El alcalde Enrique Peñalosa se encomendará a las asociaciones con la empresa privada para cumplir su robusto ramillete de promesas. La idea es que ese sector aporte $30,4 billones, de los $88,7 billones que la administración pretende invertir en los próximos cuatro años ($34 de cada $100). Es por eso que, además de las obras nuevas, su propuesta implica también un viraje en lo que a financiación se refiere, si se tiene en cuenta que ninguna de las últimas administraciones se la ha jugado tan a fondo para salir adelante de la mano de los privados.
Así consta en el anteproyecto del Plan de Desarrollo, que el mandatario dio a conocer el pasado lunes. En ese documento quedó plasmado, por primera vez y con algún detalle, de dónde sacará la plata el alcalde para apalancar su plan de gobierno, que es ambicioso no sólo por la cantidad de obras viales, sino de infraestructura educativa y de salud, por ejemplo.
La fórmula es, según el anteproyecto, el “aprovechamiento masivo” de las asociaciones público-privadas (APP), una figura que servirá “para hacer frente a los históricos desafíos en materia de obras públicas de esta administración”. La lista es larga: estaciones de metro, portales de Transmilenio, proyectos de vivienda, infraestructura de servicios públicos, la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), la ampliación de la autopista Norte, las conexiones al occidente de la ALO y de la avenida Ciudad de Cali, las calles 63 y 13, el terminal intermodal del norte, la continuación de la carrera 10 al sur (incluido un túnel), nuevos hospitales y colegios, parqueaderos, la posible reubicación de las cárceles Modelo y El Buen Pastor, así como de Corabastos. También entran la semaforización, proyectos de renovación urbana (como mejoramiento de espacio público) y la construcción de centros de desarrollo comunitario, de primera infancia, culturales y de servicios educativos.
Para ello, y como lo había anunciado, el alcalde propone crear la Agencia de Infraestructura Distrital, que cumpliría un rol similar al de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI): estructurar proyectos de concesiones y de APP.
A diferencia de administraciones anteriores, a Peñalosa lo beneficia una legislación favorable a sus objetivos, pues la Ley de APP fue sancionada en 2012. Además, en lo que a vías se refiere, los privados ya cuentan con propuestas concretas que no tendrían que arrancar de cero, como es el caso de las carreteras de acceso a Bogotá, promocionado desde el año pasado por el vicepresidente Germán Vargas Lleras.
Gustavo Petro, cuyo plan de inversiones era de $61,1 billones, apenas estimó conseguir $3,6 billones con el sector privado (el 5,8%, muy poco comparado con el 34,3% que ahora propone Peñalosa). Las anteriores administraciones ni siquiera contemplaron cifras específicas en este sentido.
En caso de que el viento sople a favor del actual mandatario, la ciudad se verá beneficiada de una ola de infraestructura sin antecedentes recientes, pero hay voces que piden prudencia con la figura de las APP. Carmenza Saldías, exsecretaria de Hacienda y de Planeación distrital, dice, después de leer el documento, que las expectativas que tiene la Alcaldía para aplicar las APP son excesivas. “Aunque no afectan las finanzas públicas en el corto plazo, son deudas que la ciudadanía pagará de todas formas. Si las obras fracasan, se perderán recursos importantes; si quedan mal diseñadas, el Estado terminará pagándolas, y esto requiere impuestos”.
También pide tener en cuenta las difíciles condiciones de las economías nacional y global, y en esa medida considera que las proyecciones de inversión son optimistas. La Alcaldía, en su anteproyecto, afirma que la estimación del plan “es consistente con el escenario macroeconómico y fiscal del Distrito”, aunque aclara que la ejecución está sujeta a la disponibilidad de recursos que se determine para cada año.
Hay que tener en cuenta que entre las otras fuentes de financiación están las tradicionales, que tienen que ver con los recursos que maneja directamente el Distrito, sus entes descentralizados y los aportes que por ley hace la Nación. Se proponen, sí, “nuevas rentas”, que provendrían de los sectores de movilidad y hábitat.
