La falta de agua, una justificación

El Rosal: ¿corrupción vs. desarrollo?

Al alcalde de este municipio lo procesa la Procuraduría porque habría pedido dinero o lotes a cambio de autorizar construcciones. El mandatario desmiente la acusación y dice que ha frenado nuevas urbanizaciones para proteger el pueblo de un crecimiento desbordado.

A finales de 2015, en El Rosal habilitaron 136 hectáreas para construir. / Gustavo Torrijos - El Espectador

La proyección del desarrollo urbano hacia el occidente de Bogotá, con planes como los del Distrito de construir viviendas a orillas del río, ampliar la calle 80 o llevar troncales de Transmilenio hasta los límites de la ciudad u obras como el tren de cercanías o el aeropuerto El Dorado II, han despertado en los municipios de la sabana gran interés por habilitar suelo para urbanizar y ofrecer alternativas a los ciudadanos que no tienen cómo comprar vivienda en la capital.

Sin embargo, ese interés se ha prestado para todo. Desde casos como el irregular “volteo de tierras”, para convertir zonas agrícolas en urbanizaciones, hasta batallas como la que hoy se vive en el municipio de El Rosal, entre el alcalde Hugo Orlando Arévalo y los dueños de varios lotes. Estos últimos tienen casi todo listo para empezar a construir, pero el mandatario se los ha impedido.

La pelea está en los siguientes términos: mientras los afectados denunciaron al mandatario por corrupción, señalando que él les ha pedido coimas, lotes y hasta casas para dejar avanzar sus proyectos, el alcalde se defiende diciendo que ellos buscan enriquecerse poniendo en riesgo al pueblo con un crecimiento desbordado, para el cual no están preparados. Ambas posiciones con un telón de fondo: el agua.

Antes de explicar los pormenores del pleito, algunos datos claves. El Rosal tiene 4.000 viviendas, 17.000 habitantes y está a escasos 20 kilómetros de Bogotá, a orillas de una de las principales vías de acceso a la capital: la autopista a Medellín. Hoy el casco urbano ocupa 82 hectáreas, de las cuales 28 están por urbanizar. Su ubicación y los planes de desarrollo hacen de este municipio una zona atractiva para cualquier constructor.

Y pensando en esa posibilidad de crecer, el 28 de diciembre de 2015 y a dos días de terminar su período, el Concejo, presidido por Fernando Sánchez Hidalgo, y el alcalde Luis Jaime Forero Salgado aprobaron el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), que habilitó 136 hectáreas (que eran agrícolas) como suelo de expansión. Hoy la cabecera municipal ocupa 54 hectáreas y cuenta con 164 para urbanizar, en las que se podría construir tres veces el pueblo.

A pesar de que a simple vista podría parecer una exageración haber habilitado tanto terreno para construir, según los documentos, el EOT cumplió los trámites de ley, como cabildos abiertos, pasó la revisión del Consejo Territorial de Planeación, dos debates en el Concejo municipal (el 18 y el 28 de diciembre de 2015) e, incluso, contó con el visto bueno de la CAR, autoridad ambiental que aprobó la concertación sin peros.

Tres días después de aprobado el EOT y para el período 2016-2020, se posesionó Hugo Arévalo, quien participó en las elecciones como candidato del Partido Liberal y de Cambio Radical. Y fue ante su administración que llegaron algunos propietarios de los 40 lotes declarados como zona de expansión para iniciar los trámites necesarios para echar a andar sus proyectos. Sin embargo, dicen, se encontraron con una serie de trabas.

Oficialmente y desde el principio, el argumento de Arévalo fue que el EOT estuvo mal diseñado, que fue exagerado habilitar tantas hectáreas para expansión y que la población no estaba en capacidad de garantizar el suministro de agua a las nuevas obras. Y lo sustentó con cifras: dijo que hoy los habitantes consumen 28 litros de agua por segundo, garantizados gracias a que el acueducto puede producir hasta 66. Es decir, actualmente podría abastecer la demanda, incluso si se duplica su población. No obstante, con la dimensión de los nuevos proyectos no daría abasto.



Las denuncias

Aunque parece un argumento razonable, para los afectados esa no es más que una fachada para aprovechar el momento y poder extorsionar a quienes pretenden construir. Por eso, los hermanos Guillermo y Andrés Leaño, Julián Giraldo y Alberto Cuéllar, dueños de los lotes más grandes de la zona de expansión (suman 40 de las 136 hectáreas autorizadas), lo acusaron ante la Procuraduría y la Fiscalía, con documentos en mano y comprometedoras grabaciones.

El detonante de la denuncia fue una reunión en septiembre del año pasado, a la que asistieron funcionarios, concejales y propietarios de predios. En ella, Arévalo les dijo que, según un estudio que contrató, para el municipio poder construir el acueducto y el alcantarillado en las zonas de expansión, los dueños de las tierras debían donar $938 millones por hectárea.

“Somos cinco personas las que denunciamos y se sumarán más. Nos unimos, porque nos estaba extorsionando de dos formas: por un lado, nos venía pidiendo plata desde su primera administración para dejar construir. Por el otro, nos exigió esa multimillonaria donación por hectárea para poner los servicios públicos, so pena de sacarnos de la zona de expansión, algo que no tenía ningún sustento ni justificación”, resalta Alberto Cuéllar.

