El POT de Petro, entre la paciencia y el orgullo

Cada vez es menos probable que el Concejo reconsidere revivir el POT propuesto por la administración Petro.

Están caldeados los ánimos en el Concejo de Bogotá. Este viernes, un debate de control político sobre la contaminación visual en Bogotá, se convirtió en una larga sesión de reproches entre aquellos concejales que defienden el desacato de la presidenta del Concejo, que ayer se negó a instalar las sesiones extraordinarias citadas por el alcalde, y aquellos que defienden la medida, por considerar que la administración tramitó de manera irregular el llamado a extras.

El florero de Llorente es la propuesta de modificación al Plan de Ordenamiento Territorial propuesto por la administración, hundido 9 a 6 por la Comisión del Plan del cabildo el viernes pasado. En especial, el pedido de la administración, a través del decreto 254 de 2013, que la plenaria del Concejo reconsidere el hundimiento de la propuesta y la envíe a otra comisión (Hacienda o Gobierno) para comenzar el proceso de nuevo.

Para un grupo de concejales, entre ellos la liberal María Victoria Vargas, lo que la administración intentaba hacer era "revivir un muerto" que extralimita las funciones del concejo. Esto, debido a que la norma establece que los proyectos que no son votados o son hundidos al término de un periodo de sesiones del Concejo (y las sesiones ordinarias se acaban el pasado domingo) debe ser archivado.

Según Vargas y otros concejales, como Jairo Cardozo del Movimiento Mira, la propuesta de la administración de discutir durante sesiones extraordinarias un proyecto hundido en sesiones ordinarias era inconstitucional, ilegal e improcedente. Y de ahí que algunos concejales se salieran el jueves del recinto y aseguraran incluso que, de llamar a extras, serían procesados por prevaricato.

Otra es la visión de los progresistas, que solicitaron el recurso de reconsideración y aspiraban a que la presidenta del Concejo la incluyera el pasado domingo dentro del orden del día (cosa que no hizo). Para el concejal Carlos Vicente de Roux, el llamado a extras es una obligación legal del Concejo cuando lo solicita el alcalde y desacatarlo (como sucedió el jueves) "sería una huelga".

Independientemente de quién tenga la razón –en un lugar como el Concejo, la interpretación de la ley nunca está desligada del todo del cálculo político- lo cierto es que esta semana acaba para el alcalde Gustavo Petro en una situación muy delicada. Y las decisiones que éste tome durante los próximos días serán determinantes para el futuro de los proyectos más importantes para Bogotá.

Primero, el POT. El alcalde tiene hoy la opción de insistir en que el cabildo reconsidere su propuesta. Sin embargo, ya la presidenta de la corporación, María Clara Name, le manifestó que sólo llamará a extras si el alcalde vuelve a citar al Concejo para discutir exclusivamente los proyectos de acuerdo sobre valorización y cupo de endeudamiento, aprobados la semana pasada por la Comisión de Hacienda.

Fuentes en la administración aseguran que la orden del alcalde es mantener el pedido de reconsideración y que sea en la plenaria del Concejo donde se defina el futuro de la misma. Pero en el Cabildo esperan, en cambio, que la administración haga un nuevo llamado aceptando la petición de la presidente Name.
Al viernes en la tarde, aún era incierta la decisión final que tomaría la administración. Si desafiar al Cabildo –y con esto poner en riesgo la supervivencia de los acuerdos alcanzados con el cupo de endeudamiento y la valorización- o si aceptar su derrota.

De desistir, Petro tendría dos opciones. Por un lado –y sus asesores jurídicos así se lo han señalado- podría aprobar la polémica modificación del POT por decreto. Quienes enarbolan esa tesis, recuerdan que el POT vigente tuvo que ser decretado en su momento, y que lo mismo podría hacerse ahora.

La situación, sin embargo, es mucho más compleja que en ocasiones anteriores. Primero, porque tanto el POT de 2000 como el POT de 2003 no fueron hundidos por el Concejo y mucho menos en primer debate, como ocurrió esta vez. Y además, la reforma propuesta por la administración actual terminó siendo tan compleja y profunda, que ha despertado demasiados críticos y adversarios.

En otras palabras, Petro podría ceder a la tentación y decretar la MEPOT (como lo llaman en el Distrito). Pero con esto se iría en contra de críticos tan visibles como la veedora distrital, Adriana Córdoba (y su viceveedora, la exsecretaria de Planeación Carmenza Saldías); el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao; gremios como Fenalco, la Lonja de Propiedad Raíz y Camacol, y hasta los miembros de su propia bancada en el concejo, como Diana Alejandra Rodríguez, quien en su ponencia positiva admitió varios problemas de fondo en la propuesta de la administración.

La segunda opción, la más sensata para buena parte de quienes están involucrados en este proceso, es que el alcalde asuma lo ocurrido estas semanas como un proceso de discusión que podría servir para mejorar y blindar la MEPOT, recoja los insumos y advertencias provenientes de los diversos sectores y, cumpliendo la Ley 388 de 1997, comience el proceso de nuevo. Esto implicaría volver a reunir a los técnicos de la Secretaría Distrital de Planeación, mejorar la propuesta, luego presentarla de nuevo ante el Consejo Territorial de Planeación y, una vez este le dé el visto bueno, volver a radicar la MEPOT ante el Concejo de Bogotá.

Algunos lo dicen en voz alta, otros en voz baja. Pero la gran mayoría de concejales, funcionarios del Distrito y pesos pesados que siguen con lupa el proceso, aseguran que lo mejor para Bogotá es que el alcalde no se apresure con la propuesta y permita que todos decanten y perfeccionen la compleja y enorme reforma que se pretendía hacer de forma exprés.