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Por estos días, un comentario se ha vuelto recurrente en los pasillos de la administración distrital: nadie, absolutamente nadie, quisiera estar en los zapatos de María Fernanda Rojas.
La directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) se encuentra a seis días de estampar su firma sobre un documento que definirá su vida, y la vida de miles de bogotanos que se movilizan por la carrera Séptima o viven cerca a ella y que aún no saben si por este corredor vial rodarán en un futuro buses de Transmilenio o el tren ligero prometido por el alcalde, Gustavo Petro.
La situación es a lo sumo delicada y el Distrito se ha pasado un año resolviendo —sin éxito— qué hacer respecto al contrato firmado por la administración de Samuel Moreno con las firmas de ingeniería Cóndor y Sainc para construir una troncal de Transmilenio entre las calles 34 y 72.
En el año que el contrato ha estado suspendido (la alcaldesa Clara López tampoco supo qué hacer con él) y en los nueve meses que tiene la administración Petro en el poder, María Fernanda Rojas, principal doliente en la materia, no ha podido resolver la encrucijada política y legal que heredó de la pasada administración. Si deja en pie el contrato de $84.000 millones, dará vía libre a un proyecto altamente cuestionado por sus inconsistencias técnicas y traicionaría el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, en el cual se consignó que por esta vía correrá un tren.
Pero si termina el contrato (con o sin el consentimiento del consorcio colombiano), ‘Mafe’ Rojas se expone, como aseguran dentro y fuera de la administración, a terminar perseguida por la Procuraduría y la Contraloría, pues la decisión conllevaría, inevitablemente, una cuantiosa indemnización cuyo valor se negocia desde hace varias semanas.
La situación no es fácil para Rojas, por un lado pierde y por el otro también: “Cualquier decisión es mala”, comenta al respecto un funcionario del IDU.
¿Cuánto le costará a la ciudad una terminación contractual que, hoy por hoy, luce inminente? Los cálculos varían: si es unilateral, el consorcio podría demandar y recibir hasta $16.000 millones. Si se hace de manera concertada —al fin y al cabo Sainc también aspira, con Pedro Gómez y una firma francesa, a construir el tren ligero— el monto de la indemnización podría reducirse considerablemente.
Sin embargo, lo cierto es que haber esperado nueve meses para tomar esta decisión no sólo tendría implicaciones fiscales sino disciplinarias para la funcionaria, según explicó a este diario un miembro de la Contraloría Distrital que habló en condición de anonimato: “Aunque la administración haya decidido terminar el acuerdo bilateralmente, debió haberlo hecho antes, para evitar que el valor de la indemnización aumentara. Esta sería una omisión del Distrito”.
El lío de la Séptima fue una de las causales de la renuncia de Fernando Rey, principal ideólogo del tren ligero, a la gerencia de Transmilenio. Según trascendió, María Fernanda Rojas le pidió al alcalde que la liquidación del contrato estuviera respaldada —pública y legalmente— por Rey. Éste se negó.
Ahora, Rojas está sola, en medio de dos corrientes. Aquellos que, como o el experto Álvaro Rodríguez (ver columna), aconsejan no tomar la decisión mientras no se tenga claro cómo se construiría el metro ligero. Por el otro lado se encuentra su jefe, el alcalde Gustavo Petro, quien ha dado la orden terminante de que el contrato se acabe para darle paso al corredor férreo.
Al cierre de esta edición —y a seis días de que venza la suspensión del contrato— la directora del IDU no había tomado una decisión. Pero en sus meditaciones se debía repetir una frase que el alcalde ha reiterado varias veces y que ahora cobra todo el sentido del mundo: “Yo necesito funcionarios dispuestos a arriesgar...”.