En Bogotá, más de 12.500 víctimas del conflicto consiguieron empleo y estudio este año

El Sena atiende alrededor de 800 llamadas para asesorar a las personas para la postulación de un trabajo.

Foto: Sena

En medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19, el Sena, en alianza con Alta Consejería para los Derechos de las Victimas de Bogotá, han adelantado acciones para contribuir a la construcción del proyecto de vida de las víctimas del conflicto armado que residen en la capital.

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A través de asesorías telefónicas, apoyan a las personas en la búsqueda de empleo y procesos de formación, dejando en lo corrido del año a más de 12.500 personas de esta población vinculadas laboral y académicamente.

Según el Sena, al día atiende alrededor de 800 llamadas para asesorar a las personas hasta la postulación a una solicitud de trabajo.

“Desde la gestión de la Agencia Pública de Empleo de la entidad y la articulación con la Alta Consejería para los Derechos de las Victimas, se ha logrado la colocación de aproximadamente 5.200 personas, dónde más de 2.900 son mujeres y 2.200 hombres. Pero es de destacar que más de 12.500 víctimas del conflicto se han beneficiado de las oportunidades de empleo y formación en la capital” señaló Ana Milena Ángel, coordinadora de la Agencia Pública de Empleo de la regional Bogotá del SENA.

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Igualmente, se han generado procesos de asesoría para la inscripción a las ofertas de formación del SENA, permitiendo ingreso a la población. Las áreas en las que se destaca la ubicación del personal están enfocadas en auxiliar de producción, auxiliar de servicio al cliente, auxiliares de servicio de aseo y cafetería, auxiliar de cocina, obrero de construcción, guarda de seguridad y auxiliar de bodega.

Para postularse en alguna de las convocatorias de empleo, los interesados deben ingresar al sitio web: https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/Paginas/inicio.aspx.

Para adelantar este tipo de acciones, el Sena se ha aliado con otras entidades como la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Secretaría Jurídica Casa Libertad y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Además, ha trabajado de la mano con el Distrito, organizaciones civiles y agencias de cooperación internacional, entre otros actores.