Pese a las advertencias y solicitudes de la Procuraduría a la Secretaría de Movilidad de Bogotá para que revoque el contrato para renovar la red semafórica de la ciudad, por posibles irregularidades en los estados financieros del contratista, el alcalde Enrique Peñalosa indicó este lunes que seguirán adelante con el proceso y que esperan ponerlo en marcha en septiembre.
"Nosotros no somos la autoridad competente para definir si la información que dio esta empresa es válida o no. Esta es una discusión que puede tomars años en los juzgados. Por consiguiente, nosotros tendremos que proceder a poner en ejecución este contrato y llevar a cabo la instalación de los semáforos inteligentes con la empresa que se ganó la licitación", señaló el mandatario en medio de una rueda de prensa.
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Para quienes no conocen este lío, el resumen es el siguiente: la Secretaría de Movilidad abrió el año pasado una licitación para elegir la empresa que se encargaría de renovar la red de semáforos de la ciudad. A pesar de múltiples advertencias de la Procuraduría, en las que pedía revocar el proceso por posibles irregularidades, la administración adjudicó en diciembre el contrato por $173.000 millones al consorcio Movilidad Futura 2050, integrado por la firma Sutec de Argentina (99 %) y la multinacional Siemens (1%).
Sin embargo, en marzo pasado se conocieron nuevos elementos sobre las posibles irregularidades en la adjudicación, cuando El Espectador publicó los detalles de una denuncia que señalaba que Sutec habría presentado en Colombia unos estados financieros que no coincidían (ni en datos ni en firmas) con los que había radicado en diciembre del año pasado ante las autoridades argentinas, en donde está su casa matriz. Mientras en Bogotá se mostraron como una empresa solvente, allá estaban al borde de la quiebra. Es decir, al parecer la firma ganó la licitación tras una falsedad.
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Al principio, la firma desestimó la denuncia, diciendo que sí había cumplido los requisitos y que estaba lista para ejecutar el contrato. Sin embargo, ante la insistencia de la administración para que aclarara los hechos, hace más de dos meses envió una nueva explicación.
En el documento, si bien reconoció que los balances que presentó en Colombia no correspondían con los que radicó en Argentina a finales del año pasado (confirmando la denuncia), se limitó a decir que estaba investigando y corrigiendo las cuentas. Agregó que con sus nuevos balances, pese a todo, cumplía las condiciones del contrato.
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