El Triángulo: un barrio a la sombra de la ilegalidad por más de 40 años

El Triángulo queda a 15 minutos del barrio San Cristóbal. Lleva 40 años en la ilegalidad. / Gustavo Torrijos

Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Para llegar a la parte más alta de la localidad de San Cristóbal, en el sur de la ciudad, hay que transitar por una vía terminada a retazos. Allí, en la loma donde empiezan los cerros orientales, está incrustado el barrio El Triángulo, una improvisada urbanización ilegal que cumple casi 40 años, donde los postes de luz prácticamente se recuestan sobre las casas, hechas con zinc, concreto y trozos de madera. Por su condición de ilegalidad, el abandono estatal es evidente y la lista de necesidades, larga: no hay buenas vías de acceso, rutas de transporte público, ni parques. Incluso, hay casas sin agua.

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La historia de El Triángulo se remonta a los años 60, cuando se asentaron los primeros residentes, quienes luego de caminar por trochas, instalaron sus cambuches. Hoy hay una vía a medio hacer (construida hace dos años), viviendas mal cimentadas y servicios públicos que llegan de forma intermitente. Sus habitantes, cansados de estar excluidos de los planes de la administración, han librado innumerables batallas para que los reconozcan como parte de Bogotá. Las 130 familias del sector luchan para que su barrio sea legalizado.

William Huertas, presidente de la Junta de Acción Comunal, llegó hace 20 años a El Triángulo, tiempo durante el que ha tenido que enfrentarse al Distrito a punta de resistencia, para evitar que él y sus vecinos sean desalojados. La primera batalla fue en 1999, cuando le informaron a la comunidad que sus predios estaban en zona de riesgo. No lo creyeron hasta que las casas de dos de sus amigos se vinieron al piso y otras tantas se agrietaron. Tras el incidente, algunas familias tomaron la decisión de marcharse. Otras, sin embargo, se quedaron.

Luego, otra notificación: parte del barrio estaba sobre la zona de reserva de los cerros orientales, algo que los obligaba a desalojar. De nuevo, las personas se negaron a dejar la vida que habían construido en tantos años. Y aunque eran conscientes de que la muerte les pisaba los talones, la necesidad los retenía. “La Alcaldía solo nos ofrecía $40 millones por cada casa y, la verdad, con esa plata uno no consigue nada digno y menos un lugar donde reciban familias con 5 o 6 niños. En el barrio no tenemos grandes lujos, pero cabemos todos. Nadie pone problema por vivir un poco apretados”, señala Huertas.

Panorama

En El Triángulo, muchos ranchos siguen pegados ilegalmente a los postes de electricidad. La mamá de Tatiana Bejarano, quien ha pasado toda su vida en esas calles, vive en una casa de madera y sin servicios públicos, que le construyó la organización Un Techo para mi País. Su vecina es quien le pasa el agua por una manguera y la deja “colgar” de la luz a cambio de unos pesos. La misma situación la viven las personas que llegaron a la zona después del 2003. Pues, según la ley, solo quienes se asentaron en un barrio ilegal antes de ese año pueden acceder a servicios públicos.

Tampoco tienen escuela. La más cercana queda en el barrio Manantial, a 15 minutos, y los padres se niegan a llevar a sus hijos a ese lugar, por los problemas de inseguridad y la supuesta olla de microtráfico que hay en el sector. “Allá matan a la gente, roban y se ve vicio. Nosotros hicimos un pacto con ellos y es que mientras no se metan con nosotros, todos estamos quietos. Como por acá poco sube la policía, los problemas se solucionan con acuerdos. Otros lo hacen a las malas”, agrega Tatiana.

Para educar a sus hijos, sus habitantes prefieren matricularlos en el colegio de La Roca, que queda a tres kilómetros. Cuando los cupos no alcanzan para todos los niños de El Triángulo, deben buscar en las instituciones educativas del 20 de Julio. La mayoría de estudiantes, por falta de dinero, tienen que irse a pie, recorrido que puede durar entre media y una hora. Los que corren con más suerte, abordan en la loma un carro particular “más lleno que un Transmilenio en hora pico”, para bajar hasta San Cristóbal, donde pasan los buses. El transporte informal les cobra $2.000.

Según los vecinos, la población más vulnerable del barrio son los niños. Por lo general, viven en hogares con madres cabezas de familia que no permanecen mucho tiempo a su lado, por las obligaciones del trabajo. Así que al llegar del colegio, el único espacio de distracción con el que cuentan es una cancha de básquet llena de piedras, que refleja su vejez en el óxido de sus barrotes y en la falta de canastas. A las 6:00 p.m. la oscuridad se apodera del lugar y con ella el olor a marihuana. Sin embargo, casi todos los niños se quedan allí hasta pasadas las 9:00 p.m.

Cambios

Por fortuna, en 2013 el Consejo de Estado ordenó que se evaluara la situación de los barrios ilegales de San Cristóbal y se adelantara su normalización. Además, que reubicaran a aquellos que vivieran en predios en “riesgo no mitigable”. Sin embargo, esos procesos no han concluido. Desde la Secretaría de Planeación explican que, de los 60 barrios informales de esa zona, 34 fueron legalizados antes del fallo. De los restantes, 11 ya terminaron el trámite para la normalización y a los demás les faltan estudios, particularmente sobre la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado.

“El Triángulo está en proceso de legalización. Las empresas de servicios públicos ya hicieron un estudio e identificaron los sectores donde podrán poner agua, luz y gas. En los que no, las familias tendrán que ser reubicadas.”, asegura Glenda Luna, directora de legalización de la Secretaría de Planeación. Agrega que de 130 predios existentes en el barrio, solo 40 podrán permanecer. Es decir, 90 serán reubicados por estar en áreas de riesgo. Así empieza la cuenta regresiva de un barrio que ha esperado décadas para salir de la ilegalidad. De acuerdo con la entidad, se estima que en dos meses y medio será reconocido.

Para Tatiana Bejarano el anuncio es una gran noticia, porque ahora la Alcaldía local sí dirigirá su mirada hacia el sector, se dará cuenta de que existen y contemplará las propuestas que han planteado los habitantes para hacer de ese territorio un lugar mejor. Por su parte, el presidente de la Junta Comunal espera que el Distrito le inyecte capital social a la zona, para construir espacios de recreación que puedan aprovechar los niños y adultos mayores, con el fin de sepultar los tiempos de abandono y pobreza que han caracterizado a este sector.