En El Rosal (Cundinamarca), por ahora, no se puede construir

La Fiscalía espera imputarle hoy cargos al alcalde del municipio, Hugo Arévalo. / Cristian Garavito

La lucha que se vive en el municipio El Rosal, alrededor de su expansión urbana, se torna más compleja. Justo cuando la Fiscalía se alista para imputarle cargos al alcalde, supuestamente por haber pedido dinero a los dueños de predios para dejarlos construir, se conoce que un juzgado de Facatativá suspendió la norma que cambió el uso de suelo a los terrenos de los demandantes.

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Para entender este caso, algo de contexto. El Rosal tiene 4.000 viviendas, 17.000 habitantes y está a 20 kilómetros de Bogotá. El casco urbano ocupa 82 hectáreas, de las cuales 28 están por urbanizar. Pero pensando en esa posibilidad de crecer, de cara a los proyectos que se desarrollarán en la zona, el 28 de diciembre de 2015 (a dos días de terminar su período), el Concejo aprobó un nuevo Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), que habilitó 136 hectáreas agrícolas como suelo de expansión. Es decir, la cabecera ocupa 54 hectáreas y tiene 164 para urbanizar.

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Tres días después de aprobado el EOT se posesionó el alcalde Hugo Arévalo (investigado por la Fiscalía), quedando con el poder para expedir las licencias de construcción. Sin embargo, fue en este punto donde se registró el choque. Según algunos propietarios, el mandatario les pidió dinero y lotes para expedir los permisos y que, de no pagar, modificaba la norma que había habilitado los suelos de expansión. Esto llevó a los terratenientes a denunciar al mandatario.

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Contrario a esta versión, la defensa del alcalde ha sido que el EOT estuvo mal diseñado, que fue exagerado habilitar tantas hectáreas para construir y que El Rosal no estaba en capacidad de garantizar el suministro de agua a las nuevas obras. Por eso, supuestamente, lo único que hizo fue pedir a los nuevos urbanizadores pagar compensaciones para el municipio.

En medio de la controversia, hace dos meses la Procuraduría encontró fundamentos para destituir en primera instancia al alcalde y a cinco concejales. De igual forma, con los mismos testimonios y pruebas, la Fiscalía le formulará hoy cargos al mandatario por concusión. A pesar de esto, el alcalde Arévalo está ejerciendo funciones, debido a que apeló la decisión disciplinaria.

Cuestionamientos al EOT

Aunque los ciudadanos que demandaron a Arévalo recibieron la decisión disciplinaria y el llamado de la Fiscalía como una victoria que les daba la razón y les despejaba el panorama para hacer valer sus derechos de construir, hoy todo está en veremos. La razón: un abogado denunció el discutido EOT y, a raíz de esto, un Juzgado Administrativo de Facatativá suspendió la norma que autorizó la expansión de El Rosal, mientras resuelve de fondo la controversia.

La demanda la radicó el abogado Diego Fernando Guzmán, quien pidió la nulidad del acuerdo, al considerar que se aprobó infringiendo normas y trámites. Para comenzar, señala que el pasado alcalde convocó al Concejo a sesiones extraordinarias para aprobar el EOT, sin tener el pronunciamiento de la CAR. Y que pese a que la autoridad ambiental declaró concertado el esquema, lo hizo cuando los debates ya habían iniciado, algo que sería una posible irregularidad.

Para completar, dice que se aprobó sin tener el concepto del Consejo Territorial de Planeación, organismo al que le presentaron un documento diferente al que conoció el Concejo. “Además, no se permitió la participación de la comunidad, ya que el cabildo abierto lo convocaron de un día para otro a través de una red social. Por eso, el proceso avanzó apartándose de la reglamentación de cada etapa”, se lee en la demanda.

Aunque todos los que aprobaron el EOT insisten en que cumplieron la norma, el juez del caso manifestó que “de manera somera se encuentra que hubo presuntas irregularidades”. Por esta razón, suspendió la norma mientras estudia el caso.

Tras la decisión, el pasado lunes, algunos dueños de predios de expansión, afectados con la suspensión y que fueron quienes denunciaron a Arévalo, enviaron un documento al juzgado para desmentir los puntos de la demanda con la que se busca la nulidad del EOT. “En este proceso no se violó ninguna de las normas que regulan el ordenamiento territorial. Está demostrado que las partes que intervinieron en la expedición del acuerdo acataron la ley. Por todo esto se solicita respetuosamente levantar la medida cautelar”.

El pleito sigue. Por ahora el desenlace de esta novela por la expansión de El Rosal está en manos de la justicia. Será un juez penal quien defina si realmente el alcalde delinquió, mientras que uno administrativo determinará si el EOT se aprobó conforme a la ley.