelo que entre los progresistas y la Alianza Verde se vive en dos frentes: haciendo cálculos políticos y como una mezcla entre esperanza, por la posibilidad de mantenerse en el poder y la incertidumbre de ver a su máximo líder fuera del juego político y del Palacio Liévano.