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Era agosto de 2006. El Hospital Materno Infantil, ligado al San Juan de Dios desde 1564, estaba a punto de cerrar sus puertas por una crisis financiera que dejaría a sus empleados en la calle. Sin embargo, el hospital seguiría existiendo luego de que el Ministerio de Hacienda y la Beneficencia de Cundinamarca firmaran un acuerdo por $60.000 millones para rescatarlo. Se acordó con el Distrito que lo arrendara al Hospital La Victoria.
Ese fue el primer paso, pues en los años posteriores debía quedar solucionado el problema de la liquidación de los trabajadores. El gobernador de Cundinamarca en ese entonces, Pablo Ardila, nombró a Ana Karenina Gauna como liquidadora del San Juan de Dios y el Materno Infantil. Pero por diferencias con ella, alrededor de 400 empleados ocuparon el 49% del hospital.
En diciembre de 2012 la Procuraduría visitó el Materno Infantil para realizar un diagnóstico del edificio, declarado monumento nacional en 2002. A oídos de la procuradora delegada, de la Secretaría de Salud y de la Fiscalía llegaron quejas de los trabajadores de ese hospital en relación a la liquidadora. Un ciudadano cercano al Materno Infantil, Camilo Roncancio, ya había interpuesto la denuncia ante las entidades de control en 2006. Se trataba de la venta, en noviembre de ese año, de un área de 4.644,10 m² del Materno Infantil al Hospital Cancerológico, por más de $1.432 millones, realizada por la liquidadora.
En el lapso de 2007 a 2010 las denuncias de Roncancio no dieron ningún fruto. Ni la Contraloría, ni la Procuraduría hallaron irregularidades en la venta del predio. Sin embargo, el proceso se ha reactivado, esta vez en la Unidad de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico de la Fiscalía, dependencia en donde se están revisando las pruebas que demostrarían presuntas irregularidades en esa transacción, según confirman fuentes en la entidad.
Quienes denuncian que la venta sería ilegal, sostienen que el Instituto Materno Infantil fue declarado monumento nacional en 2002. De acuerdo con La ley 397 de 1997, “el Ministerio de Cultura autorizará, en casos excepcionales, la enajenación o el préstamo de bienes de interés cultural del ámbito nacional entre entidades públicas”.
Lo extraño es que en el caso de la venta del parqueadero del hospital, el Ministerio de Cultura conceptuó en febrero de 2009 que dicha acción había sido realizada pese a que esa cartera “no ha autorizado la enajenación o préstamo del citado bien, por tanto, en el hipotético caso que se hubiera adelantado su enajenación, ésta se llevó transgrediendo la Constitución y la ley”.
Un año atrás, el ministerio había delimitado el área que compone el complejo del hospital, incluyendo el parqueadero. En términos precisos, señaló entonces que el complejo comprende el área “entre la Avenida La Hortúa al norte, la carrera 9ª al oriente, la calle 2ª al sur, el barrio Policarpa al sur y la Avenida Caracas al occidente”.
No obstante lo anterior, tanto la Beneficencia de Cundinamarca como la liquidadora han insistido durante estos años en que el parqueadero está excluido de la manzana en la que se encuentra el complejo patrimonial. Su defensa se ampara en el hecho de que la Procuraduría General de la Nación archivó la denuncia en 2009, alegando que el lote estaba excluido del área declarada como monumento nacional. Gauna dijo entonces que el lote enajenado está en una zona aledaña (UPZ 33 Sosiego) y por eso pudo ser vendido.
Ahora, la Fiscalía se ha interesado en el caso, pese a que la denuncia de Roncancio ante esta entidad fue interpuesta el 16 de noviembre de 2010. Según confirmó Jorge Eduardo Carranza, director seccional de fiscalías de Bogotá, la investigación fue trasladada a la veeduría interna de la Fiscalía para luego ser enviada a la Unidad de Delitos contra de la Fe Pública, donde se reactivó.
Los fiscales tienen nuevas pruebas. Entre ellas, el descubrimiento de que el estudio topográfico del lote, encargado a la firma WR Ingenieros Ltda., se llevó a cabo meses después de haberse firmado el contrato de compraventa, como consta en la resolución 0001 de la Fundación San Juan de Dios, que oficializó administrativamente el traspaso del parqueadero a manos del Instituto Cancerológico. Esto probaría, según la denuncia, que el predio fue vendido sin que se tuviera claridad respecto a cuáles eran sus linderos específicos.
Un misterio adicional deberán resolver los investigadores del caso. El contrato de promesa de compraventa entre la liquidadora y Carlos Vicente Rada, entonces representante legal de Instituto Nacional de Cancerología, establece que los inmuebles en venta están “contenidos en la escritura pública Nº 463 de 1994, expedida por la Notaría 2 de Bogotá”. Esta escritura, sin embargo, nada tiene que ver con el Materno Infantil, sino que se refiere a la transferencia de un apartamento del edificio San Jorge II, ubicado en la transversal 17 Nº 23-78, en Chapinero.
El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) demuestra en un estudio elaborado en 2012 que se le ha “ocasionado un grave daño al Instituto Materno Infantil por la venta del parqueadero y zona de expansión con la que contaba”. De acuerdo con este informe, el hospital quedó “sin zona de volteo y parqueo reglamentario a las ambulancias, dificultando la entrada de pacientes y suministros”.
¿Por qué la dirección del parqueadero termina siendo la de una residencia tan lejana al complejo patrimonial? ¿Fue un error o fue deliberado?
Interrogado sobre este hecho, el equipo de abogados de la liquidadora se limita a responder, de nuevo, que el concepto de la Procuraduría demostraba la legalidad del traspaso.
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