Entre desalojo y legitimidad: pleito por lotes en Usme

Los habitantes dicen ser sujetos de protección especial, pues hay desplazados y madres cabeza de familia. / Diego Cuevas

Lo que hace nueve años comenzó como un sueño de tener casa propia, hoy es una pesadilla para 247 familias del barrio El Pino Sur, en Usme. Todas fueron víctimas de inescrupulosos que se apropiaron de un terreno más grande que la Plaza de Bolívar, lo parcelaron y lo vendieron. En medio están los propietarios legítimos del predio, que también viven su propio calvario para que les devuelvan lo que es suyo. La incertidumbre y la zozobra es lo único que parece unirlos.

La historia, marcada por recursos judiciales a favor y en contra, se remonta a 2010, cuando comenzaron a llegar familias atraídas por una buena oferta: estaban vendiendo 266 lotes, con precios que oscilaban entre los $3 millones y los $8 millones. Para dar apariencia de legalidad, les entregaban contratos de compraventa de posesión. Con papel en mano, los compradores empezaron a edificar.

Sin embargo, lo que desconocían los pobladores —que han insistido en que compraron de buena fe— es que el terreno tenía dueños: desde 1996 el 20 % estaba a nombre Luis Enrique y Julio César López. El resto fue adquirido en 2009, en un remate, por Fabio Güiza, quien pagó $750 millones. “Lo iba a vender para un proyecto urbanístico. Había una constructora interesada, pero cuando me lo iban a entregar, en 2010, lo invadieron y comenzó mi karma”, lamenta Güiza.

Él denunció y el 22 de octubre de ese año un juez ordenó a la Fuerza Pública facilitar la entrega de los terrenos a sus propietarios. Para evitar que el episodio se repitiera, los dueños contrataron una empresa de vigilancia. No obstante, ocho días después, retornaron varios pobladores, liderados por Juan López Rico, quien, según la justicia, lideró a la turba, apropiándose de nuevo de los predios.

A este hombre lo habían contratado años antes para que cuidara el terreno. Sin embargo, se aprovechó de esa confianza y construyó de manera clandestina, haciéndose pasar como el dueño. Si bien en 2013 la Fiscalía inició una investigación y en 2017 logró que lo condenaran a ocho años de cárcel por invasión de tierras, en este tiempo la comunidad logró conquistas, que validaron su arraigo.

Por un lado, hicieron que las empresas de servicios públicos —vía tutela— les instalaran acueducto y energía. Por el otro, a partir de 2014 el Distrito les empezó a cobrar predial y en 2017 comenzaron reuniones para informarles los requisitos para legalizar el barrio.

Primer revés

A pesar de estos avances, el baldado de agua fría para los habitantes llegó en noviembre de 2017, cuando el Tribunal Superior de Bogotá no solo confirmó la condena contra López Rico, sino que ordenó restablecer el derecho de propiedad a los legítimos dueños; es decir, sacar a los invasores. La comunidad interpuso una serie de tutelas colectivas —dirigidas a la Corte Suprema— en la que pedían revocar el fallo por atentar contra derechos fundamentales, como la dignidad humana, el debido proceso y la vivienda digna.

Argumentaron que hace más de ocho años ejercían posesión real y efectiva sobre los predios, advirtiendo que Fabio Güiza —el propietario del 80 % de los terrenos— fue supuestamente quien, por medio de terceros, los ofertó ilegalmente. También alegan que no se les vinculó al proceso para ejercer su derecho de defensa. Y no pasaron por alto que allí vivían desplazados por el conflicto, madres cabeza de familia, reinsertados, niños y personas en condición de discapacidad, quienes gozan de especial protección institucional.

Una luz de esperanza

Sus peticiones tuvieron eco y, en diciembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia —mediante su sala de casación penal— les dio la razón señalando que si bien los predios tenían dueño, se desconoció la problemática social de los habitantes, en cuanto a que presuntamente fueron estafados y adquirieron de buena fe. El alto tribunal agregó que no había prueba de que las familias hubieran acudido a vías de hecho para invadir los predios.

Regañó además al Distrito por ejecutar acciones para legalizar el asentamiento, lo que creó en los tutelantes una expectativa razonable de que su situación sería normalizada. “Nada de esto habría sucedido si desde 2010, cuando se hizo la entrega formal del predio, las autoridades de la capital, primero, y los funcionarios judiciales, después, hubieran velado por el cabal mantenimiento de la medida que para ese entonces había restablecido el derecho de dominio”, concluyó.

Por todo esto, advirtiendo también la pasividad de los dueños legítimos, el alto tribunal resolvió suspender el procedimiento de desalojo, hasta que el Distrito brinde una solución concertada con la comunidad. También ordenó censarlos y verificar quiénes pueden ser sujetos de especial protección para que, eventualmente, accedan a programas de vivienda. No obstante, en caso de que hubiese desalojo, se debía velar porque fuera pacífico, con acatamiento al debido proceso.

Segundo revés

Justo cuando las 247 familias creyeron que el pleito se había zanjado, el fallo de tutela fue impugnado por el Distrito y el pasado 25 de febrero el mismo tribunal tumbó la decisión. Precisó, entre otras, que los afectados debieron acudir a otros mecanismos judiciales para defender sus derechos, en lugar de una serie de tutelas. Adicionalmente, que nunca solicitaron ser vinculados como víctimas en el proceso ordinario ni expresaron al juez sus reparos. Por ello, la Corte señaló que aún pueden acudir a otros mecanismos, además de que no es imperiosa su intervención, pues aún no hay fecha para la concreción de la “entrega forzosa”.

Desde entonces, han transcurrido cuatro meses y no se vislumbra una solución para los propietarios ni para las familias. Mientras que Fabio Güiza insiste en tener derechos de propiedad, pero no de posesión, en el barrio El Pino Sur aseguran que persiste el miedo por el desalojo. Por su parte, el Distrito, en cabeza de sus secretarías de Planeación y Hábitat, así como la Alcaldía de Usme, analizan el expediente. Por ahora, en cumplimiento del fallo, no se ha emprendido ninguna acción contra los ocupantes.

El problema hoy, después de casi una década, persiste y todo parece indicar que se requerirán más recursos judiciales o una intervención integral de la administración para resolver la situación. De quién sea el próximo revés es lo que inquieta a todos los involucrados.

jgonzalez@elespectador.com