¿En manos de quién está el futuro de la Van der Hammen?

Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Se vienen meses cruciales para el futuro de la reserva Thomas van der Hammen. El Distrito se prepara para radicar ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) dos peticiones: la primera será la sustracción de una parte de la zona protegida, para extender varias avenidas. La segunda, la más ambiciosa, será la de levantar la restricción para urbanizar. Sus planes los ha defendido argumentando que, a pesar de las obras, su propuesta es ambientalmente mejor de lo que hoy se aprecia en el borde norte de la ciudad. (LEA: ¿Que hay debajo de la Van der Hammen?)

Justo esta semana, la discusión sobre la reserva tomó de nuevo relevancia, después de que 20 colectivos, organizaciones y fundaciones realizaran el jueves una bicitón para rechazar la propuesta de la administración. Al parecer, la iniciativa tuvo eco, pues el Distrito, tras casi 14 meses de controversia, por primera vez se mostró partidario de instalar mesas de trabajo para discutir el proyecto. (LEA: Constructores: grandes dueños de la Van der Hammen)

La invitación llegó en un momento en el que la Secretaría de Planeación trabaja a contrarreloj. Según Juan Camilo González, gerente de Ciudad Norte, están estructurando la solicitud que radicarán ante la autoridad ambiental, para que modifique la declaratoria de reserva aprobada en 2011. Aunque no se atreve a dar una fecha, el funcionario dice que esperan tener una respuesta este año. Así que, haciendo cálculos, para que la CAR alcance a revisar la propuesta el Distrito la debería radicar, a más tardar, en julio.

Desde su primera administración, Enrique Peñalosa ha querido intervenir las 1.340 hectáreas que integran la reserva. Aunque sus planes se vieron frustrados hace 17 años, cuando los expertos catalogaron estos terrenos como zona de alto valor ambiental, en esta oportunidad insistirá en que puede desarrollar un plan que combine el desarrollo urbano y la protección de este ecosistema.

A la fecha, la administración sólo ha explicado su proyecto vial: quiere extender la avenida Boyacá, desde la calle 170 hasta la avenida Guaymaral (7,4 kilómetros); la avenida Ciudad de Cali hasta la avenida Suba, y construir la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO). Además, hacer un túnel para facilitar la movilidad en la vía Suba-Cota, a través de un trazado de 11 kilómetros.

“Es importante recordar que la reserva –que no tiene árboles, sólo invernaderos y barrios– hoy está impidiendo que se desembotelle la ciudad al norte”, dijo en su momento Peñalosa. Trámite

Cuando el Distrito tenga su propuesta lista, la deberá entregar a la CAR, donde el trámite podría ser demorado. ¿Cuál es el procedimiento? Una vez la Corporación reciba el documento, los expertos de la entidad tendrán que elaborar un concepto, que expondrán ante el Consejo Directivo (Vea al final quiénes lo conforman). Por supuesto, el dictamen debe basarse en investigaciones técnicas y científicas, y conceptos jurídicos.

Después de señalar su viabilidad, los consejeros evaluarán los papeles y luego cada uno dará su concepto. Puede pasar que en el proceso el Consejo le exija al director de la CAR más estudios detallados, otros dictámenes jurídicos e incluso la participación de una firma externa, antes de tomar una decisión. De levantarse la protección ambiental, los grandes beneficiados serían los constructores, que tienen predios en la reserva. ¿Cómo? Simple: el valor de cada metro cuadrado se multiplicaría por 10.

El Consejo Directivo de la CAR

Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes públicos que administran en el área de su jurisdicción el medioambiente y los recursos naturales renovables. Aunque su director cumple un papel fundamental, acompañado de su equipo de expertos, no tiene la última palabra en asuntos como la discusión alrededor del futuro de la reserva Van der Hammen. Esto le corresponde al Consejo Directivo.

En el Consejo de la CAR hay 14 plazas en las que tienen asiento el titular o el delegado de las gobernaciones de Cundinamarca y Boyacá; la Presidencia de la República; el Ministerio de Ambiente; la Alcaldía de Bogotá, y cuatro alcaldías de los municipios del territorio (cambian cada año). Además, dos representantes del sector privado; uno de las comunidades indígenas, y dos de las entidades ambientales sin ánimo de lucro.

Entre sus funciones están proponer y modificar estatutos; determinar su estructura interna creando, suprimiendo y fusionando dependencias; aprobar el plan general de actividades y el presupuesto anual de inversiones, y hasta nombrar o remover al director, entre otras. Sin embargo, tiene una que se aleja de estas tareas administrativas: aprobar la incorporación o sustracción de áreas protegidas.

La mayoría de los actuales miembros no son expertos ambientales, pero cuentan con el acompañamiento de expertos de la CAR. Sin embargo, como ya se dijo, ellos son los que tienen la última palabra a la hora de “reservar, alinderar, administrar o sustraer los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y los parques naturales regionales, así como reglamentar su uso y funcionamiento”, dice la norma.

