El turno de Petro con el lote del Country Club

Aunque el Distrito tiene vía libre para adelantar el proyecto que formuló Peñalosa para esta zona, administraciones anteriores negociaron con los directivos del Club para frenar el proceso.

En las 7,6 hectáreas que le fueron expropiadas al Country Club se realizan actividades como yoga, frisbee y vuelo de cometas. / Gustavo Torrijos - El Espectador

Pasaron 14 años antes de que el Distrito le ganara el pulso al Country Club de Bogotá. En última instancia, el Consejo de Estado resolvió la batalla jurídica que comenzó la administración de Enrique Peñalosa para expropiarle 7,6 hectáreas a su propiedad privado, justo donde funcionaba la cancha de Polo. El alto tribunal avaló la decisión de entregarle una zona verde más a la ciudad y dejó en manos del alcalde Gustavo Petro la responsabilidad de definir cuál será el futuro que tendrá la zona, que desde 2007 fue utilizada para deportes pasivos y festivales como Jazz al Parque.

El plan que Peñalosa lanzó en el año 2000 era más ambicioso que 7,6 hectáreas. Contemplaba que todo el terreno del Country Club, es decir, sus 103 hectáreas, entre las calles 129 y 134, se convirtiera en un parque Metropolitano como el Simón Bolívar, de manera que se pudieran aumentar las áreas verdes de la ciudad. También se tenía presupuestado extender la carrera 15 hasta la calle 134, idea que había aprobado el Concejo Distrital.

A pesar de que el Country Club fue catalogado como zona verde metropolitana en 1979, sus directivos se negaron a negociar la venta del terreno con la administración de Enrique Peñalosa. Al Distrito no le quedó otra salida que instaurar una demanda de expropiación de las 7,6 hectáreas en donde funcionaba la cancha de polo. De esta manera garantizaba, por lo menos, la extensión de la carrera 15. El proyecto quedó a cargo de la administración de Antanas Mockus, que en 2003 expidió el “Plan de Reordenamiento de los predios del Country Club”, en el que determinó una intervención integral en torno al parque, incluyendo reserva para extender vías y espacio público.

El proceso judicial para expropiar el terreno avanzaba a paso lento por los recursos legales que instauraron los directivos del Country. En 2007, el Distrito adelantar un pago de $5.271 millones (el 50% del avalúo del predio apra ese momento) y el terreno quedó en sus manos mientras los jueces tomaban una decisión de fondo. Desde entonces, el parque se usó para “actividades de recreación pasiva”.

Lo que viene

En el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), entidad que en los últimos siete años ha administrado la cancha de polo, se debate el futuro del terreno expropiado. Según la entidad, se han recaudado cerca de $10 mil millones por concepto de valorización, que se invertirían en la construcción del parque.

El dinero estará congelado mientras el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) entregue un avalúo definitivo del predio. Fuentes del IDRD le dijeron a este diario que “existen maniobras dilatorias para demorar el avalúo. Es pertinente que se prepare una denuncia ante el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría y la Fiscalía para acelerar el proceso. Sin el avalúo, el IDRD no puede publicar el plan para construir el parque”.

Una vez el Distrito tenga las escrituras, podría cumplir con la retrasada extensión de la carrera 15. El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), William Camargo, tiene claro que hay una zona de reserva en el área del Country destinada al desarrollo de la obra. Sin embargo, no se ha aclarado cómo se financiará la vía. Y aunque el plan todavía está en el papel, a las oficinas del IDRD han llegado las primeras quejas de algunos vecinos que temen que el lugar se convierta en “un nicho de ruido y de vendedores ambulantes”.

Diálogos secretos

A pesar de la oposición que presentaron los miembros del Club durante este largo duelo, alegando incluso que Enrique Peñalosa sentía una “animadversión” por el Country, ahora su presidente, Guillermo Sanz de Santamaría, habla con un tono más conciliador. “En diversas administraciones hemos propuesto alternativas para que el terreno sea productivo, tanto para el Distrito como para el Country. Con los últimos alcaldes hemos tenido las mejores relaciones, es más, nos reunimos personalmente con el alcalde Samuel Moreno, con la doctora Clara López y con el alcalde Gustavo Petro. Lo importante es llegar a un acuerdo”.

Precisamente, en estas reuniones se planteó retrasar el proceso de expropiación y darle un respiro al Country, como se lo dijeron varias fuentes a El Espectador. De hecho, así lo demuestra un documento que presentó el pasado jueves el abogado Juan Carlos Rozo, apoderado del Distrito desde que comenzó el pleito, al director del IDRD, Aldo Cadena. “Desde el 28 de mayo de 2010 hasta octubre de 2012 se instalaron mesas de trabajo con participación de los asesores del despacho del alcalde mayor, tendientes a revertir extrajudicialmente, y a solicitud del Country Club de Bogotá, los procesos de expropiación”.

De acuerdo con el apoderado, quien libró la batalla durante los 14 años, los asesores de Samuel Moreno y Clara López propendieron para “que se adelantasen estudios que legitimaran una reversión y/o conciliación de la demanda de expropiación (...) El 5 de octubre de 2011 promovieron una reunión, cuyo propósito era precisar los detalles de la devolución del predio en el proceso de expropiación”. Rozo y algunos funcionarios del Distrito se opusieron a estas propuestas y el proceso judicial continuó su curso.

La exalcaldesa Clara López, del Polo Democrático, admitió que hubo encuentros con los directivos del Country: “Tuvimos muchas reuniones y no nos alcanzó el tiempo para llegar a ningún acuerdo. Como tenía que haber una conciliación con la Procuraduría, no alcanzamos. Mientras el proceso avanzaba, estábamos examinando si se podía hacer un parque longitudinal, pero la propuesta no resultó favorable para la ciudad”.

Ahora que el Consejo de Estado avaló la expropiación de la cancha de polo, queda la duda de si el alcalde Gustavo Petro continuará con los planes pactados en las administraciones de Mockus y Peñalosa. Fuentes cercanas al proceso le dijeron a este diario que “Petro no ha definido su postura. Se le presentó un dilema, porque el presidente Juan Manuel Santos ha sido muy cercano al Country y adelantar obras sin acordarlas con los directivos del Club podría generar malestares”.

Más allá del tema político, Petro tiene la oportunidad de darle vida al “Plan de Reordenamiento de los Predios del Country”, firmado en 2003. Este también fue demandado por los directivos del Club y con el fallo del Consejo de Estado vuelve a quedar en firme. Si se aplica, Bogotá ganaría más de 500 mil metros cuadrados en espacio público. Una cifra nada despreciable en una ciudad que tiene un gran déficit en esta materia, pues el promedio de espacio público verde por habitante es de apenas 6,32 metros cuadrados, cuando el estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 15 metros. 

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