En Colombia solo hay un comercializador autorizado

El rentable negocio de venderle pistolas eléctricas al Distrito, para la Policía

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Cada kit tiene una pistola, funda, dos baterías y seis cartuchos. Aunque el fabricante en EE. UU. se lo vendió al intermediario en $4,6 millones, este se lo revendió al Distrito en $11,6 millones. Pese a la amplia diferencia, el vendedor dice que sus precios no son desbordados y corresponden a un análisis financiero.

Por estos días, agentes de la Policía de Bogotá reciben instrucción sobre cómo usar las 495 pistolas eléctricas Taser X2 (doble disparo) que la Secretaría de Seguridad compró en noviembre pasado para dotar a la institución de “elementos menos letales, para inmovilizar mediante descargas a personas que estén alterando el orden público y minimizar la posibilidad de consecuencias mortales en las operaciones”. A pesar de que la compra cumplió los requisitos para justificar la contratación directa, las cifras detrás del negocio permiten plantear una inquietud: ¿se pagó de más?

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Y no fueron los primeros en dudar. Durante la compra, el Distrito comparó lo que había pagado por las mismas armas en 2018 y le preguntó al vendedor: si en 2018 cada kit (arma, dos baterías y seis cartuchos) costó $9,8 millones, ¿por qué en 2019 subió a $11,6 millones? Aunque en los documentos no reposa una respuesta oficial, las preguntas acabaron cuando el intermediario, Eagle Commercial, presentó una nueva cotización con un descuento de $51.000 por cada kit y el compromiso de ofrecer, sin costo, una capacitación a 40 policías. El descuento total fue de $33 millones, en un negocio de $5.700 millones.

Finalmente, en el aparte del contrato “Criterios para seleccionar la oferta más favorable”, la Alcaldía justificó la contratación directa diciendo que no existía pluralidad de oferentes, ya que Eagle Commercial era el único autorizado en Colombia para vender los productos de Axon. “Además, la empresa ha vendido en condiciones similares a otras entidades públicas”. Para reforzar el argumento relacionaron una serie de contratos en los que se ve cómo el precio del kit ha oscilado entre $8,9 millones y $13,6 millones. No obstante, nadie hizo consultas por fuera del país.

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Los que sí hicieron el ejercicio fueron los lectores, que luego de leer el artículo “Policía de Bogotá: con más pistolas eléctricas, de doble disparo”, publicado por este diario, buscaron el precio de fábrica. Con este dato, El Espectador comparó la oferta que Eagle Commercial le presentó al Distrito y el precio del fabricante en www.taser.com. A simple vista, y sin tener en cuenta costos de importación, pólizas o retenciones, se podría decir que la Alcaldía pagó más del doble. El vendedor refuta esto diciendo que si se tienen en cuenta costos directos e indirectos, los precios no son altos.

Cuentas

Para entender las dudas alrededor de los costos del contrato es clave conocer los precios detrás del negocio: por un lado, lo que pagó el Distrito por cada kit; por el otro, los precios que ofrece el fabricante en su página web, y, finalmente, los precios de importación que reportó el vendedor a las autoridades nacionales. Para hacer la comparación fue necesario convertir todos los valores en pesos, usando la tasa de cambio vigente en las fechas en las que se hizo cada movimiento comercial.

En primer lugar, al comparar el precio que le pagó el Distrito al intermediario por cada kit ($11,6 millones) y lo que le hubiera pagado si lo hubiera comprado directamente en la página del fabricante ($6,1 millones) se encuentra una diferencia de casi $5,5 millones por cada kit (casi 90 %). Al multiplicar este valor por 495, que fue la cantidad de armas que adquirió la administración el año pasado, el resultado es un margen de casi $2.700 millones.

No obstante, como Eagle Commercial es distribuidor exclusivo en Colombia, compra a un precio especial, que hace que el margen sea mayor. Según los manifiestos de importación consignados en la plataforma Daater.com, el vendedor compró cada kit en $4,6 millones y se los vendió $7 millones más caros al Distrito. En este caso, el negocio pudo haber representado una ganancia bruta cercana a los $3.422 millones. Esta misma dinámica se presentó en la compra que hizo la Alcaldía en 2018, en la que el importador pagó $2.012 millones por 545 pistolas y se las vendió en $4.985 millones.

