El problema de ubicar a la gente de Los Molinos

La premura de cumplir una decisión judicial y los inconvenientes técnicos ponen en aprietos el discurso político de la administración Petro frente a la vivienda popular.

El juzgado 71 municipal de Bogotá inició un incidente de desacato contra la administración distrital por un supuesto incumplimiento de un fallo de tutela relacionado con el barrio Bosques de Los Molinos. Ese fallo, proferido por la Corte Constitucional, ordena al Distrito reubicar a todas las familias engañadas por una mafia de tierreros en el sector ubicado en límites del barrio Marruecos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Ahora, el alcalde Gustavo Petro, apoyado en los secretarios de Hábitat (María Mercedes Maldonado) y de Gobierno (el encargado, Milton Rengifo) tendrá que explicar en los próximos tres días hábiles cómo planea, antes del 17 de noviembre (fecha límite para la reubicación estipulada por la Corte), reubicar a las familias que vieron en este predio, propiedad privada, la posibilidad de tener una vivienda.

Todo comenzó el 18 de enero de 2012. Ese día, por orden de la inspección de Policía 18E de Rafael Uribe, el Esmad desalojó el predio. Un día después, la Corte, mediante un auto, suspendió la diligencia hasta que emitiera una sentencia sobre el particular. En el mes de octubre de 2012, el Distrito prendió las alarmas por el asesinato de Eduardo Patiño, un líder de la comunidad, padre de Yeimy Patiño actual presidente de la Junta de Acción Comunal. Al parecer, las mafias de tierreros estaban en desacuerdo con la decisión de la junta de mantener el mismo número de familias que estaban en el momento del desalojo, como lo ordenó la Corte. Las mafias pretendían seguir vendiendo terrenos.

En marzo, por fin, la Corte emitió una sentencia con tres órdenes explícitas para la administración. La primera, que la administración debería cotejar y comparar los diferentes censos de la población (los de la secretaría de Integración, Fopae y los de la misma comunidad) para establecer cuáles eran las familias para reparar. La segunda, que con base en ese censo reubicara en viviendas dignas a las familias afectadas por el desalojo. Y tercero, que remunerara a las familias afectadas en la operación policial por los bienes perdidos durante la acción de la fuerza.

La administración pidió claridad sobre la forma de hacer el censo y, en mayo, la Corte respondió que no había aclaraciones por hacer y que le daba hasta noviembre 17 para cumplir con lo ordenado. Es en ese momento cuando el alcalde Gustavo Petro emite la resolución 022 en la que empodera a la Secretaría de Hábitat para cumplir con la sentencia.

Esa dependencia de la administración comienza entonces a trabar con la Junta y, después de mucho discutir, llegan a la conclusión de que son 167 familias las afectadas por la mafia de urbanizadores ilegales. “Nosotros tenemos reparos frente a ese censo. Primero, creemos que faltan por incluir a cerca de 15 familias. Y, segundo, consideramos que hay gente a la que se le piensa tratar como si solo tuviera el lote cuando ya tenía muros levantados. A ellos, que son más de 80, no les garantizarán el derecho a la vivienda que era lo que pedía la Corte”, dice Yeimy Patiño.

“Le vamos a dar vivienda solo a 80 que ya tenían su vivienda construida. A los que solo tenían el lote, se les reembolsará a valor de hoy lo que pagaron a quienes les vendieron y, además, se estudiará la forma de darles un subsidio de vivienda una vez presenten los papeles correspondientes”, dice María Mercedes Maldonado, secretaria de Hábitat.

Hábitat tiene hoy dos lugares establecidos para la reubicación, 38 viviendas en Bosa y 42 en Usme. De las 167 familias que están en el censo, hoy, 36 han aceptado mudarse al proyecto de vivienda en el barrio Bosa Porvenir al que se podrán mudar la próxima semana, según prometió Hábitat. Sin embargo, las demás no han aceptado.

“Esas viviendas quedan en los extramuros de la ciudad. No podemos aceptar una vivienda que no cumple con los mínimos que nos habían prometido. No son las condiciones para una restitución de derechos”, dice Patiño. Sin embargo, Hábitat dice que son viviendas con todas las garantías de servicios y condiciones para las familias afectadas. Es más, personas allegadas al proceso sostienen que si los vecinos de la Hacienda Los Molinos no han aceptado es porque desde la Junta y concejales de la oposición, les han prometido viviendas de mejores características a las que tenían. La Junta niega eso.

El discurso del alcalde Petro frente a la vivienda popular ha sido que, son las viviendas para los más pobres las que deben ser construidas en el centro ampliado y no en la periferia de la ciudad para, así, eliminar la segregación social. Sin embargo, en esta ocasión no ocurrirá así “porque tenemos una fecha perentoria y esa es la oferta de vivienda que hay en el momento. De todas formas desde el día uno, El 50% de la meta de plan de desarrollo para vivienda para los más pobres es fuera del centro ampliado. Y estos proyectos, que le ofrecemos a la comunidad de los Molinos cuenta con todas las garantías de derechos”, dice Maldonado.

También, en varias ocasiones, la administración ha dicho que los proyectos del centro ampliado están comprometidos con la población víctima del conflicto armado interno.

Por ahora, según conoció este diario, para la entrega de las 42 viviendas de Usme falta alrededor de un mes en promedio. También, hay cerca de 100 familias que no habían llegado en el momento del desalojo y que, por lo tanto, no serán tenidos en cuenta. Ahora, quedarán expuestos a un desalojo. Más cuando la inspección de Policía ya solicitó autorización y fecha a la Secretaría de Gobierno para continuar con la diligencia de desalojo.

Tampoco, se ha podido concertar cómo se remunerará a las personas que perdieron bienes en el desalojo. Este diario conoció que la Secretaría de Gobierno les está ofreciendo a las personas cerca de $60 mil pesos en promedio. La comunidad cree que, individualmente, perdió mucho más que eso.

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