Licitación asciende a $185 mil millones

En espera, la renovación del mobiliario urbano de Bogotá

El millonario proceso, que implica entregar en concesión el suministro y la operación de paraderos, módulos y paneles publicitarios, está congelado desde enero pasado por una diferencia conceptual. Este es el pleito.

El concesionario que resulte ganador tendrá derecho a explotar la publicidad en el espacio público de la ciudad. / Jorge Londoño - El Espectador

El Distrito abrió en diciembre una millonaria licitación para entregar en concesión la operación, instalación y suministro del mobiliario urbano de Bogotá. Detrás de esta labor —que abarca el mantenimiento y suministro de paraderos, bancas y módulos informativos y turísticos de la ciudad— está el jugoso negocio de los paneles publicitarios ubicados en el espacio público. Sin embargo, hoy esa licitación está en veremos por orden de un juez y podría retrasarse más si se admiten argumentos que alertan sobre una supuesta vulneración a los derechos a un ambiente sano y a la moralidad administrativa.

El tema transversal alrededor del pleito es el salto tecnológico que decidió dar el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), que busca que quien gane el contrato a 15 años incorpore pantallas digitales en los paraderos, módulos y paneles informativos. Si bien, la Alcaldía señala que se trata de una medida para modernizar el mobiliario urbano, según el exministro de Justicia y abogado Enrique Gil Botero —quien interpuso la acción popular, que terminó admitiendo el Juzgado Cuarto Administrativo de la capital—, la exigencia va en contra de la normatividad distrital.

Según el accionante, hay decretos que prohíben instalar o ubicar publicidad exterior visual en movimiento, especialmente en vías principales. Según la misma regulación, ese tipo de publicidad es aquella que se transmite en pantallas. De allí el reclamo que apunta a que la licitación está aparentemente viciada y se requiere eliminar esta exigencia, entre otras cosas, para evitar que los conductores se distraigan con los anuncios publicitarios y protagonicen accidentes de tránsito.

Aunque el juez no ha emitido una decisión de fondo, ordenó en enero suspender la licitación, mientras estudia las explicaciones del Distrito. El pleito podría derivar en que, en caso de que el funcionario judicial no considere adecuadas ni suficientes las razones del DADEP, acceda a la petición del demandante de anular la licitación.

“Esta licitación, tal como está, genera unos rendimientos económicos en desmedro de lo ambiental y visual. Está demostrado que esta publicidad en movimiento es el origen de accidentes de tránsito y de la pérdida de vidas, por eso la misma normatividad dice que es publicidad en movimiento. El Distrito muy socarronamente busca justificarse para sacar adelante un proceso donde hay intereses multimillonarios”, manifestó Gil Botero.

En respuesta, la directora del DADEP, Nadime Yaver, insiste en que en los paraderos y módulos no habrá publicidad en movimiento, sino información estática similar a la proyectada en un afiche que permanecerá quieto, por lo que no habrá lugar a distracciones. “El hecho de que tengamos una pantalla no quiere decir que haya movimiento. La pantalla nos permite digitalizar y no gastar papel. Lo que está prohibido es que se proyecten videos, que es muy distinto. Lo que hay aquí es una malinterpretación y no existe ninguna inconsistencia, ni ninguna ilegalidad. Estamos modernizándonos; ese es el espíritu de esta licitación: estar a la altura de cualquier mobiliario a nivel mundial”, manifestó.

Lo cierto, al margen de las razones de lado y lado, es que en juego está un multimillonario negocio, pues la licitación asciende a más de $185.000 millones y le permitirá al concesionario ganador explotar el servicio durante los próximos 15 años. Eso sí, como contraprestación, le deberá entregar anualmente al Distrito recursos mínimo por $4.200 millones. Ese valor puede cambiar según la oferta del contratista, que podrá proponer un monto mucho más alto destinado a la ciudad, un punto que se tiene en cuenta en este tipo de procesos de contratación.

Hasta el año pasado, al frente de este servicio estuvo la firma Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia (EUCOL), que en 2001 resultó elegida para suministrar y hacerle mantenimiento al mobiliario urbano de la ciudad y, con ello, el derecho a explotar la publicidad. Desde entonces, a partir de 2002 y hasta 2018, le entregó a la ciudad recursos por más de $41.487 millones.

En este caso particular, lo que parece emerger es la delegada línea que hay entre una pantalla y un informador electrónico. De hecho, el abogado demandante admite que todo podría resolverse si se actualizan los conceptos, pues la normatividad distrital es explícita en prohibir cualquier tipo de proyección con pantallas.

Por ello, propuso a la administración que, para actualizar las definiciones y conceptos, tramite nuevas disposiciones por medio del Concejo o de decretos para no violar la norma. “Mientras estos acuerdos estén vigentes, el primer llamado a obedecerlos es el Distrito, que fue el que los impulsó; es irónico que ahora los desconozca. Yo advertí de la problemática en la etapa de observaciones y no hicieron caso. No les pareció y entonces de allí la acción popular”, agregó Gil Botero.

Sin embargo, adelantar tal discusión y promover nuevas determinaciones retrasaría los planes de la administración, que esperaba tener definida, antes de terminar febrero, la empresa que estaría al frente del negocio. Por ello, al insistir que no se está incurriendo en alguna ilegalidad, el DADEP anunció que se mantendrá en su posición y dará las explicaciones al juez para seguir con el curso normal de la licitación.

En esa línea, la directora de la entidad invita a superar la controversia y destaca los beneficios que implicará para la ciudad la modernización del mobiliario, como que haya paneles solares, mayor conectividad, carga de dispositivos móviles en los paraderos, iluminación web y hasta pantallas interactivas en determinadas zonas, donde los usuarios podrán consultar las rutas del transporte masivo.

Los argumentos de las partes serán evaluados por el Juzgado Cuarto Administrativo, que decidirá si le da la razón a Gil Botero, en el sentido de que se está desconociendo la normatividad, o al Distrito, que sostiene que todo el pleito obedece a una malinterpretación y que no hay espacio para distractores en el nuevo mobiliario. De esa decisión dependerá que la ciudad modernice sus paraderos y módulos publicitarios, de cara a ofrecer un espacio público cada vez más ameno para el ciudadano o, al menos, se vea obligada a modernizar algunas normas que hoy impedirían el salto tecnológico.

*La empresa Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia es una empresa asociada del grupo Valorem, propietario de El Espectador.