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Lo que para el Distrito es el inicio del proceso de selección del consorcio que construirá y operará la primera línea del Metro de Bogotá, para los defensores del metro subterráneo es un engaño. La Alcaldía decidió dejar para este lunes, día en que se conmemora el aniversario número 480 de la fundación de Bogotá, uno de los anuncios que más deseaba hacer: la suscripción de las garantías que respaldan los préstamos para la megaobra, lo que deja en facultades a la Empresa Metro para empezar a recibir las solicitudes de las empresas interesadas en obtener la precalificación para quedarse con el contrato, un proceso que durará hasta finales de este año. (Lea: Distrito espera abrir licitación del metro el 6 de agosto)
Esto, de ninguna manera, es la apertura del proceso licitatorio de la obra, aunque esa era la idea inicial del alcalde Enrique Peñalosa. El anuncio se trata del inicio del procedimiento de selección, que fue acordado así con las entidades de crédito que financiarán la obra: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Esa preselección se desarrollará en dos etapas. Una, la precalificación de potenciales oferentes que cumplan las reglas mínimas para hacerse con la obra; la segunda, en la que podrán participar solo las empresas que hayan acreditado experiencia y capacidad financiera, técnica y legal, contempla la presentación de las ofertas económicas con base en los pliegos de condiciones que publicará la Empresa Metro tras la primera etapa de preselección.
(¿Qué hay y qué falta para asegurar el metro?)
La licitación como tal aún no se abre porque quedan por ajustar varios aspectos como el modelo de contratación y los estudios finales. Al menos esto último es lo que advierten quienes han defendido el metro subterráneo. En una rueda de prensa, los concejales Celio Nieves y Manuel Sarmiento, junto al senador Jorge Robledo (los tres del Polo Democrático), aseguraron que la suscripción de los contratos de garantía entre el Distrito y el BID implican que el proceso se hará bajo las normas de la entidad crediticia.
“Este será un proceso regulado por las normas internacionales de los bancos que financian el proyecto. Se definirán las empresas que cumplen con los requisitos de participación, relacionados con experiencia técnica, solidez financiera, capacidad legal y compromiso”, dijo el alcalde Peñalosa durante la firma de los créditos.
Pero, para los políticos opositores a uno de los proyectos más importantes de esta administración, el anuncio solo obedece a la euforia por el cumpleaños de Bogotá y el último día de gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
“Para saltarse los requisitos legales, decidieron que la licitación se regirá por las reglas del BID, normas que son mucho más flexibles que las colombianas y que permiten el absurdo de abrir una licitación sin estudios. Hoy no se sabe si el proyecto es viable, pero de forma irresponsable van a iniciar el proceso”, aseguró Sarmiento. El concejal, además, destacó cinco consecuencias que según el traería realizar de esta forma el proceso licitatorio: abrir la licitación sin los estudios completos; llevar el proceso otorgando poca información a la ciudadanía; someter al país a tribunales internacionales en caso de incumplimientos; replicar el modelo Transmilenio; y dar a la banca el control del proceso.
Durante la rueda de prensa, los representantes del Polo recordaron otras experiencias del país con las normas del BID, pues según afirmaron esta fue la misma entidad que dio concepto de confiabilidad de los estudios de Hidroituango, y participó en los procesos de estructuración del MIO de Cali e implementación del SITP.
Días antes, el llamado de atención lo hizo el concejal, también opositor, Hollman Morris (Progresistas). Para Morris, anuncios como la aprobación de parte de los créditos solicitados ante la banca multilateral, y este inicio del proceso de preselección, en realidad estarían tratando de opacar los obstáculos que ha tenido el Distrito para cambiar el modelo de subterráneo a elevado. El concejal denunció la semana pasada que los créditos anunciados por la administración distrital no representan ni el 2 % del total del valor estimado para el proyecto.
(Columna: El metro elevado es ilegal)
Incluso, el cabildante progresista cuestionó si parte de los desembolsos, además de ser destinados a replantear el modelo de contratación, se irán en los estudios que hacen falta y que serán entregados en mayo del 2019. “Pretenden seguir enredando a la opinión pública diciendo que porque el BID, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones apruebe un crédito de 190 millones de dólares, es decir de 570 mil millones de pesos, ya tienen los recursos para abrir la licitación. No es cierto. Esta suma no significa un avance real del proyecto detenido en la elaboración del estudio de factibilidad. Es más, en un comunicado de prensa el Banco Mundial aclara que estos primeros fondos por 70 millones de dólares serán destinados a interventorías, estudios técnicos y obras del patio taller”.
Por esta situación, en la mañana de este lunes el concejal Morris denunció penalmente al alcalde Enrique Peñalosa y a varios secretarios y ministros, por considerar que incurrieron en posibles delitos durante la aprobación de recursos para la megaobra que tendrá un costo total de USD 4.400 millones, según la Empresa Metro. Y minutos después de que Morris denunciara a funcionarios de la Nación y el Distrito, estos suscribieron los contratos de cupo de crédito con el BID (USD600 millones y una operación inicial por USD 70 millones), el Banco Mundial (USD600 millones) y el BEI (USD56 millones).
Con estos ajustes, el cronograma del Distrito queda así: en diciembre de este año se abrirá la licitación (estaba previsto pata octubre) y se estima que todo el proceso, incluida la evaluación de las ofertas económica, tome un año. Es decir, de acuerdo con la Empresa Metro el proyecto estará contratado en agosto de 2019, las obras se desarrollarán entre 2019 y 2020, y el resto de la construcción tomaría hasta el año 2024.
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