El otro plan para salvar el San Juan de Dios

Abogado que participó en estudio jurídico del Hospital, reveló que en 2012 se avanzó en un acuerdo entre Bogotá y Cundinamarca que proponía la restitución a la Nación y le ahorraba al Distrito $150.000 millones. Opción sigue vigente.

El presidente Juan Manuel Santos y el alcalde Gustavo Petro durante la ceremonia de “apertura”. / Cristian Garavito

A comienzos del año 2012, el San Juan de Dios de Bogotá (CHSJD) retornó a las agendas gubernamentales (cansado, sin duda, de trasegar por las agendas judiciales), a partir del propósito del alcalde Petro de adquirirlo para iniciar su rehabilitación. A partir de un primer diagnóstico sobre el entorno jurídico del CHSJD, nos interesamos en el seguimiento de los sucesos que durante ese año se dieron entre las administraciones de Cundinamarca y Bogotá, con ocasión de su naturaleza, propiedad y administración.

Al nuevo escenario institucional que planteaba la iniciativa del alcalde se sumaron venturosamente dos hechos en el segundo semestre de 2012: la acción preventiva integral que lideraba la procuradora para Asuntos Civiles, Gladys Virginia Guevara, orientada a la protección, conservación y recuperación del CHSJD, y la línea de gestión institucional que empezó el entonces decano de medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Raúl Sastre Cifuentes, para lograr un primer acuerdo programático entre la nación, Cundinamarca y Bogotá, dada la obligatoria confluencia de las tres entidades territoriales en las soluciones buscadas.

La problemática del CHSJD

Nuestros estudios nos indicaron que la compleja problemática del CHSJD exigía una ingeniosa y concertada agenda de trabajo estatal; que Bogotá no podía asumir (ella sola) la vasta tarea de conjurar su ruinosa situación y restaurar sus servicios; que no existía consenso sobre su pertenencia política y propiedad institucional; que los hospitales pertenecían a un establecimiento oficial de beneficencia de carácter nacional; que nunca habían sido propiedad de Cundinamarca ni de la Beneficencia de Cundinamarca, y que el equívoco régimen de liquidación de la extinta Fundación San Juan de Dios no podía prolongar la tenencia y el usufructo irregulares, ni vincularlo a su masa de liquidación, sin desmedro de lo público y violación del orden constitucional.

Las perspectivas de la estrategia de concertación gubernamental que exploramos indicaban que la solución a la crisis del San Juan de Dios pasaba por cuatro decisiones políticas: que Cundinamarca ordenara a la liquidadora de la extinta Fundación San Juan de Dios la restitución del CHSJD a la nación y les diera término a la tenencia y el usufructo irregulares; que la nación, Cundinamarca y Bogotá acordaran un completo programa de intervención estatal que comprendiera la recuperación territorial de todo el centro hospitalario, su rehabilitación jurídica, el saneamiento patrimonial y la redefinición de su vocación universitaria, conforme a la Ley 735 de 2002; que se establecieran los criterios y montos de la concurrencia presupuestal obligatoria entre los tres entes territoriales para pagar el pasivo no laboral, y que se ejecutara un plan de pago del pasivo pensional y prestacional, muy en la línea de la concurrencia trazada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU 484 de 2008, para resolver el por nosotros llamado desastre humanitario del CHSJD.

Un propósito de concertación

Después de un año de desencuentros, nuevas acciones judiciales y mutuas acusaciones entre la administración de Bogotá y la liquidadora de la Fundación, a comienzos de 2013 Cundinamarca y Bogotá mantenían sus desacuerdos en torno a temas claves en una agenda conjunta y era necesario superarlos para lograr un primer acuerdo programático. Impulsar un documento básico de entendimiento en un ambiente de confianza política, seguridad jurídica y certeza patrimonial, fue lo que se propuso la U.N. cuando desarrolló una agenda de contactos, aprovechando la mesa de concurrentes de la Procuraduría General de la Nación.