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El gran negocio, los cartuchos

La compra de las pistolas eléctricas ya está cerrada. Sin embargo, el negocio que se prolongará en el tiempo será el de los cartuchos, que dependerá de la frecuencia con la que se usen las armas. De entrada, cada pistola viene con dos baterías, cada una con capacidad para 500 descargas o tiros. Para agotarlas se tendrían que comprar 1.000 cartuchos y cada uno, según la cotización que Eagle Commercial le presentó al Distrito, cuesta $269.400. Esto implicaría gastar $269 millones en proyectiles.

Ahora bien, la Policía de Bogotá cuenta actualmente en su inventario con 1.040 pistolas eléctricas, lo que implica que para agotar la vida útil de sus baterías (que no son recargables) se tendrían que gastar $300.000 millones en cartuchos, que sería la expectativa de negocio detrás de la venta de las pistolas eléctricas.

Sin embargo, tal parece que, por ahora, el uso de las pistolas no es tan frecuente. En los últimos dos años la empresa Eagle Commercial ha importado 12.913 cartuchos. Si bien todos los vendió al precio que le cobró a la Alcaldía ($269.400), la venta le ha representado un ingreso cercano a los $3.480 millones.

¿Qué dice el vendedor?

Eagle Commercial es un viejo conocido de la Policía, pues lleva más de una década vendiéndole pistolas eléctricas a la institución y diferentes equipos de seguridad. Ignacio Salamanca, su director administrativo, resalta que en todo este tiempo no han tenido reparos a sus productos, ya que cumplen todos los estándares de las autoridades colombianas. Respecto al amplio margen entre el precio que ellos le pagaron al fabricante y el precio al que se lo vendieron al Distrito en 2018 y 2019, dice que hay una serie de costos directos e indirectos que la gente no conoce y explican lo que para ojos ajenos al negocio parecen sobrecostos.

“Hay unos costos directos y otros indirectos. Por ejemplo, mantener el registro ante la Superintendencia de Vigilancia (en el 2019 pagaron $92 millones), el permiso de Indumil, ante las autoridades de Estados Unidos, tener el personal especializado, los capacitadores, los insumos para capacitaciones, y el soporte 24 horas. Esto hace parte de los gastos que prorrateamos con todos los contratos”, dice Salamanca.

“A esto se suma la garantía extendida por dos años, que representa el 30 % del valor del contrato, el 3,6 % en las estampillas de Bogotá, el 2,5 % de retención en la fuente, el 8 % corresponde a los costos de importación y nacionalización, los costos financieros, porque pagamos anticipado mientras el Distrito nos paga, y, finalmente, nosotros pagamos una póliza para cubrir daños, lesiones o muertes, en caso de problemas con la pistola”.

Por último están los costos asociados al soporte técnico 24 horas y las capacitaciones, que implican no solo al instructor, sino que cada alumno tiene que haber accionado el arma al menos una vez y cada cartucho cuesta alrededor de $200.000. “Son costos demasiado altos que la empresa tiene que sacar de los contratos. La Policía tiene unas exigencias altas. Para Eagle es un negocio rentable como cualquier otro, pero que también tiene sus riesgos. No se compra pan para vender pan. Nos toca proyectar los riesgos, como el precio del dólar, por ejemplo. Por eso le puedo asegurar que nosotros no tenemos precios desbordados”, concluyó Salamanca.

Si bien es entendible que cada compañía trabaja para obtener ganancias, la diferencia de valores, tanto en el negocio de 2018 como en el de 2019 (ambos firmados por Jairo García, exsecretario de Seguridad y hoy viceministro de Seguridad), según algunos expertos en contratación, no tendría justificación. Especialmente si se tiene en cuenta que, según el Estatuto Tributario, el armamento de uso privativo que se les vende a las Fuerzas Militares o la Policía está exento de IVA. ¿A quién le corresponde revisar si cuadran las cuentas? Los entes de control, si deciden revisar este caso, tendrán la última palabra.

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