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La Cárcel Distrital fue acreditada por la Asociación Americana de Correccionales (ACA), por mejorar la condición de sus funcionarios e implementar buenas prácticas para atender a los presos. Dentro de los puntos evaluados por la asociación estuvieorn la seguridad, la salud de los presos, las condiciones de las instalaciones físcas, los procesos de resocialización, el profesionalismo de los guardiaas, su seguridad en el trabajo y la tranquilidad para los habitantes que viven cerca de la cárcel.
El pasado viernes, la acreditación fue entregada de las manos de Christopher Landberg, director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y aplicación de la ley, de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. De acuerdo con Lanberg, la acreditación es solo el primer paso para lograr los altos estándares en establecimientos carcelarios, sin embargo, el verdader reto es continuar con el constante mejoramiento.
(Lea: Cárcel Distrital recibió acreditación internacional)
Por su parte, Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, afirmó: "este reconocimiento se convierte al mismo tiempo en una exigencia constante para continuar mejorando día a día”. Y, añadió que la inversión al establecimiento carcelario fue clave en el camino para recibir la acreditación, "le destinamos recursos importantes, le destinamos más de $20.000 millones del presupuesto. Un recluso acá tiene un costo de $1’800.000, porque en todo sentido tiene una mejor atención".
De acuerdo con Jim Gondles, auditor de la firma, la Cárcel Distrital de los 137 estándares, en los que 40 son de obligatorio cumplimiento, alcanzó los 40 puntos posibles; los otros 97 son opcionales, de estos cinco no aplican para el establecimiento carcelario, razón por la cual fueron evaluados 92 y obtuvieron 91 puntos.
No obstante, el secretario de Seguridad, Jairo García, afirmó que para lograr el aval se requirió un cambio de cultura organizacional, un cambio institucional. Y señaló que aún quedan retos por cumplir en la cárcel, como por ejemplo, industrializarla, pues es una manera de otorgarle a las personas privadas de la libertad la posibilidad de generar ingresos para apoyar a sus familias.
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