:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/HIXHajbw_-050gn3Y6zhr8oqPOQ=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/BCPPD4C7ZBCZXPLBUR7NU2AL5I.jpg)
Los padres de los niños en condición de discapacidad que asistían a los centros Avanzar de Bogotá dicen que los están discriminando. La razón es que hace dos meses cerraron estas instituciones y 230 alumnos fueron trasladados a otros lugares del Distrito donde se ofrece una atención similar.
Uno de los niños es Juan Daniel. Él tiene una parálisis cerebral discinética, que afecta su movilidad y el control de esfínteres, por lo que necesita acompañamiento en todo momento. El pasado viernes fue la última vez que asistió al centro Crecer de Bosa, a donde fue trasladado. Su madre, Lizeth Vera, asegura que no lo enviará más porque allá su situación ha desmejorado y considera que no le prestan la atención que tenía en Avanzar.
Eso, según la familia, es evidente. Ahora Juan Daniel anda de mal humor y no quiere complementar las terapias para fortalecer los músculos de las piernas, que adelantaba en su casa. “El cuidado es diferente. Vuelve a la casa mal. Yo siempre lo baño y lo mando oliendo a rico, pero la primera vez que fue al centro llegó orinado. No le cambiaron el pañal. No revisan las notas que nosotros les enviamos en el cuaderno. Después de eso ha llegado con el pañal sin cambiar y con la ropa llena de comida, porque a veces no la quiere comer. Me duele porque ya ni se quiere parar”, asegura Vera.
La queja radica en algo puntual: en el Distrito existen dos tipos de centros de atención para menores en condición de discapacidad. Están los Crecer, de los cuales hay 17 en la ciudad, donde se atiende a menores con discapacidades cognitivas, es decir mentales. Por otro lado, están los Avanzar, de los que sólo hay tres, a los que llegan quienes presentan discapacidades múltiples, entre las que se incluyen las cognitivas y físicas.
Tradicionalmente, el Distrito contrataba a los centros Avanzar de manera directa, bajo la figura de convenio de asociación. Sin embargo, el Gobierno Nacional reguló este tipo de contratos en 2016, por lo que ahora se deben realizar otros procesos y las organizaciones deben aportar recursos, algo que antes no se exigía.
La Secretaría de Integración Social tuvo que replantear entonces los contratos para volver a obtener los servicios, pero este año hubo un inconveniente más. Como el contrato anterior se terminó en abril y no se adelantó el proceso antes de la Ley de Garantías, ahora tienen que esperar a que pasen las elecciones presidenciales para adelantar los requerimientos y reabrir los centros.
“A diferencia de años anteriores, cuando ocurría lo mismo y se suspendía la prestación del servicio, esta vez identificamos que podíamos continuar atendiendo a los 230 niños en los centros Crecer, por eso los trasladamos a estos lugares”, asegura Margarita Barraquer, directora poblacional de la Secretaría de Integración Social.
La noticia cogió por sorpresa a los padres de los menores que asisten tanto a los centros Avanzar como a los Crecer. Según José Laguna, uno de los padres líderes dentro de los centros Crecer, el traslado fue repentino y no se tuvieron en cuenta varios factores. “Los profesionales que atienden donde están nuestros niños tienen recarga laborar. Deben cambiar pañales y estar pendientes al tiempo de cinco niños con discapacidades motrices, que suelen ser muy activos, y de otro que necesita acompañamiento en todo momento”.
Sumado a esto, los padres señalan que hay problemas en el suministro de alimentos, implementos de aseo y la adecuación de los espacios. De acuerdo con Vera, la última vez que asistió al centro donde atienden a su hijo lo tenían encima de una colchoneta dentro de un salón que no estaba adecuado para su atención. Asimismo, Laguna asegura que el traslado también afectó a otros niños con discapacidades cognitivas que estaban en lista de espera y no pudieron ingresar este año a los centros.
La Secretaría de Integración Social asegura que ha revisado y atendido todas las quejas que se han presentado y que en principio fueron denunciadas por la concejal Xinia Navarro (Polo Democrático). “Revisamos todos los lineamientos, la capacidad y a las dificultades y hemos buscado soluciones oportunamente”, manifiesta Barraquer.
Además asegura que, a pesar de que los profesionales ahora asisten a un mayor número de niños, están en la capacidad y tienen las condiciones para hacerlo, ya que se trata de una medida provisional mientras se adelanta la nueva contratación. “Los cambios generan resistencia. Los papás se han angustiado por esto y es comprensible. Uno piensa en el bienestar de su hijo”, dice Barraquer.
A pesar de las explicaciones del Distrito, la inconformidad persiste. “La falta de prevención y planeación del Distrito nos hace pensar que nuestros derechos no tienen validez”, cree Laguna. Por su parte, Vera se prepara para dedicarse a atender a Juan Daniel. “Me da tristeza, porque ellos necesitan de ese apoyo y ahora pareciera que no existiera”.
El Distrito hace un llamado a la paciencia y dice que, por ahora, está previsto que el nuevo convenio se firme en junio, por lo que los padres esperan que para agosto estén de nuevo habilitados los centros Avanzar. Mientras tanto exigen garantías para la prestación del servicio a los menores.