En predio del norte de Bogotá se levantaba una montaña de escombros

En el sitio, ubicado en el barrio Santa Cecilia de Usaquén, las autoridades ambientales descubrieron más de 50.000 metros cúbicos de material de demolición y construcción. La cantidad de residuos era tal que ya había riesgos de deslizamientos.

Secretaría de Ambiente de Bogotá

La Secretaría de Ambiente de Bogotá, en coordinación con la Sijin, se tomó en la madrugada de este martes un predio del barrio Santa Cecilia, en Usaquén, donde se levantaba una montaña con todo tipo de escombros: desde material de construcción, hasta residuos como llantas, ladrillos, madera, tubos, empaques, plástico y asbesto. Los residuos, depositados de manera ilegal, superaban los 50.000 metros cúbicos.

Según las autoridades, el lugar se había convertido en una zona vedada, pese a que vecinos y habitantes del sector habían denunciado su operación ilegal. Incluso, dijo Oscar López, director de Control Ambiental de la Secretaría, los funcionarios que intentaban entrar eran víctimas de amenazas e intimidaciones con armas de fuego.

“Luego de varios intentos por entrar al lugar, de recibir amenazas e intimidaciones con arma de fuego y de un largo trabajo de investigación, el Distrito logró ingresar a este predio por medio de una orden expedida por la Fiscalía 205 seccional de Bogotá, lo que permitió frenar este delito y detener la contaminación del suelo que se venía realizando en esta zona de Bogotá”, manifestó López.

Durante el operativo, fueron capturadas dos personas, una de ellas es el supuesto administrador del predio y el otro es el conductor de una volqueta, quien fue sorprendido en momentos en los que depositaba aún más escombros en la zona.

El Distrito pudo establecer que la cantidad de material acumulado en el predio –al que se le impuso medida preventiva y fue sellado– formó una montaña de escombros que estaba poniendo en riesgo a la comunidad del barrio Santa Cecilia. Lo anterior, ante eventuales deslizamientos y problemas de salud por la acumulación de residuos peligrosos.

Tras el operativo, se dio inicio al levantamiento topográfico en la zona para determinar la ruta de trabajo para la recuperación del lugar. También se puso en marcha el proceso sancionatorio ambiental contra los responsables, quienes se enfrentan a multas de hasta $3.600 millones.

“La autoridad ambiental del Distrito compartirá las pruebas de este delito a la Fiscalía General de la Nación para que inicie los respectivos procesos judiciales los cuales pueden terminar en penas entre 55 y 112 meses de prisión y multas de hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, advirtió la Secretaría de Ambiente.