Para ellos, detrás del discurso de Arévalo hay una práctica que supuestamente viene aplicando desde que fue alcalde en 2008: pedir coimas a cambio de permisos para construir. Cada uno tiene su historia. Los hermanos Leaño, por ejemplo, dicen que en la primera alcaldía les pidió $60 millones, después subió a $120 millones y recientemente les pidió $300 millones y una casa por hectárea, para no frenar sus proyectos. Por su parte, Giraldo dice que en 2008 le pidió plata para no cambiarle el uso del suelo a su propiedad. “Como me negué, un lote donde podía construir casas campestres lo declaró zona agrícola”, indicó.

Pero una de las denuncias más dicientes, respaldada en documentos y grabaciones, es tal vez la de Sigifredo Miranda, quien contó cómo luego de comprar un lote lo abordó un ingeniero que le dijo que él iba a desarrollar la zona, le mostró unos planos detallados y en ellos, ocho predios marcados. “Me dijo: dos son para el alcalde, dos para el jefe de planeación, dos para los concejales y dos para mí. Me los exigía a cambio de no frenar la obra y evitar que construyeran una vía por mi predio”.

Fue por las denuncias de este grupo de propietarios, quienes dicen haberse negado al chantaje y que han visto frustrados multimillonarios proyectos, que la Fiscalía le abrió una investigación a Arévalo y la Procuraduría General lo suspendió de su cargo, junto a cinco concejales, mientras avanza el juicio disciplinario en el que un representante del Ministerio Público analizará las pruebas y determinará si el alcalde incurrió o no en actos de corrupción.

“Son mentiras”

Para todas las acusaciones, Arévalo tiene una justificación, un documento o una declaración extrajuicio. Para él, las denuncias tienen un origen claro: “Con el cambio de uso de suelo, sus predios pasaron a valer miles de millones y yo, como alcalde, debo velar por el bienestar del municipio. No tenemos cómo proveer agua a nuevas urbanizaciones en las zonas de expansión y mientras ellos no garanticen ese suministro, nada puedo hacer. Han presentado pruebas falsas para mostrarme como un delincuente, pero con pruebas estoy desvirtuando sus mentiras”, dice.

Y da algunos datos: afirma que el pueblo hoy tiene 4.000 viviendas y en la nueva zona de expansión se podrían construir 20.000 viviendas más. “Si siendo pequeño como es el pueblo tenemos problemas con el agua, como ocurrió hace dos años que nos tocó declarar la emergencia, imagínese con esa cantidad de habitantes”.

Arévalo explica que al asumir como alcalde encontró un EOT desproporcionado y de inmediato convocó a reuniones para decirles a los dueños de los predios que la única manera de mantener intacta la zona de expansión era que ellos garantizaran los servicios públicos o, de lo contrario, tendría que reducirla a un 40 %. “El haberles dicho que debían pagar $938 millones por hectárea para construir el acueducto, alcantarillado y las obras de saneamiento básico, fue el detonante. Ellos alegaron que tenían derechos adquiridos y que el tema de los servicios lo debía garantizar el municipio”.

El alcalde agrega que su advertencia no era caprichosa y se apoya en un informe preliminar que elaboró la firma Consultar Natural ING SAS, que él contrató para analizar el EOT. El estudio concluye que aparentemente hubo inconsistencias en su expedición, al punto de autorizar “a nuestro parecer, un aumento injustificado de las zonas de expansión”, dice el informe.

Y lo sustentan diciendo que el municipio tiene un déficit en desarrollo en el área urbana, que se evidencia en la falta de cobertura total de acueducto y alcantarillado, así como en la deficiente prestación de servicios de salud y educación. Además, que la tasa de crecimiento de la población no era suficiente para haber autorizado tantas hectáreas para urbanizar, lo que sumado a las falencias en la capacidad administrativa de la alcaldía, ponía en entredicho el EOT.

“El origen de este pleito es algo que los denunciantes han dicho directamente: con el cambio de uso, sus predios pasaron de costar $10.000 millones a $50.000 millones. Me acusan de no dejarlos construir, pero yo estoy cumpliendo mi deber de no dejar acabar con El Rosal. Es que no solo se trata del agua. Los proyectos también implican construir un hospital, colegios y vías… ¿Y quién debe asumir eso? Considero que los urbanizadores, pero ellos dicen que lo debe hacer la administración”.

A pesar de que hay declaraciones, documentos y grabaciones en contra del alcalde, en las que se escuchan supuestos pedidos de dinero, él insiste en que al hablar de lotes, se refiere a los terrenos que deben ceder los dueños de la tierra a favor del municipio, pero nunca para él. “Son tantas las mentiras que incluso me acusaron de cambiar el uso de suelos de unos predios, dizque porque no me dieron plata. Sin embargo, tengo el certificado que demuestra que ese cambio fue en 2005, cuando yo no era alcalde. Todo lo armaron los denunciantes y no tienen evidencia que me incrimine”.

A pesar de todas las explicaciones, los denunciantes insisten en que el alcalde es corrupto. “Él se escuda en que el EOT estuvo mal diseñado, que son muchas hectáreas como expansión y que es injustificado, teniendo en cuenta el crecimiento del pueblo. Pero lo cierto es que él está aprovechando que hay un alto interés en adquirir vivienda en esa zona. Hay personas que viven en Soacha, pero trabajan por el corredor de la calle 80 y quieren vivir al occidente, no al sur. Somos conscientes de que los servicios públicos los tenemos que instalar nosotros, pero es absurdo que nos pretenda cobrar $120.000 millones cuando sabemos que hacerlo vale menos”, concluye Cuéllar.

Esta batalla ahora está en manos de los entes de control, que tendrán que analizar las evidencias y decir al final quién tiene la razón.