Como lo hizo en 2011 cuando aprobó la declaratoria de la reserva Van der Hammen, decisión que en su momento fue casi unánime. El único que votó en contra fue Juan Antonio Nieto Escalante, delegado de la Alcaldía Mayor. Hoy sus defensores hacen un llamado para que se mantenga la coherencia y no permitan que influyan acuerdos políticos, por encima de la preocupación ambiental.

El llamado lo justifican en algunos detalles: el primero es que nueve de los 14 delegados son de movimientos políticos afines a las bancadas que apoyan al alcalde de Bogotá, como Cambio Radical, Partido de la U, Partido Liberal y Partido Conservador. El segundo, que al menos tres tienen nexos directos con Peñalosa o la administración, como el delegado del presidente, quien es tío del actual secretario de Gobierno de Bogotá; uno de los representantes de las ONG, quien tiene un hijo trabajando en el Distrito, y el gobernador de Boyacá, quien trabajó en 2014 como líder de las juventudes de la campaña de Enrique Peñalosa a la Presidencia. En el caso de los cinco puestos destinados a la comunidad, existe otra particularidad: a pesar de que los ocupan personas que se han hecho reelegir hasta cuatro períodos, en 2011 cuatro de ellos dieron su voto a favor de la creación de la reserva.

Entre lo político y lo técnico

Pero, que la mayoría sean políticos y no expertos, ¿cómo puede influir en el futuro de la reserva? Si bien para muchos lo ideal es que fuera al revés, lo cierto es que los consejos directivos se constituyeron así desde la Ley 99 de 1993. “Para cambiar ese panorama se tendría que transformar la ley”.

Las palabras son de Alfred Ballesteros, exdirector de la CAR y quien diseñó el plan de manejo de la Van der Hammen. Para él, aunque la conformación del consejo directivo puede generar suspicacias, sabe que sus miembros toman decisiones con juicio y tratan de blindarse con los estudios que realiza la corporación y algunas organizaciones externas.

Resalta que en la aprobación del plan de manejo ambiental de la reserva en 2014, el Consejo se inclinó por los estudios técnicos y por soluciones sociales. “Crearon audiencias y convocaron al gremio de floricultores, a los habitantes, a las instituciones educativas y a los defensores de la reserva para hacer un plan conjunto que no los afectara tanto. Fue un asunto en el que la política se apartó”.

Eso sí, Ballesteros aclara que a casi todas las instituciones públicas las permea la política, tanto así que hasta el Gobierno ha planteado propuestas para que sean más técnicos los consejos directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales. El problema, advierte el exdirector, es que una vez llega al Congreso, la reforma naufraga.

De hecho, Semana Sostenible reveló en febrero de este año que el Gobierno busca un revolcón en el sector ambiental vía fast track. Una de las propuestas que presentaría al Congreso es la modificación de la Ley 99 de 1993, que regulan las autoridades ambientales. Dentro de los cambios que sugiere el borrador está la ampliación de la mesa directiva con “delegados del Departamento Nacional de Planeación (DNP), de un instituto de investigación del sector ambiental y de la Unidad de Planificación Ambiental, una nueva entidad similar a la Unidad de Planeación Minero-Energética (UMPE) o la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (UPRA)”.

A esta intención se suman las voces de otros actores, que han expresado su inconformismo por las reelecciones de los delegados que representan a las organizaciones sociales, quienes duran hasta ocho y 12 años en la junta, sin permitir que otros líderes participen. “Desde las comunidades indígenas le hemos dicho al señor Balsero (delegado actual) que le dé espacio a otro representante, pero desde hace 15 años no ha soltado ese puesto, por el poder que le representa”, señala una líder indígena de Cota.

Para Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, es necesario que se construyan nuevas instancias que puedan evaluar estos documentos con base en evidencia técnica y que se fomenten escenarios de participación, donde se puedan recomendar alternativas a las propuestas que lleguen a la CAR.

Baptiste considera que es evidente la ruptura entre las decisiones de política con las recomendaciones basadas en conocimiento: “A eso le llamamos la interface científico-política. En Colombia no funciona y falta desarrollar mecanismos para que los políticos se tomen más en serio las sugerencias de los expertos”.

Otra fuente, que prefirió no revelar su nombre, expresa su preocupación por un proceso que, desde su mirada, ha estado polarizado y politizado desde el comienzo. Advierte que la política se verá “incluso en los estudios, pues tanto ambientalistas como el Distrito buscarán investigadores que puedan comprobar sus hipótesis”.

Todas estas tensiones demuestran que la discusión alrededor del futuro de la Van der Hammen será compleja. No obstante, más allá de los choques entre sus defensores y el Distrito (que intentarán limar en las mesas de concertación), realmente los ojos están puestos sobre las 14 personas que conforman el Consejo Directivo de la CAR, que tendrán sobre sus hombros el peso de una decisión clave para la ciudad.

Así está conformado el Consejo Directivo de la CAR

Twitter: @Alexmarin55 - @Lauradulcero