Monstruo imparable

En 2020 se han denunciado al menos 51 casos de "bullying" en Bogotá

Las cifras sobre presuntos casos de matoneo, además del subregistro, tienen en alerta a las autoridades, que realizan acciones para evitarlo.

Sumapaz es la localidad que menos casos ha reportado desde 2018, con solo dos. / Getty Images

Ha pasado un mes desde que una menor de 13 años fue brutalmente agredida por sus compañeras del colegio José María Vargas Vila, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, y aún no se sabe con exactitud por qué fue atacada. Según la madre de la víctima, la menor salió del colegio cuando fue sorprendida por otras estudiantes de la institución, que la golpearon y la lanzaron por unas escaleras.

Aunque, según la Secretaría de Educación (SDE), todo obedeció a una discusión entre un grupo de niñas dentro del plantel académico, lo cierto es que las heridas que sufrió la víctima fueron tan graves que tuvo que ser trasladada a la Unidad Médica Hospitalaria Especializada, donde estuvo internada casi quince días. Hoy, a pesar de que la menor está fuera de peligro, recibe atención para su recuperación física y emocional.

Este caso de bullying (matoneo) es solo uno de los cientos que ocurren en los colegios de la capital. Cifras de la SDE evidencian que en los últimos dos años aumentaron un 36 % los reportes de hostigamiento o acoso escolar en los colegios distritales, al pasar de 639 denuncias en 2018 a 868 en 2019. Con una particularidad: las principales víctimas fueron niñas, que tenían de trece a quince años.

Según las estadísticas oficiales, las formas más frecuentes de discriminación en los entornos escolares son el aspecto físico (16,9 %), la identidad o expresión de género (14,9 %) y el ser víctima del conflicto u otros tipos de violencia (7,8 %). Con menor porcentaje, siguen las burlas por el rendimiento académico (5,2 %), ser un estudiante en condición de discapacidad (3,5 %) o su situación socioeconómica (3,6 %).

Al analizar las cifras en detalle de 2018 y 2019 se encuentra que localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar y San Cristóbal concentran la mayoría de denuncias, pero se encienden las alarmas en Los Mártires, Puente Aranda y Usaquén, donde prácticamente se triplicaron los reportes.

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No obstante, hay una lectura adicional, que revela las zonas donde hay mayor riesgo de ser víctima de este tipo de acoso escolar: la tasa de casos por cada 100.000 alumnos. En la ciudad, este indicador pasó de 67 denuncias en 2018 a 91 en 2019, pero en las localidades del centro está disparado, especialmente en Santa Fe y Antonio Nariño, donde se reportan 311 y 206 casos respectivamente (ver gráfico).

Señales de alerta

Aunque para algunos las cifras podrían parecer manejables, teniendo en cuenta que en los colegios distritales hay casi un millón de alumnos, para nadie es un secreto que detrás de este panorama existe un subregistro que impide conocer la verdadera dimensión del problema. “Tenemos muchos casos de hostigamiento escolar, pero las víctimas nunca les dicen a sus padres, así que no se reportan debidamente. Esto deriva en que no se le pueda hacer un seguimiento más riguroso a esta problemática”, señala Deidamia García, subsecretaria de Educación.

De ahí la importancia de que los padres conozcan las señales de alerta, para identificar cuándo un niño es una posible víctima de acoso escolar, especialmente, porque los responsables no siempre son compañeros de clase. Hay casos, como el del estudiante Sergio Urrego, en el que los promotores del matoneo son los directivos, profesores o empleados del mismo plantel educativo.

Yésica Méndez Moreno es psicóloga infantil del Grupo Confianza Psiada, que se dedica a la consultoría para menores que sufren déficit de atención. Según ella, hay formas de identificar el problema. Por ejemplo, cuando de manera inesperada el niño se torna agresivo con sus padres, cuando es muy introvertido o muy extravertido, si llora al entrar a la institución, si se resiste a llegar a la casa o a que lo recoja un familiar. Estas situaciones indican que algo no anda bien en el colegio y ameritan una intervención preventiva.

Méndez indica los pasos a seguir cuando hay sospechas de un caso de matoneo: lo primero es un tratamiento terapéutico, que depende de si el caso es leve o grave. Si se trata de un caso de mayor profundidad, lo recomendable es que el tratamiento se haga con acompañamiento de los padres.

“Los padres tienen que forjar el carácter y la personalidad. Enseñarles que una cosa es ser noble y otra dejarse atacar por otras personas”, concluyó Méndez. En toda esta problemática, insiste, se torna clave la educación que los menores reciben en casa, pues de esa forma podrán enfrentar el problema y no quedarse callados.

¿Qué pasa con los colegios?

Si bien, en el caso de la estudiante del colegio José María Vargas Vila, la Secretaría de Educación estuvo pendiente de la alumna, los que brillaron por su ausencia fueron los directivos del plantel educativo. Al menos, así lo denuncia la madre de la víctima, quien asegura que ninguno se tomó la tarea de preguntar por el estado de salud de su hija. “Desde el colegio nunca se comunicaron ni con el hospital ni con la familia. Mi niña estuvo hospitalizada y ellos, como si nada”, dijo.

Pero ¿por qué el reclamo de la madre? Ante la ley, las instituciones educativas son responsables de la situación y no solo tienen el deber de proteger a sus estudiantes, sino el de fijar estrategias para evitar casos de matoneo en sus comunidades estudiantiles. La Constitución Política, por ejemplo, establece que deben favorecer el pleno desarrollo de la personalidad de sus alumnos y, mediante su Proyecto Educativo Institucional, deben generar acciones pedagógicas que favorezcan el desarrollo integral de los menores.

Por su parte, la ley 1.620 de 2013 define las responsabilidades de los colegios con sus alumnos. Entre ellas, garantizar el respeto a la dignidad e integridad física y moral en la convivencia escolar, así como desarrollar componentes de prevención, promoción y protección que puedan ser monitoreados periódicamente, para identificar factores de riesgo que inciden en la convivencia escolar. Finalmente, emprender acciones de reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia, el acoso escolar y la vulneración de derechos.

Esto lo ratifica la subsecretaria de Educación, Deidamia García, quien explicó que las instituciones oficiales están en la obligación de cumplir todos los requisitos y tomar medidas cuando ocurran los casos. “La institución debe hacer un seguimiento y hacer controles con los comités de convivencia. No es que un día se monte un comité de convivencia escolar y jamás se vuelva a mirar nada”.

La subsecretaria de educación resalta que, como complemento, la entidad hoy cuenta con un sistema de alerta, a través de una plataforma informática, que permite que tanto los colegios como los ciudadanos puedan reportar casos de bullying, acoso u hostigamiento escolar. Una vez se conoce el reporte, la SDE puede tomar cartas en el asunto e iniciar una investigación de los hechos.

Si bien, no todos los colegios cumplen sus deberes a cabalidad, como lo demuestran las estadísticas y los casos recientes, es claro que se viene haciendo un esfuerzo por contrarrestar la situación. Por ahora, la estrategia está tomando forma. El reto indiscutiblemente será promocionarlo y fortalecerlo; eso sí, acompañado con trabajo de educación y prevención, para evitar que casos como el de la alumna de Ciudad Bolívar se repitan en los entornos escolares.

 
 

 

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2020-03-15T14:17:31-05:00

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2020-03-15T16:02:31-05:00

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Valentina Cárdenas ([email protected])

Bogotá

En 2020 se han denunciado al menos 51 casos de "bullying" en Bogotá

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