Aprobada esta estrategia de concertación por el alcalde Petro y el gobernador Cruz, la comisión preparatoria formuló un Acuerdo de Intención, y el 23 de abril de 2013 el procurador general, el alcalde, el gobernador, el decano de medicina, el secretario de Salud de Bogotá, procuradores delegados, funcionarios y colaboradores revisamos y ajustamos un texto final para adelantar la metodología concertada de gestión gubernamental, a través del “Informe de la comisión preparatoria de la Mesa de Diseño Institucional para el Centro Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá. Septiembre de 2013”.

Sin embargo, el floreciente espíritu de consenso no sobrevivió un mes siquiera. El texto final concertado no fue suscrito, se reafirmaron ciertos desacuerdos, las partes fijaron criterios divergentes en aspectos esenciales y murió la posibilidad de la rehabilitación institucional por la vía de una política de Estado, más segura para todos y menos costosa para Bogotá.

La manzana de la discordia —al comienzo y al final de un año de acercamientos y borradores— seguía siendo el proceso liquidatorio, la afectación de los hospitales a dicho proceso y la prenda general de los acreedores, pese al mecanismo de nacionalización de la deuda que debía explorarse para liberar al CHSJD de todo gravamen de sus gestores, a partir de unas consideraciones históricas que no eran del gusto de todos, pero que surgían de las investigaciones.

Consideraciones como que la Fundación San Juan de Dios había sido una errática medida de la nación en 1979 y las intervenciones de las autoridades en los siguientes cinco lustros habían agravado la crisis del CHSJD, y que durante el siglo XX el centro hospitalario fue una confluencia de recursos y entidades nacionales, departamentales y distritales. La desafortunada medida de liquidación de la Fundación con los bienes hospitalarios había sido fruto del acuerdo marco pactado entre la nación, Cundinamarca y Bogotá en 2006, y que en su crisis debían responder los tres entes territoriales, no sólo Cundinamarca, a través de una metodología que culminara en un documento Conpes.

La compraventa inicia una gestión pública

Entre suspensiones, vacilaciones y dudas en 2014, la administración distrital y el proceso liquidatorio acordaron una compraventa por la suma de $150.000 millones, que deja muchos temas sin resolver, le entrega a Bogotá un inmueble ocupado, pendiente de un plan especial de manejo y protección (PEMP) que aún no se conoce, con una liquidación sin término visible y con una enorme tarea de rehabilitación legal, financiera y hospitalaria por proyectar y ejecutar.

La rehabilitación del centro hospitalario durará varias décadas (el que lo anuncie rehabilitado en seis meses, o se engaña o anda en búsqueda de votos). Si Bogotá se vio avocada a la compraventa para poner en marcha una nueva agenda en una historia de frustraciones y bancarrotas, su ejecución requerirá el apoyo de la nación, las instituciones y los sectores de la ciudad, coherencia y continuidad en la gestión de las autoridades, y una decidida acción ciudadana.

Entre 2012 y 2013 planteamos una alternativa para restituir el centro hospitalario a lo público en el contexto de una política de Estado. Buscábamos que Cundinamarca restituyera el CHSJD sin amenazar las finanzas departamentales, que Bogotá lo adquiriera sin erogaciones costosas y que la nación se comprometiera a superar sus indiferencias y torpezas con el emblemático hospital, de más de cuatro décadas. No era la propuesta más fácil, pero sí la más segura y económica. Era, además, la de mayor alcance estatal, la de mayor aliento para salvar al San Juan de Dios y devolverlo a la comunidad.

Los discursos del miércoles anterior no son todavía los instrumentos de política pública que requiere la situación del CHSJD. De las artes escénicas de los gobernantes a la reapertura real, el camino a recorrer debe ser el de la seriedad gubernamental en el marco de un Estado Social de Derecho. Entre tanto, no sabemos si con la reapertura simbólica de esta semana, vemos una luz al final del túnel o un transitorio juego pirotécnico.


* Miembro de Armando Morales Benítez & Abogados Asociados.

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