La empresa proveedora de inteligencia que generó dudas alrededor de Canal Capital

En medio de las acusaciones por el supuesto monitoreo a periodistas desde ese canal, emergió el nombre de Curacao. Esta empresa, además de proveer tecnología para TV, ha sido protagonista del desarrollo de las plataformas de interceptación en Colombia.

Curacao es la representante local de Verint Systems, una de las mayores proveedoras de servicios de vigilancia en el mundo. / Archivo
Curacao es la representante local de Verint Systems, una de las mayores proveedoras de servicios de vigilancia en el mundo. / Archivo

En noviembre pasado, los medios ventilaron los supuestos seguimientos a varios periodistas y políticos críticos de la Alcaldía en los que habría incurrido Canal Capital cuando el hoy concejal progresista, Hollman Morris, era su gerente. Juan Carlos Granados, el contralor distrital, les dio crédito a las publicaciones ordenando una inspección en las instalaciones del canal. La indagación, declaró, terminó en el hallazgo de contratos que le llamaron la atención porque se firmaron con una empresa dedicada a “labores de monitoreo”.

Morris, por su parte, sostuvo que se estaba fraguando un montaje en su contra, y dio el nombre de la llamativa empresa: Curacao S.A. Explicó que es la representante de Sony en Colombia y la buscaron para adquirir las cámaras de la unidad móvil y renovar la tecnología del canal. En poder de la Contraloría hay 12 contratos cuyo objeto ratifica esa versión: la empresa le prestó servicios al Canal relacionados con la provisión y mantenimiento de productos para hacer televisión.

El Espectador estableció que, de todas formas, la historia de Curacao está ligada a una gama de servicios muy amplia. Tanto que, además de suministrar cámaras, ha sido clave en el desarrollo de las plataformas de vigilancia e inteligencia en Colombia.

Curacao y las plataformas de vigilancia

Curacao ha firmado al menos 59 contratos con el Estado en los últimos 10 años, por un valor de $95.700 millones. Entre los organismos públicos a los que les ha prestado servicios están la Presidencia y las Fuerzas Militares, así como la Secretaría de Movilidad de Bogotá y Canal Capital. Con este último firmó, entre 2012 y 2015, 12 contratos por $2.960 millones, lo que la convirtió en el mayor contratista privado del canal durante el período que Gustavo Petro estuvo en la Alcaldía y Morris en la gerencia del canal.

Fue clave en la implementación de las plataformas de vigilancia en Colombia. Hacia 2005, la Policía decidió poner en marcha un sistema que se adaptara al nuevo panorama tecnológico. Entonces estaba consolidándose el uso de la telefonía móvil de tercera generación (3G) en el país, y Esperanza, la plataforma de interceptación que se había usado hasta entonces se estaba volviendo obsoleta.

El sistema que la Policía escogió para ponerse a la vanguardia fue la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis (PUMA), “basada en una tecnología considerablemente más potente e invasiva que la de Esperanza, que utiliza tecnología concebida específicamente para recopilar todos los datos que pasan por los cables para su posterior análisis”, se lee en los informes Un estado en la sombra y Demanda y oferta: la industria de la vigilancia al descubierto, realizados en el segundo semestre de 2015 por Privacy International (PI), una ONG británica que ha hecho investigaciones en más de 50 países, dedicada a “vigilar las invasiones de la privacidad por parte de gobiernos y corporaciones”.

PUMA fue desarrollada por Verint Systems, una de las multinacionales más grandes en el mercado de la inteligencia en el mundo, con ingresos anuales cercanos a los US$1.000 millones y que presta sus servicios a organismos como la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA). Para poner a funcionar su plataforma en Colombia era necesaria la participación de Curacao, pues esta es la representante y proveedora exclusiva de Verint en Colombia. Con PUMA, las autoridades colombianas podían “interceptar y almacenar, potencialmente, todas las comunicaciones transmitidas por los cables de alto volumen que componen la troncal de la que todos los colombianos dependen para hablar entre ellos y enviarse mensajes”, dice PI.

A partir de 2005, Verint Systems envió a sus técnicos a Colombia para que implementaran el sistema. De acuerdo con PI, “los analistas de las 20 estaciones de trabajo eran capaces, al menos en teoría, de grabar conversaciones, captar 100 millones de registros de datos de llamadas al día e interceptar 20 millones de mensajes de texto diarios”.

Curacao quedó a cargo del desarrollo preventivo y correctivo del software y de capacitar a los agentes de Policía para su uso. Mientras cumplía con ese trabajo, que le representaba al menos $5.000 millones en contratos directos, les prestaba servicios relacionados con vigilancia a otras entidades estatales. Incluso, en agosto de 2011, en pleno escándalo de las chuzadas a periodistas, magistrados y opositores del gobierno de Álvaro Uribe, Curacao firmó un contrato con el DAS para garantizar “el pleno funcionamiento del sistema de la sala de análisis de información integrada”.

En 2013, la Policía decidió ampliar la capacidad de su vigilancia. Entre otras cosas, pretendía implementar un sistema capaz de monitorear internet. Así comenzó el proceso para escoger la entidad que llevaría a PUMA al siguiente nivel. Una tarea para la que fueron presupuestados alrededor de $50.000 millones.

Curacao entró en competencia. Durante casi una década se había esforzado por mantener su exclusividad en el manejo de la plataforma. Se metió en la carrera su competidora directa, Eagle Comercial, representante local de NICE Systems, que a su vez es la rival mundial de Verint Systems. Dos de las principales empresas del mercado de la inteligencia en el mundo estaban enfrentadas a través de sus representantes colombianas.

Eagle, finalmente, se ganó el negocio. A su cargo estaría la implementación del nuevo sistema Súper PUMA. Su desarrollo, sin embargo, se detuvo en 2014 por orden del entonces fiscal general, Eduardo Montealegre. Para el funcionario, esa nueva plataforma podría volverse “una rueda suelta”, ya que el sistema, como estaba planteado, le entregaba a la Policía facultades de interceptación que sólo puede tener la Fiscalía.

Pese a que se quedó sin el nuevo contrato, Curacao no salió del negocio. Por ejemplo, entre 2012 y 2015, según un informe de la Contraloría Distrital, suscribió cuatro contratos con el Fondo de Vigilancia de Bogotá, que suman $872 millones, para hacer el mantenimiento de la sala de monitoreo Turquesa, al servicio de la Policía Metropolitana.

Lo que queda claro es que esta empresa, principal contratista privado de Canal Capital durante la administración anterior, provee una gama amplia de productos, sobre todo en comunicaciones, pero también es una de las grandes en el mercado de la inteligencia. Serán la Contraloría y la Personería, que ya están investigando el caso, las encargadas de determinar hasta dónde llegó el trabajo que Curacao hizo para el Distrito.

Temas relacionados