La construcción de la avenida el Rincón, en Suba, se volvió pesadilla para el reconocido humorista, que ahora enfrenta al Distrito porque su vivienda debe darle paso a la vía, pero se la avalúan en menos de lo que él cree que vale.
De niño, Luis Ferro soñó con darle a su mamá, quien había llegado a Bogotá desplazada de Chiquinquirá, una casa propia. Luis es un personaje que siempre se caracterizó por su buen humor y a principios de los 90 terminó por darle vida a un celador que durante los sábados en la noche, con la escopeta al hombro y su perro Rambo atado a un lazo, se ganaba las risas de los televidentes colombianos. En 1994 el programa ‘Sábados Felices’, bajo la conducción de Alfonso Lizarazo, lo premió durante 17 ocasiones. Su mote desde entonces es el de El Guachimán.
Con el dinero recolectado durante esos años como cuentachistes, Luis Ferro pudo asegurar la cuota inicial del hogar prometido a su madre. Ubicada en el Conjunto Altamar, a pocos metros del Club Los Lagartos (Av carrera 89 con calle 127), el inmueble, que tuvo un valor inicial de $14 millones, terminó, según él, costando alrededor de $100 millones. “Fui una víctima más del UPAC y luego del UVR” y sin dejar el buen humor explica “finalmente el UVR es el UPAC Viejo Renovado”.
En diciembre del año pasado, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) le comunicó a él y a otros treinta vecinos del sector que sus casas serían demolidas para darle paso a la construcción de la avenida El Rincón, con la que se piensa comunicar la avenida Boyacá con la carrera 91 por la calle 125.
Se supone que el paso a seguir sería que el Estado negociara con los propietarios la compra de los predios para la construcción de la vía, y para esto se hacía necesario que los terrenos fueran evaluados por Planeación, para determinar su valor. Pero los habitantes del sector aseguran que no saben cómo se realizaron esos estudios y ahora que el IDU les informó los valores en los que quedaron avaluadas las propiedades, creen que sus casas están subvaluadas.
“Le he realizado los estudios necesarios a mi casa y para 2009 creo que costaba $84’630.000. Ahora el IDU me dice que me van a dar $53’700.000, y yo le pregunto al Gobierno en qué lugar de Bogotá piensan que uno va a ubicar a una familia con ese dinero. Eso no me alcanza ni para comprar un lote en Bosa”. Por esta razón, El Guachimán y sus vecinos decidieron reclamarle al IDU, además, porque según aducen los cambiaron de estrato tres al dos, aparentemente para reducirle el valor a las viviendas.
“No pedimos que se detenga el proyecto, sabemos que el interés común prima sobre el particular, pero queremos que nos paguen lo justo, o que nos reubiquen en unas casas que tengan las mismas condiciones de las nuestras, porque con el dinero que piensan darnos ¿cómo y dónde nos vamos a acomodar?”, remata El Guachimán.
Al respecto, el IDU contestó a la comunidad, a través de un memorando, que según el Decreto 544 de 2009 ellos adoptan los resultados de la última estratificación urbana en la que ese sector aparece como estrato dos. Y según esa condición socioeconómica se hicieron los avalúos. “Por otra parte cada una de las comunicaciones presentadas por los propietarios han sido remitidas al avaluador a fin de que se pronuncie sobre los aspectos técnicos a su cargo, lo que ha permitido en los casos en los cuales no se tuvo acceso a los predios realizar nueva visita y en los casos en que el avaluador ha determinado fundadas las razones de la reclamación ha modificado el avalúo inicial y por lo tanto la oferta respectiva”, explica el Instituto en otro comunicado.
La presidenta de la Cámara de Propiedad Raíz – Lonja inmobiliaria, Gloria Bonilla Chávez, explica que los terrenos nunca fueron estrato tres sino dos, y que los predios poseen las características de Vivienda de Interés Social, con áreas de 36 metros cuadrados (que es el área mínima), con construcciones tipo dos, y que son estas las razones por las que los avalúos arrojan estos precios.
Sobre la estratificación, Planeación afirma que todas las manzanas de la urbanización Altamar tienen asignado estrato dos desde 1997. Pues el 9 de enero de ese año se expidió el Decreto 009 mediante el cual se oficializaron los resultados del censo de estratificación aplicando por primera vez la metodología de estratificación que hoy está vigente.
Bonilla además afirma que “estamos obligados a realizar avalúos comerciales y en ellos no podemos incluir los costos de los créditos que haya obtenido el propietario y si se le incrementaron o no, esos valores no se incluyen en el valor comercial”. En su concepto, el valor que los habitantes reclaman podría corresponder a lo que ellos terminaron pagando después de cancelar los créditos con los bancos, cifra que se incrementa debido a los intereses.
El IDU también aclara que “el valor con el cual se oferta es el avalúo comercial del predio realizado por la Lonja respectiva, y no por lo que el propietario haya pagado por el predio en virtud de algún préstamo o transacción financiera”. Y además informan que para atender las reclamaciones del propietario y de la comunidad se han reunido con la Veeduría Distrital, que acompaña a la comunidad y sigue las actuaciones del IDU.
Pero los habitantes del Conjunto Altamar siguen inconformes. Quieren que les expliquen por qué tuvieron que pagar facturas de servicios públicos con estrato tres si es cierto que eran estrato dos, y que se realicen otros estudios teniendo en cuenta el estado y la ubicación de sus viviendas para que se reconozca que valen más de lo ofrecido por las autoridades.